La nueva composición del órgano que designa magistrados deberá resolver cargos sensibles para el gobierno. Frigerio pidió independencia y libertad de acción.
Consejo de la Magistratura de Entre Ríos para el período 2026-2028.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, puso en funciones a los nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura, que tendrán a su cargo llevar adelante el proceso de selección de jueces, fiscales y defensores en los próximos dos años, y les dejó un mensaje: “Necesitamos que lleguen los mejores, por su capacidad, antecedentes y desempeño”.
Frigerio encabezó el acto de jura de los nuevos consejeros en el Salón Blanco de la Casa Gris y advirtió que el organismo tiene un rol de “enorme responsabilidad” en el funcionamiento del sistema republicano y la calidad de la democracia.
“Si el proceso de selección de magistrados es independiente, la justicia es independiente. Los entrerrianos necesitamos una justicia con libertad de acción, profesional y transparente y el Consejo de la Magistratura tiene una gran responsabilidad para cumplir ese objetivo”, remarcó el mandatario.
El discurso fue meramente institucional, sin intenciones de abrir una polémica. Dijo el gobernador: “Creo profundamente en la división de poderes y en la justicia independiente y creo que cada poder tiene que ejercer plenamente las responsabilidades que le asigna la Constitución, sin interferencias y sin renunciar a ninguna de ellas. Porque una justicia que funciona genera confianza; y la confianza es indispensable para una sociedad que quiera desarrollarse”.
El mapa del nuevo Consejo quedó delineado con algunas particularidades en los últimos días con la elección de los consejeros que representarán a cada estamento, con universidades que están y deberán ceder su lugar y la participación inquietante que proponen las organizaciones de la sociedad civil.
Mauro Vazón, continuará siendo el representante del Poder Ejecutivo y como presidente del Consejo en el período 2026-2028. En línea con el gobernador, instó a los nuevos consejeros a “contribuir a que la provincia tenga una justicia integrada por los mejores profesionales, seleccionados por criterios de mérito, idoneidad, transparencia e igualdad de oportunidades”.
La nueva integración del organismo seguramente haya generado cierta satisfacción en el gobierno, si se repasan algunos nombres de quienes tendrán a su cargo dirigir los procesos de selección de magistrados en los próximos dos años.
Una nota distintiva en la nueva integración es la incorporación de Estela Méndez Castells en representación de la ONG Entre Ríos Sin Corrupción, la plataforma que nació para defender a la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche cuando enfrentó un Jurado de Enjuiciamiento. La presencia de Goyeneche en la jura no pasó inadvertida.
Las organizaciones de la sociedad civil completan su representación con el pastor Matías Daniel Chiosso, de la Asociación Civil Vida y Esperanza, una congregación evangélica que desarrolla un trabajo y obra social en Paraná.
Los abogados estarán representados por Daniel Alejandro Galizzi, actualmente a cargo de la dirección general de Asuntos Legales de la Secretaría General de la Gobernación; y Blanca Graciela Chiappa, presidenta del Colegio de la Abogacía Seccional Concordia, que debutan como consejeros.
Otro dato para destacar es el reingreso al organismo de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Haberla marginado en 2022, a instancias del peronismo, generó una fuerte polémica, por tratarse de la única universidad pública de la región en contar con una carrera específica en la formación profesional. El argumento entonces fue apostar a la mirada local que aportaban las casas de estudio de la provincia.
Aquel desplazamiento fue revertido en la reforma de 2024, impulsada por Frigerio, que le devolvió una silla rotativa con la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). En el período 2026-2028 estará representada por Luis Osvaldo Daguerre, abogado y escribano, y docente de la casa de estudios.
Las otras sillas asignadas a la academia estarán representadas por Jorge Santini, decano de la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU); y Víctor Javier Almada, secretario de Relaciones Institucionales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), la universidad provincial que conduce Luciano Filipuzzi, aliado del gobierno.
La elección de los consejeros surgidos de los tribunales, en cambio, podría ser caracterizada como las más crítica del organismo. Entre los magistrados, aparecen los nombres de Fabiola Bogado Ibarra, vocal de la Cámara Laboral de Paraná; y Alejandro Cánepa, expresidente del gremio de jueces y uno que ha levantado la voz ante propuestas de reformas judiciales e incluso de la modificación del sistema jubilatorio.
En esa elección quedó zanjada una grieta que pervive en los tribunales, entre aquellos que apoyan a Goyeneche, encabezados por integrantes del Ministerio Público Fiscal; y quienes la miran de reojo, que terminaron imponiéndose.
Como contó Letra P, los empleados judiciales estarán representados por Heidi Venditti, en representación de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), el gremio histórico en la provincia, que logró imponerse frente UEJN, el sindicato que a nivel nacional conduce Julio Piumato.
El Consejo de la Magistratura oficia como asesor del Poder Ejecutivo para la designación jueces, fiscales y defensores mediante la realización de concursos públicos; pero, a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, no funciona como encargado del juzgamiento de la conducta de los magistrados.
Hoy en día tiene que resolver sobre 112 cargos vacantes en la provincia, de los cuales el 68 por ciento están con concursos en marcha. Se cuentan, por ejemplo, todas las sillas libres en tribunales de apelaciones.
El listado incluye cargos sensibles, a los cuales el Poder Ejecutivo mira con atención, como la Fiscalía Anticorrupción; la Cámara de Casación Penal de Paraná, el máximo tribunal penal de la provincia; la Cámara en lo Contencioso Administrativa de Paraná, que es el fuero donde se dirimen los conflictos que tienen como actor al Estado.
El rol de los consejeros es clave. Si bien los concursos son llevados adelante por jurados técnicos independientes, que analizan antecedentes y corrigen exámenes sin conocer la identidad de los postulantes, el anonimato se rompe en la entrevista personal, ante los consejeros. Eso dio lugar a discrecionalidades que, en ocasiones, rompió los órdenes de mérito técnicos, permitiendo que postulantes ubicados en posiciones relegadas tras los exámenes escritos asciendan arbitrariamente.
Cobra entonces una fuerza vital una frase del discurso de Frigerio: “Si el proceso de selección de magistrados es independiente, la justicia es independiente. Los entrerrianos necesitamos una justicia con libertad de acción, profesional y transparente y el Consejo de la Magistratura tiene una gran responsabilidad para cumplir ese objetivo”.
