Deuda acumulada, cierre de farmacias, baja de prestaciones y reducción de personal. ATE se moviliza. Taiana cuestiona la gestión Presti. Villarruel vs. Petri.
Javier Milei, Carlos Presti y el ajuste en la Obra Social de las Fuerzas Armadas
La crisis de la obra social de las Fuerzas Armadas expone uno de los frentes más delicados del ajuste de Javier Milei. La deuda acumulada, el cierre de farmacias, la reducción de personal y los problemas de atención complican la transición del IOSFA a la nueva OSFA. ATE prepara una movilización y Jorge Taiana cuestiona el rumbo que tomó Defensa.
El 5 de febrero, Milei firmó el DNU 88/2026, que dispuso la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) y creó dos entidades: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), para militares, y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (Osffeseg), para Gendarmería y Prefectura. El plazo para completar la liquidación vence el 4 de febrero de 2027.
Ocho meses después, la transición acumula cambios de autoridades, instrucciones que se modificaron a los pocos días y cuentas pendientes. La deuda consolidada informada en julio alcanzaba los $213.900 millones, aunque las cifras varían según las fuentes castrenses consultadas por Letra P. Los ministerios de Defensa y Seguridad también discutieron quién debía hacerse cargo del pasivo generado por las prestaciones.
El problema quedó expuesto durante el proceso de traspaso. Los aportes comenzaron a dirigirse a las nuevas obras sociales mientras el IOSFA continuó pagando prestaciones. Un informe elaborado por Ariel Guzmán, administrador de la liquidación hasta septiembre, describió esa situación y advirtió sobre las dificultades para cerrar el circuito.
La propia documentación oficial mostró el desorden. En abril, Guzmán ordenó que desde mayo las prestadoras comenzaran a facturar a la OSFA. Seis días después, revocó la instrucción y pidió continuar facturando al IOSFA por problemas administrativos. En septiembre, otra comunicación solicitó anular facturas emitidas a nombre de la nueva entidad.
La reorganización tampoco se estabilizó con los cambios de conducción. Guzmán dejó el cargo en septiembre y fue reemplazado por Gonzalo Secchi, designado por el ministro de Defensa, Carlos Presti. La nueva administración quedó frente a una obra social en liquidación, con deudas, reclamos de prestadores y un conflicto laboral creciente.
El exministro de Defensa Jorge Taiana ubica una parte del origen de la crisis en el deterioro de los salarios militares. Según las cifras que revisó, la remuneración de quienes integran las Fuerzas Armadas perdió más del 70% de su valor real durante los últimos años.
El impacto sobre la obra social es directo: con salarios más bajos, también se reducen los aportes que financian las prestaciones. Taiana sostiene que durante su gestión el IOSFA había quedado con un superávit equivalente a aproximadamente dos meses y medio de prestaciones.
Su diagnóstico sobre la situación actual es diametralmente opuesto. Afirma que la deuda acumulada supera los $210.000 millones y que a esa cifra debe agregarse un préstamo de $40.000 millones del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares.
Taiana cuestiona, además, la estrategia oficial para enfrentar el déficit. Según su planteo, el Gobierno pretende que las Fuerzas Armadas cubran el agujero mediante la venta o transferencia de activos: hoteles, farmacias y campos.
“Se están descapitalizando”, sintetizó como eje de su crítica. El exfuncionario recordó que durante el gobierno de Mauricio Macri se vendieron terrenos de las Fuerzas Armadas en Córdoba y advirtió sobre el riesgo de repetir esa lógica para resolver una crisis financiera de corto plazo.
La discusión excede el destino de una obra social. Para Taiana, el problema forma parte de un proceso más amplio de deterioro de las capacidades militares, con salarios que perdieron poder de compra y una estructura patrimonial que queda sometida a la necesidad de conseguir recursos para cubrir gastos corrientes.
El último capítulo del ajuste fue la decisión de cerrar 31 farmacias propias del IOSFA. La resolución del 14 de octubre ordenó el cierre definitivo y la baja de las habilitaciones sanitarias de esos establecimientos, distribuidos en distintas ciudades del país.
La OSFA sostiene que la red propia generaba un déficit superior a los $7000 millones. La decisión, sin embargo, abrió otro interrogante: cómo accederán a los medicamentos las personas afiliadas que utilizaban esas farmacias y qué ocurrirá con el personal afectado.
La alternativa sería recurrir a una red tercerizada. El problema es que prestadores privados mantienen reclamos de pago contra el sistema y, según fuentes vinculadas al sector, existen farmacias que dejaron de atender a afiliados por las deudas acumuladas. La situación requiere una respuesta oficial sobre cómo se garantizará la cobertura durante la transición.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) sostiene que la reducción de la estructura tendrá un impacto mayor. El gremio denuncia que la planta pasará de unos 2450 trabajadores a 1000 desde febrero de 2027. También cuestiona el traspaso de hoteles y centros recreativos, la reducción de delegaciones de 24 a 13 y el vencimiento de contratos previsto para el 30 de noviembre.
A las dificultades administrativas se suman denuncias de afiliados y trabajadores sobre prestaciones suspendidas. ATE asegura que hubo cirugías demoradas por falta de insumos en el Hospital Militar Central y en Campo de Mayo, además de interrupciones en tratamientos oncológicos en distintas provincias.
Son denuncias gremiales que requieren respuestas oficiales y documentación sobre cada caso. Pero el deterioro de la atención ya se convirtió en uno de los principales puntos de conflicto entre trabajadores y la cartera al mando de Presti.
El conflicto laboral ya tiene fecha. ATE declaró el estado de alerta y asamblea permanente y convocó a una movilización para el 29 de octubre. El sindicato sostiene que la reducción de la estructura amenaza más de 1450 puestos de trabajo y reclama preservar las funciones de la obra social.
El gremio también cuestiona que se recorte personal mientras persisten las obligaciones con prestadores. Para los trabajadores, la reducción de la estructura no resuelve el problema financiero sino que traslada sus costos hacia los afiliados y el personal.
Entre los sectores afectados se encuentran los trabajadores de Turismo Social. Son 576 personas vinculadas a 13 hoteles y tres centros recreativos. El Gobierno argumenta que esas unidades generaban un déficit superior a los $2000 millones anuales y resolvió devolver los inmuebles a las Fuerzas Armadas.
La decisión forma parte de una discusión más amplia sobre qué hacer con los activos del IOSFA mientras se completa su liquidación. Para ATE, el desguace de servicios y la reducción de personal anticipan una obra social de menor alcance. Para el Gobierno, se trata de eliminar estructuras deficitarias y concentrar los recursos en la atención.
La crisis también derivó en denuncias políticas y pedidos de explicaciones sobre el manejo del organismo durante la gestión de Luis Petri.
La diputada Lourdes Arrieta denunció al exministro por presunta administración fraudulenta, malversación, incumplimiento de deberes y abandono de persona. Victoria Villarruel y el exministro Agustín Rossi también coincidieron en calificarlo de supuesto desfalco.
Se trata, de momento, de acusaciones políticas y judiciales que no equivalen a una irregularidad probada. La discusión, de todos modos, agrega presión sobre una administración que todavía no terminó de explicar cómo se generó la deuda y cómo se distribuirá el pasivo entre las nuevas entidades.
También quedaron bajo discusión los antecedentes empresariales de Secchi, el administrador designado por Presti para llevar adelante la liquidación. Fuentes castrenses consultadas por Letra P señalaron vínculos societarios previos con personas relacionadas a empresas que aparecen como proveedoras del IOSFA.
La información no permite atribuirle a Secchi una irregularidad concreta, pero plantea una cuestión de transparencia que Defensa debería despejar mientras el funcionario administra un organismo con deudas, contratos y activos en proceso de transferencia.
La cronología muestra una reforma que todavía no consigue cerrar su primera etapa. El 1 de abril se anunció que la OSFA estaba operativa. En mayo cambió su conducción. En junio comenzó a funcionar la obra social destinada a las fuerzas de seguridad. En julio, la deuda consolidada rondaba los $213.900 millones.
En septiembre renunció Guzmán, ATE ocupó durante unas horas la sede de la obra social y Presti avanzó con una nueva conducción. El 1 de octubre, la administración libertaria anunció que la OSFA asumiría la atención y que comenzaría la cancelación de una deuda superior a los $200.000 millones. Dos semanas después llegó el cierre de las farmacias.
Ahora quedan tres fechas que pueden marcar el conflicto: el 29 de octubre, cuando ATE marchará contra el ajuste; el 30 de noviembre, cuando vencen contratos de trabajadores, y el 4 de febrero de 2027, cuando debería concluir la liquidación del IOSFA.
El Gobierno busca presentar la reforma como una reorganización destinada a ordenar las cuentas. Del otro lado, trabajadores y sectores de la oposición advierten que el proceso está dejando una obra social más chica, con menos prestaciones y sin una explicación definitiva sobre cómo se resolverá la deuda.
En el medio quedan las personas afiliadas de las Fuerzas Armadas. Para la familia militar, una reforma que comenzó como un cambio administrativo terminó convirtiéndose en una discusión concreta sobre medicamentos, atención médica, puestos de trabajo y el patrimonio que sostiene al sistema.
