El radical busca subir la edad de retiro para sumar 4.000 agentes. El PJ defiende la formación y advierte malestar interno. El proyecto entra a la Legislatura.
Rodrigo de Loredo decidió estrenar su campaña con la seguridad como campo de batalla. Una de sus primeras apuestas es reformar el régimen de retiro de la Policía de Córdoba para mantener más tiempo en actividad a los efectivos y aumentar la presencia en las calles.
La reacción oficialista no tardó. El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, salió a demoler la iniciativa con cifras, cuestionamientos técnicos y una fuerte defensa política del sistema vigente.
Con el respaldo de sus espadas legislativas, Matías Gvozdenovich y Alejandra Ferrero, el candidato radical buscará llevar el proyecto a la Unicameral. El objetivo es doble: abrir el debate o, en su defecto, forzar al peronismo a pagar el costo político de rechazar una propuesta que —según su entorno— apunta a lograr “más policías en la calle”.
En el deloredismo lo plantean sin rodeos. “Vamos a intentar que sea ley. Si el peronismo se resiste, será una de las primeras medidas si nos toca gobernar”, aseguran.
El anticipo del proyecto se conoció semanas atrás en el “De Loredo Session”, el evento político que el exdiputado organizó en el Quality. Ahora el radical decidió formalizar la iniciativa y logró lo que buscaba: instalar el tema y provocar la reacción del oficialismo.
La propuesta apunta a extender la edad de retiro de los policías, que hoy ronda los 44 años. De Loredo sostiene que ese esquema está desfasado y obliga a la fuerza a prescindir de agentes con mayor experiencia operativa.
Su plan, que define como “realizable”, busca mantener en actividad a los efectivos durante más tiempo para sumar alrededor de 4.000 policías adicionales en un plazo de cinco años, sin necesidad de realizar incorporaciones masivas.
Como incentivo, plantea otorgar un aumento salarial del 20% al personal en servicio. Según su diagnóstico, la medida permitiría mejorar la prevención del delito y, al mismo tiempo, aliviar el déficit de la Caja de Jubilaciones al reducir la cantidad de años en los que un agente permanece como pasivo.
En ese marco, el radical calificó de “improvisada” la gestión de Quinteros y comparó la situación cordobesa con la de provincias como Santa Fe o Entre Ríos, donde los años de servicio son mayores.
La respuesta cordobesista se anticipó incluso antes de la difusión del proyecto en redes sociales. Sin mencionar directamente a De Loredo, pero con el destinatario claro, Quinteros lo calificó como un “aventurero de la política” y sostuvo que la propuesta nace desde la “más supina ignorancia”.
Durante la Cumbre de Seguridad, el ministro buscó bajar una línea clara hacia la tropa. “Creen que la edad de retiro es un privilegio. No lo es. Es un derecho que se gana todos los días combatiendo el delito”, afirmó.
Con ese mensaje, el funcionario intentó blindar a la fuerza frente a lo que el oficialismo interpreta como un intento de ajuste disfrazado de reforma operativa.
“Les pido a los dirigentes que vivan un día como policía. No tienen Navidades ni fiestas. Mi fuerza siempre está al pie del cañón”, agregó, apelando al costado emocional del uniforme.
Desde el Ministerio de Seguridad salieron a contrarrestar la iniciativa con datos sobre la formación policial. A Letra P informaron que, en 2025, hubo más de 23.500 aspirantes a ingresar a las escuelas de oficiales y suboficiales, pero solo 1.347 lograron superar los exámenes.
Para la cartera, esa brecha refleja un sistema de selección más exigente que prioriza la capacidad técnica. También remarcan que el gobierno provincial apuesta a incrementar la presencia policial mediante un aumento sostenido en las incorporaciones.
De los 650 aspirantes anuales que se formaban años atrás, la proyección para el ciclo 2026 es alcanzar 2.230 plazas, entre oficiales y suboficiales.
El plan se apoya en la nueva sede de barrio San Vicente, en la capital provincial, y en la apertura de 21 anexos en el interior, bajo el criterio de que los agentes se formen y presten servicio en sus zonas de origen. Con ese esquema, la cantidad de egresados se triplicaría una vez consolidada la dinámica.
A eso se suman becas, ayudas escolares e incentivos económicos durante la formación, además de prácticas preprofesionales que antes estaban reservadas para los policías ya egresados.
El entorno de Quinteros lo sintetizan con crudeza, sin esquivar el alto voltaje político de la disputa: “De Loredo quiere más policías en la calle, pero metiéndoles un masazo en la cabeza”.
Con la iniciativa ya instalada en la agenda, el ministro busca anticiparse a cualquier señal de malestar dentro de la fuerza y resguardar lo que define como derechos adquiridos.
El oficialismo tampoco pierde de vista el impacto político que podría tener el debate en un área sensible como la seguridad, sobre todo tras conflictos recientes en provincias vecinas y con el recuerdo todavía latente del acuartelamiento policial de diciembre de 2013.
En ese terreno, la pulseada recién empieza. De Loredo apuesta a mostrar iniciativa y vocación de gestión. Quinteros, a defender la tropa y evitar que la oposición instale la idea de que la calle necesita soluciones urgentes.
El resultado de esa disputa dirá quién logra capitalizar el tema que más preocupa a los cordobeses.
