En el staff de la Unicameral hay 85 exautoridades municipales que articulan gestión y territorio. La promesa cumplida y la descripción de sus funciones.
Myrian Prunotto busca cerrar la polémica de los contratados con la difusión de la lista de nombres. La mayoría, intendentes.
La lista de personas contratadas que publicó la presidenta de la Legislatura Córdoba, Myrian Prunotto, reveló el funcionamiento de un Ministerio de Gobierno paralelo en el recinto. Son 85 las exautoridades municipales que trabajan para los bloques mayoritarios, Hacemos Unidos por Córdoba y UCR.
El grueso del intendentismo que quedó afuera de la rosca con la prohibición de las reelecciones indefinidas encontró la continuidad laboral bajo el ala peronista. Sus nombres fueron publicados por la vicegobernadora después de la crisis que desató la detención del puntero peronista Guillermo Kraisman cuando quiso cobrar en un banco el sueldo de una contratada fantasma.
En el oficialismo, son casi 70 asesores que tiene como principal misión peinar el territorio y acercar a sus terminales en la Unicameral las demandas, necesidades y problemas de las comunidades objetivo.
Para el gobierno de Martín Llaryora es prioritario el diálogo fluido con la dirigencia que está en el primer mostrador de la gente. En ese marco, su ministro de Gobierno, Manuel Calvo, tiene un rol de gestión y político central. Bajo ese paraguas, las fuentes consultadas en on y off the record justifican su vínculo laboral.
“Recorro los 24 municipios y comunas del departamento Santa María. Mi función es gestionar y acercar los programas y acciones del Gobierno de Córdoba. Llevamos el mensaje de la Legislatura que es una propuesta de trabajo en conjunto”, hizo la descripción de puesto el exintendente cordobesista de Villa San Isidro, Claudio Peña, al ser consultado por Letra P.
El dirigente trabaja también como asesor de la comuna que dejó en diciembre de 2023 en manos de su delfín, Nelson Basualdo.
El exintendente de Mendiolaza, Daniel Salibi, fue enfático: “Estoy laburando”. El radical que siguió los pasos de Prunotto y saltó al PJ detalló a este medio que “no es secreto que está contratado por la Provincia”.
La defensa continuó. “El año pasado recorrí más de 70 municipios. Esta semana me voy a Los Surgentes, a 300 kilómetros de la capital. Estuve con el intendente haciendo todos los trámites para la conexión de gas. Al municipio que me llaman, voy. Aunque todos me gastan y me dicen que vaya a Mendiolaza por la situación en la que está”, chicaneó a la macrista Adela Arning, quien cortó con los seis periodos del radical open mind y hoy atraviesa un proceso de revocatoria de mandato por problemas en el cumplimiento de los servicios, sueldos públicos altos y un staff político ampliado.
La vecinalista Carolina Jara, exintendenta de Ballesteros Sud, pidió no subestimar el trabajo de articulación de la gestión. “Estoy poniendo 12 años de experiencia en el departamento Unión en el norte de Córdoba, donde estamos desarrollando la Comunidad Regional Tulumba”, informó sobre alguna de sus tareas la vicepresidenta del partido Unión Vecinal Federal.
Estas organizaciones son las herramientas de ordenamiento político y de gestión que echó mano el ministro Calvo para apuntalar el plan de gestión transversal de Llaryora.
No es novedad que el gobernador Llaryora necesita aceitar los lazos con el intendentismo que gobierna. La renovación política no sólo alcanzó a una centena de municipios que tuvieron que ingeniárselas para conservar el poder ya sea a través de familiares o dirigencia de confianza que encabezaron las listas o, en el peor de los casos, con contratos en el Estado.
Para ese rol designó específicamente al ministro de Gobierno, Manuel Calvo, que cada tanto muestra su buena llegada no sólo con la tropa comunal de su partido, sino con la de la UCR, el PRO y el vecinalismo. Las raíces son más profundas, como quedó demostrado con la misma actividad de esa cartera que desarrollan los contratados que no pudieron probar suerte en un nuevo turno electoral.
Los 85 intendentes contratados, de diversos palos políticos, son la confirmación de que el cordobesismo cumplió con una vieja promesa política, hecha al calor de la bronca de buena parte de la dirigencia por la decisión de garantizar el recambio en pueblos que, por ejemplo, estuvieron en las mismas manos por más de 40 años.
Fue el entonces gobernador Schiaretti quien aseguró, en un a reunión a los caciques territoriales enojados por la caída de la “re-re”, que “los iban a contener a todos”.
La promesa no sorprende y es parte de la idiosincrasia peronista donde nadie queda con los pies afuera del plato. Los contratos en la Legislatura ofician, aunque no se reconozca, como contratos de adhesión política. Un pensamiento arraigado es que, si no están en algún resorte del Estado, desaparecen.
Cierto es que en tiempos donde el profesionalismo político es una moneda devaluada, estas autoridades municipales ayudan a destrabar conflictos o acelerar gestiones. La pregunta es si son necesarias tantos nombres para una tarea que oficialmente tiene responsables asignados. Su rol no puede obviarse en una Legislatura paritaria entre el oficialismo y la oposición.
Sobran ejemplos de fisuras en la oposición entre los legisladores departamentales, que responden a quienes gobiernan en sus territorios, y aquellos nombres que ingresaron por la sábana.
El PJ mostró el diálogo aceitado con el intendentismo, el de adentro y el de afuera del recinto. En especial en temas sensibles como el impositivo o el Acuerdo Federal que terminó en un pozo común para obras. Nadie olvida cuando Calvo bajó al recinto en una de las controvertidas madrugadas legislativas, donde el PJ buscaba salvar la ropa para lograr la aprobación del Presupuesto y el código tributario.
Con la difusión de las listas, en el recinto esperan que la espuma comience a bajar y que las explicaciones no tenga que darla sólo un par de personas. Lo cierto es que la crisis de los contratos, la primera que atravesó Prunotto, salpicó para todos lados y todos los espacios políticos.