Tras el crimen de un niño, el intendente de San Francisco busca que la Justicia local cruce el límite. El Congreso tiene la llave. Qué dicen alfiles de Pullaro.
Todavía quedan resabios del crimen a sangre fría de un niño en un presunto ajuste de cuentas por drogas en el límite entre Córdoba y Santa Fe. La situación motivó un plan de acción en materia de seguridad entre Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro. El intendente de San Francisco, Damián Bernarte, pide más cancha para acelerar investigaciones.
Así fue como nació la Comunidad Regional de Seguridad de la Región Centro para combatir la inseguridad en los límites interprovinciales de San Francisco, Morteros y Marcos Juárez. A las fuerzas provinciales, se les suman las nacionales, que ya se fueron desplegando en la zona con el objetivo de conformar un Comando Operativo Conjunto.
No conforme con eso, el intendente de la ciudad cabecera del departamento San Justo, Damián Bernarte le hizo un pedido a la Nación, en especial al Congreso: modificar la ley para ampliar el límite jurisdiccional que la Justicia Federal de Córdoba tiene en ese punto del mapa cordobés.
Durante la última semana se produjo un encuentro en San Francisco para presentar esta mesa de trabajo que conforman los ministerios de Seguridad, las fuerzas, fiscalías, gobiernos locales de ambas provincias. Lo encabezaron junto al anfitrión los ministros de Seguridad, Juan Pablo Quinteros (Córdoba) y Pablo Cococcioni (Santa Fe).
La agrupación nació para dar respuesta conjunta a problemáticas complejas como la violencia urbana, el narcotráfico y las situaciones de vulnerabilidad social. Se anunció que habrá un enfoque integral y territorial, con eje en la inteligencia criminal, el uso compartido de recursos tecnológicos y la coordinación estratégica entre los distintos actores del sistema de seguridad y justicia. Luego, todo se ratificó con la firma de un convenio.
Sin embargo, el anfitrión Bernarte buscó ir más allá. Dijo que esta acción genera “esperanzas”, pero advirtió que se debe tomar la decisión política de intervenir este conglomerado -San Francisco-Frontera-barrio Acapulco de Josefina- de más de 100 mil habitantes, en donde las problemáticas son comunes, para restablecer la tranquilidad en la comunidad.
Por eso indicó que pretende que no se trate sólo de un acto protocolar para la foto, sino que exista trabajo en el territorio en toda la línea interprovincial “para dar batalla seria y responsable ante el delito organizado que no reconoce fronteras, ni de países ni mucho menos provinciales”.
Tras ello, llegó su pedido: “No puede ser que las fuerzas nacionales sólo puedan llegar hasta el camino interprovincial en San Francisco y del otro lado (por Frontera) esperar a las de Rafaela (distante a 90 km.). Hay que analizar la extensión de la jurisdicción del Juzgado Federal de San Francisco para intervenir en esa zona”, subrayó.
Lo que pide el intendente de San Francisco no es complicado de hacer, aunque debe haber decisión política. En este caso de los gobiernos de Córdoba y Santa Fe, como primera medida.
Una fuente de la Justicia Federal de Córdoba, que conoce sobre la situación conflictiva en esta parte del límite, le dijo a Letra P que se puede otorgar otra jurisdicción a un juzgado, en este caso para que el de Córdoba investigue en territorio santafesino, ya que existen herramientas en la ley que lo permiten. Y ejemplificó con la Ley 27.786, conocida como “Antimafias”, diseñada para anular a las grandes bandas de crimen organizado dedicadas al narcotráfico, el lavado de activos, la extorsión y la trata de personas.
La norma permite además la posibilidad de declarar ciertas áreas como “zonas sujetas a investigación especial” para facilitar la acción de la Justicia. Así, las investigaciones podrán ser llevadas a cabo por fiscales federales con la colaboración de fuerzas de seguridad y autoridades provinciales.
Otra de las posibilidades, explicó la fuente consultada es la solicitud de una “prórroga de jurisdicción”, una cuestión mucho menos burocrática que la anterior que en alguna oportunidad ocurrió para una investigación que comenzó en San Francisco y traspasó sus límites.
El pedido de Bernarte causó algo de sorpresa al otro lado del límite durante el encuentro desarrollado en la Tecnoteca. Desde el gobierno de Pullaro entienden que se firmó un compromiso de trabajo en conjunto para que las fuerzas provinciales y federales de ambas provincias, algo que decidieron de manera conjunta con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Reconocen que el mismo tiene entre sus principales objetivos la cooperación institucional y la articulación operativa entre fuerzas, la creación de mecanismos de intercambio de información judicial y policial, y la implementación de programas conjuntos de prevención social del delito. Pero hasta ahí.
Fuentes consultadas por Letra P explicaron que se podría “avanzar mucho con trabajo coordinado” respecto a los diferentes casos que sucedan, aunque reconociendo las dificultades de la zona. “Hay un límite territorial que marca que existen diferentes legislaciones. Sí, la Justicia a través de exhortos trabaja de un lado y del otro y se llevan adelante algunos casos”, precisaron, sin mencionar una ampliación de jurisdicción.
