Lisandro Enrico introdujo el tema en la discusión por la independencia judicial. Polémica dentro y fuera de Unidos por las atribuciones del gobernador.
El ministro Lisandro Enrico introdujo el tema inseguridad en la discusión por la independencia judicial en Santa Fe.
El drama de la violencia delictiva en la provincia de Santa Fe entró como tópico en la tercera semana de la Convención que se encarga de la reforma constitucional en carambola con dos comisiones, la de Poder Judicial por un lado y la de Poder Ejecutivo y Legislativo por el otro, en las que se debaten las facultades, obligaciones y recursos de cada estamento público.
En el tironeo por el diseño del Poder Judicial, que en buena medida es la pulseada por la lapicera en ese ámbito, se coló la problemática de la inseguridad. Fue el presidente de la comisión, el radical Lisandro Enrico, quien lanzó la piedra: “No pretendemos una Justicia colonizada, sí pretendemos una Justicia más abierta, más cercana a la sociedad. No con magistrados o funcionarios que piensen que tienen un cheque en blanco de por vida para jubilarse en la Justicia, para no pagar impuestos, para no pagar (la obra social del Estado provincial) Iapos, cosas que hieren y lesionan”.
En el mismo sentido, afirmó que “la sociedad no está discutiendo si el Consejo Asesor de la Magistratura va a tener cinco o siete miembros. Sí está necesitando una Justicia más abierta a los reclamos de la sociedad, sobre todo en relación a la inseguridad". "Si hay algo que atraviesa a esta reforma constitucional, que es de la época, es el problema de la inseguridad”, agregó.
Acto seguido, metió un latigazo verbal con destino en la oposición pero también hacia el interior del frente Unidos: “Tenemos algunas propuestas que pueden ser disruptivas, pero están en un marco en el cual el gobierno tiene que ser parte de la respuesta a la sociedad en materia de inseguridad", dijo y amplió que esa respuesta "no puede ser ‘yo no me meto’". "Esos gobernadores que dijeron ‘yo no me meto porque es un tema federal’ nos costaron horror en los barrios y en las ciudades cuando crecía el narcotráfico y nadie hacía nada desde el poder estatal”, cerró.
Recogió el guante la exjueza, exdefensora general y actual convencional peronista Jaquelina Balangione. “La seguridad es un tema del Poder Ejecutivo, no del Judicial”, aseveró y amplió que el Poder Judicial "actúa post facto, nunca antes". "¿Cuál es la forma de que el Poder Judicial actúe bien? Cubriendo las vacantes para que no llegue tarde”, cerró.
Enrico debió esperar que pasaran un par de intervenciones de otros convencionales, para salir al cruce. “No puede ser que digamos aquí que el Poder Judicial es ajeno a la seguridad, combatimos fuertemente eso", aseveró. El ministro de Obras Públicas, una de las espadas del gabinete de Pullaro, advirtió que evitaría "cuestiones abstractas y teóricas" y en cambio "dar un caso concreto y conocido". "Cuando a Juan Cruz Ibañez le entran a robar a su departamento y lo matan en Rosario, la policía luego atrapa al asesino. Esa persona tenía siete causas abiertas y estaba en libertad. Entonces: ¿la Justicia es parte o no del problema de la inseguridad?”, preguntó retóricamente.
Luego, reforzó el concepto: “La seguridad necesita la colaboración de los poderes. La definición de la política criminal es parte de la política de gobierno. El Poder Ejecutivo y los fiscales deben sentarse a definir cuáles son los hechos delictivos que hay que atacar primero, cuáles son los delitos más lacerantes, los que más violencia generan. La puerta giratoria es un problema de la Justicia, no del Poder Ejecutivo”.
Continuó el debate y, casi al final de la reunión, Balangione volvió a pedir la palabra para “aclarar un poco la postura” y asegurar que “va de suyo que entendemos que los tres poderes del Estado tienen que trabajar conjuntamente”. “Aaah”, pinchó un sonriente Enrico.
Fue allí cuando la convencional justicialista subió también el voltaje de la respuesta: “La cuestión está en establecer sistemas de selección que nos lleven a las mejores personas tanto en lo humano como en lo técnico. Cuestiones que en el último tiempo no se vienen sosteniendo. Ha habido, como es de público conocimiento, gente que había reprobado su examen o que salieron novenos o décimos (en el orden de mérito) y fueron nombrados como jueces de Cámara”, chicaneó. La referencia es a la polémica conformación del tribunal de Apelaciones de Ejecución Penal y Seguimiento Carcelario.
En este contexto, Enrico explicó que el proyecto de la UCR establece que “como en otros países del mundo, sea el gobernador el que diga: la política criminal es ésta. Y sea él quien proponga al fiscal General. Esto en otras comisiones se va a discutir”.
La vicepresidenta de la comisión de Poder Judicial, Lionela Cattalini, aportó en igual sentido en relación a evitar los “compartimentos estancos” entre gobierno y Justicia, pero destacó que la iniciativa del Partido Socialista “propone evitar las facultades delegadas y los DNU porque no vaya a ser que en esta provincia a alguien se le pueda ocurrir hacer algo que nunca pasó en Santa Fe, que es designar a jueces de la Corte o jueces inferiores por decreto, cosa que sí sería claramente violatoria de la independencia judicial”, dijo en lo que pareció un mensaje para libertarios, pero también para los socios de Unidos.
La comisión a la que de manera directa e indirecta identificaron Enrico y Cattalini es la de Poder Ejecutivo y Poder Legislativo por un punto en particular: las atribuciones del gobernador. El miércoles por la noche y este jueves a la mañana se empezó a discutir esta agenda en sendas reuniones.
No se llegó aún a ese tópico caliente. Los inicios de las deliberaciones en esa comisión revelaron un consenso total en cambiar la modalidad de distribución de las bancas en Diputados y pasar a una proporcionalidad plena (hoy el que gana por un voto en las urnas se lleva la mayoría). Las diferencias estuvieron en la propuesta de unicameralidad de La Libertad Avanza y Somos Vida, que cuenta con cero chances de avanzar.