El Frente de Todos se anotó una victoria este miércoles en la Cámara de Diputados gracias a la aprobación de una reforma de la legislación para combatir el lavado de activos, una recomendación del Grupo de Acción Financiero Internacional (GAFI) que amenazaba con bajar la calificación de Argentina si no sancionaba ese texto antes de septiembre. El oficialismo tuvo como aliado tácito al PRO, al aprovechar la pulseada entre Mauricio Macri y Elisa Carrió. El partido amarillo apoyó el dictamen en comisión este martes y, si bien no lo respaldó en el recinto, ayudó con sus ausencias, por lo que obtuvo media sanción con 111 votos a favor y 96 negativos. También hubo 5 abstenciones, aunque 3 fueron de los oficialistas de Patria Grande, cercanos a Juan Grabois.
Entre los 44 ausentes hubo varios radicales, pese a que la vice del bloque Karina Banfi participó de la elaboración del dictamen opositor con la Coalición Cívica y el interbloque federal. El proyecto era similar al del oficialismo, pero con dos modificaciones al funcionamiento de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo local encargado de combatir el lavado de activos.
En su texto proponían que se pueda querellar en las causas judiciales y que sus integrantes sean elegidos por un concurso público regulado por una comisión ad hoc con predominio de jueces. Pedían que fuera integrada por dos miembros de la Corte Suprema, dos del Consejo de la Magistratura elegidos por dos tercios, dos de la Procuración y otros por el Ministerio de Economía, la Cancillería y el Banco Central.
El titular del oficialismo Germán Martínez anunció por Twitter que no avalaría esas propuestas y jugó a todo o nada a que se apruebe su versión o la discusión vuelva a fojas cero, con el riesgo de una sanción del GAFI al país en plena campaña presidencial.
El PRO tampoco quería ese escenario y siempre trató de negociar. El encargado de definir el dictamen con el oficialismo fue el diputado Pablo Tonelli, cercano al expresidente Mauricio Macri. Ante la rebelión de los otros bloques, el legislador PRO se bajó de la lista de oradores y se fue a su casa.
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El debate fue breve y en los pasillos, las figuras de JxC gestionaron hasta último momento una salida a una nueva interna, esta vez entre el PRO y Elisa Carrió, quien lideró desde la sombras la resistencia a un acuerdo de la oposición con el oficialismo. Hubo reproches cruzados porque Martínez dejó trascender que había tenido un aval del jefe parlamentario de la UCR, Mario Negri, para negociar con Tonelli por todo el interbloque.
El proyecto del oficialismo actualiza las terminologías del Código Penal para combatir las nuevas estructuras de lavado de activos y financiación del terrorismo; suma sujetos obligados, como las personas jurídicas que custodien valores (profesionales independientes) y aumenta las multas de 300 mil pesos a $12 millones, con un índice de actualización por salario mínimo, vital y móvil para que no vuelva a desactualizarse.
Siempre por recomendación del GAFI, se crea un registro nacional de beneficiarios finales para concentrar en la AFIP la información de sociedades que puedan participar del lavado de activos; y otro de proveedores de servicios virtuales, que deberá supervisar la Comisión Nacional de Valores (CNV) y tendrá la misión de seguir el rastro de las criptomonedas, uno de los activos predilectos para esconder activos. La diputada oficialista Mónica Litza dijo que habría 90 mil millones de dólares en Argentina que se escapan por esta vía, más del doble que el promedios del reservas del Banco Central.
La ley finalmente aprobada y enviada al Senado suma atribuciones a la UIF, le da autarquía funcional y financiera y personería jurídica propia, mejora las audiencias públicas para seleccionar personal, pero permite que continúen a cargo del gobierno de turno. Aunque crea una comisión bicameral de control. "Ustedes no quieren incorporar las 40 recomendaciones del GAFI, porque la 29 dice que la UIF debe ser independiente, autónoma, operativa, con capacidad de lograr medidas y no debe tener interferencia de la política. Si caemos en la lista gris no será por no aprobar esta ley, sino por lo que hizo el oficialismo en estos tres años", acusó Mónica Frade, de la Coalición Cívica, que ofició de informante del dictamen opositor.
En su discurso de cierre, Martínez aclaró que no recibió llamados de Sergio Massa ni que la ley se trate de un pedido del Fondo Montario Interncional (FMI), con quien el ministro de Economía está en tratativas para revisar el programa acordado, y cruzó los argumentos de la oposición. "La UIF participa como querellante en 2020 causas. Puede y está querellando por un decreto firmado por Cristina Kirchner en 2008". Además, el titular del bloque del FdT rechazó la comisión pedida por la oposición para elegir a los miembros de la UIF. "Yo no quiero que sean los grandes bancos privados, ni el Consejo de la Magistratura, ni el Ministerio Público Fiscal. Reivindiquemos la política. No tengamos vergüenza de decirlo".
Javier Milei y su socia Victoria Villarruel no estuvieron en la vocación y Juan López de la Coalición Cívica no se las dejó pasar. "En la teoría subversiva anárquica que propone Milei probablemente los órganos, la vida y droga puedan estar en el mercado".
