La mala experiencia del órgano a nivel nacional marca el debate en la reforma constitucional. El riesgo de un Frankenstein que dure décadas.
La Convención que encara la reforma constitucional de Santa Fe retomó este miércoles su ritmo normal tras el parate por la muerte de la constituyente electa Alejandra Locomotora Oliveras con el debate en la comisión de Poder Judicial por el diseño estructural de la Justicia, que en buena medida consiste en la cinchada por quién tiene la lapicera.
Así como lo hicieron los ministros de la Corte Suprema, la Fiscal General y la titular de la Defensa Pública, ahora fue el turno de la exposición de los propios convencionales que integran la picante comisión de Poder Judicial y otros órganos constitucionales, tal cual es su nombre formal y cuyo presidente es el ministro de Infraestructura de Maximiliano Pullaro, Lisandro Enrico.
Los tópicos más controversiales que se observaron en la previa se mantuvieron en esta ocasión. Por un lado, los alcances de la autonomía funcional, autarquía financiera e independencia de los tres poderes del Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Provincial de Defensa. Por el otro, la integración del Consejo de la Magistratura o, dicho de otro modo, la correlación de fuerzas hacia el interior de un órgano clave en la selección y cesantía de jueces, fiscales y defensores.
Las diferencias existen, desde ya, entre oficialistas y opositores. Por ejemplo, los dos bloques panperonistas, Más para Santa Fe y Activemos, pretenden que el MPA y la Defensa permanezcan bajo la órbita del Poder Judicial, mientras que las distintas propuestas de Unidos ubican a ambos estamentos como extrapoder. Pero también hay puntos de disidencia hacia el interior de la bancada oficialista.
Si existe una coincidencia transversal entre las autoridades judiciales y todos los bloques políticos con representación en la reforma, esa es la mirada hipercrítica del Consejo de la Magistratura de la Nación. Un ejemplo de lo que no hay que hacer, en síntesis.
Por eso es que unos y otros empujan para definir la integración de ese organismo en el texto constitucional. Es que en la reforma de 1994 se estableció una fórmula genérica para incluir en la Carta Magna y se dejaron las precisiones para una ley especial posterior. El resultado de ese modelo, según advirtieron varios convencionales consultados por este medio, es que se votaron una tras otra las normas del caso y sistemáticamente fueron declaradas inconstitucionales. Y el funcionamiento del Consejo dejó bastante que desear.
El lado B de ese fantasma es que, con la meta cortoplacista de arribar a algún consenso de apuro, se termine armando un Frankenstein que quede incrustado en la Constitución por décadas. “Yo creo que vamos a llegar a un buen acuerdo, pero si no prefiero que todo siga como está”, le aseguró un convencional de Unidos a Letra P y después profundizó: “En estos momentos, todo el mundo fuerza sus diferencias en público, pero por debajo la dinámica política tiende a la coincidencia”.
Más tarde, en plena siesta santafesina, abrió su encuentro la comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías que preside la peronista Alejandra Rodenas. Más de 60 expositores, entre instituciones y particulares, argumentaron sus propuestas de reforma constitucional.
El histórico Movimiento Los Sin Techo de la ciudad de Santa Fe, la Multisectorial de Jubilados, los dos sindicatos de Prensa de la provincia, el Foro contra la Impunidad y por la Justicia, entre otras organizaciones, pasaron por la Legislatura para defender sus proyectos.
