El Senado tendrá este viernes la sesión preparatoria para elegir autoridades, un trámite formal que no debería traer sobresaltos, porque las vigentes fueron elegidas en diciembre con la actual composición de la Cámara. Sin embargo, la vicepresidenta, Victoria Villarruel, sabe que no la tendrá fácil porque Unión por la Patria exigirá tratar el DNU 70/23, conocido como decretazo.
La tensión tuvo su primer capítulo este jueves, durante una reunión de labor parlamentaria, en la que las autoridades de UP anunciaron que presentarán una larga lista de oradores para pedir cuestiones de privilegio. "Es sorpresa, no vamos a decir cuántos serán", ironizó la vicejefa de ese interbloque, Anabel Fernández Sagasti.
Las jefaturas del peronismo evitaron confirmar si cubrirán la vicepresidencia del Senado, que se negaron a ocupar cuando el resto de las bancadas se la ofrecieron en la sesión del 13 de diciembre. Iban a definirlo en una reunión de bloque prevista para este jueves por la noche y la figura con más chances de escoltar a Villarruel es la neuquina Silvia Sapag.
"Les preguntamos si tenían a alguien definido y no nos quisieron confirmar", aseguraron fuentes del oficialismo a Letra P, que no imaginaban que el peronismo pudiera resignar ese lugar de peso, porque podría ocuparlo otra fuerza política. Fuentes de UP confirmaron al cierre de esta nota que la decisión de sumarse al organigrama de conducción está tomada, pero evitaron dar nombres.
La mayoría de Villarruel
Para abrir el recinto y ratificar las autoridades, la vicepresidenta necesita reunir una mayoría, tal como hizo para que fueran elegidas. Esa vez alcanzó 39 votos, dos más que lo necesario para el cuórum, con la colaboración de la UCR, el PRO, Cambia Federal y los partidos provinciales de Misiones, Santa Cruz y Río Negro.
La fuerzas locales no volvieron a participar de otro acuerdo con el oficialismo y este jueves, en la reunión de labor parlamentaria, por si acaso Villarruel consultó a sus referentes si tenían alguna objeción para ratificar las autoridades de la Cámara. No le manifestaron ninguna.
e787c7d7-9921-4038-b543-75f6742f1347.jpg
Anabel Fernández Sagasti, senadora de Unión por la Patria. Pedirá este viernes tratar el decretazo.
De esta manera, continuaría el actual organigrama, con el oficialista Bartolomé Abdala como presidente provisional, la radical Carolina Losada vicepresidenta primera y la cordobesa Alejandra Vigo, de Unidad Federal, en la vice segunda. La vicepresidencia principal es la que debería ser cubierta por una figura de Unión por la Patria.
En los cargos de funcionarios políticos, tampoco están en discusión los nombramientos de diciembre. Continuará María Laura Izzo como secretaria administrativa, una figura cercana a Villarruel. El secretario parlamentario seguirá siendo Agustín Giustinian, un exasesor del PRO. Las prosecretarías no corren riesgo. En dos hay radicales: Lucas Clark, en la administrativa; y Dolores Martínez, en la Parlamentaria. La restante es la de coordinación operativa, que ocupa Manuel Ignacio Chavarría, cercano al senador Juan Carlos Romero.
Pelea por el decretazo
Villarruel sabe que no evitará un debate por el DNU 70/23, una de las medidas más ambiciosas de Javier Milei, que deroga o reforma más de 300 leyes para desregular la economía. El planteo de UP será que este mismo viernes, a las 14 horas, se realice una sesión especial que fue solicitada por esa bancada para debatir el decretazo y nunca fue convocada.
Será la tercera vez que Villarruel ignore un pedido similar y tiene sus motivos: como anticipó Letra P, en la Cámara alta la vicepresidenta no consigue los votos para sostener el decretazo y aceleró la creación de la bicameral de trámite legislativo para estirar el debate. Si las dos cámaras del Congreso rechazan un DNU, queda anulado.
Unión por la Patria considera que la intervención de la comisión es abstracta, porque la ley 26.122 habilita el tratamiento de los DNU en el recinto si después de 10 días hábiles no fue considerado en la bicameral. El decretazo cumplió ese plazo el 19 de enero. Villarruel justifica su conducta en que hay 177 DNU de gobiernos anteriores que nunca se trataron y en antecedentes de sesiones especiales pedidas y nunca convocadas.
Otro capítulo de la pelea será la definición de la fecha y horario de sesión semanal. Para UP, con ese dato, la vicepresidenta no tendrá excusas y deberá abrir el recinto para tratar el decretazo. Villarruel se resiste y cita un fragmento del reglamento que la autoriza a definir cuando se puede sesionar. Será una pelea larga.