La alianza nació de un viaje en Uber entre un obrero y un abogado K. Hoy reúnen a 1800 trabajadores. Dardos al cordobesismo por "cuidar" a la UOCRA.
Martín Angerosa, Víctor Grossi, Ariel Gutiérrez y Noemí Eusebio, los armadores del nuevo gremio de la comstrucción en Córdoba
El tablero sindical suma tensión en Córdoba. Mientras la delegación local de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) de Néstor Chavarría responde al peronismo alineado con el gobernador Martín Llaryora, el exvocal Ariel Gutiérrez desafía la hegemonía oficialista con el desembarco de su Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines (Sitraic).
El secretario general del flamante gremio denunció persecución, despidos y causas judiciales. Ahora, con el nuevo sindicato, encontró una salida legal para disputar la representación “plural” de trabajadores del sector en la provincia, con el apoyo de su par nacional Víctor Grossi, el abogado cordobés Martín Angerosa y la CTA.
Detrás del surgimiento del Sitraic en Córdoba hay una historia de oposición y descontento. El nexo político e institucional no nació en un despacho, sino en un viaje en Uber donde Gutiérrez llevó como pasajero al abogado Martín Angerosa, coordinador de la Comisión de Seguridad de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, hijo de desaparecidos e impulsor de la Red Argentina para el Desarme.
Ese encuentro fortuito derivó en una alianza estratégica. Angerosa, un dirigente de clara adscripción peronista kirchnerista, se convirtió en el asesor y mentor político del espacio.
El abogado no solo puso a disposición el paraguas institucional de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, sino que cedió la sede para la presentación oficial del nuevo sindicato y tendió el puente hacia la conducción nacional del Sitraic, encabezada por Víctor Grossi e integrada a la CTA Autónoma.
El detalle es que ese mismo espacio ha sido utilizado para dar conferencias y realizar denuncias públicas vinculadas a trabajadores del sector de la construcción frente a la conducción de la UOCRA.
En la conducción local, a Gutiérrez -referente de la agrupación Cascos Amarillos-, lo acompañan el obrero de base Eduardo Tokar y Gisela Pérez, referente de las "mujeres constructoras".
El surgimiento de esta última rama, indicó Gutiérrez a Letra P, tuvo un componente táctico: frente a la respuesta de la UOCRA, que a su entender avalaba despidos o hacía "apretar" a cada trabajador varón que levantara la mano en la obra, Pérez “tuvo valentía y quedó como una de las referentes”.
El nuevo sindicato también cuestionó un aviso de la Secretaría de Trabajo provincial que solo reconoce a la UOCRA y a la Unión de empleados de la construcción y afines de la República Argentina (Uecara) como las únicas organizaciones con personería gremial para representar al sector.
Ante esta posición, el gremio sostuvo que la provincia no tiene facultades para determinar la representación sindical y acusó a la gestión de Martín Llaryora de afectar la libertad de afiliación.
Es en ese contexto, Gutiérrez también habla de un sindicato “plural”. Se refiere a la contención explicando que, a diferencia del esquema tradicional que solo representa a encuadrados en relación de dependencia, el SITRAIC desembarca con un modelo amplio que agrupa a formales, informales y monotributistas.
El gremio naciente ya acredita un padrón de 1800 adherentes en la provincia entre los que se encuentran 670 afiliados formales en relación de dependencia que ya realizan el aporte del 2,5% de la cuota sindical y un lote de entre 120 y 180 trabajadores en proceso de traspaso cuyo descuento sindical está “frenado” en las empresas, según indicó el gremialista, producto de las presiones que la cúpula de la UOCRA ejerce sobre las patronales para obturar el financiamiento de la nueva alternativa.
La irrupción de un actor combativo, articulado con redes de Derechos Humanos y sectores del peronismo K no alineados al cordobesismo, introduce un elemento que, al menos, podría generar una doble incomodidad para la agenda oficial.
Por un lado, la acusación pública contra la Secretaría de Trabajo por limitar la representación gremial expone al Ejecutivo a un litigio por presunta infracción a la libertad sindical y al convenio de la OIT.
Por el otro, la disputa territorial por la cuota sindical y el encuadramiento de los trabajadores amenaza con derivar en presentaciones administrativas e impugnaciones que salpicarán a los ministerios del área. Con denuncias de aprietes y reclamos por trabajo no registrado en las obras, el desembarco del Sitraic traslada la conflictividad del sector directamente a la mesa de resoluciones del gobierno provincial.
