El gobernador tiene plazo hasta el viernes para bloquear la norma que derogó la convocatoria a reformar la Carta Magna. La disputa legal y la soledad política.
Gustavo Melella atraviesa horas decisivas. El gobernador de Tierra del Fuego tiene hasta el viernes 15 de mayo para vetar la ley que derogó la declaración de necesidad de la reforma constitucional que pretende en la provincia, aprobada por la Legislatura provincial con 11 votos a favor y 4 en contra.
Si no lo hace, la norma entrará en vigencia y quedará interrumpido el proceso electoral para elegir convencionales constituyentes. Al menos, eso dice la opoisción, que en pleno rechaza la iniciativa del mandatario.
La norma sancionada en la madrugada del 1 de mayo dejó sin efecto la Ley 1529, que había declarado la necesidad de la reformar de la Constitución fueguina y habilitado la convocatoria a una elección de convencionales. La votación ocurrió apenas un día después de que el mandatario firmara el decreto que fijó para el 9 de agosto la elección constituyente.
El conflicto abrió una fuerte disputa política e institucional. Sectores opositores sostienen que el decreto firmado por Melella quedó automáticamente invalidado tras la derogación legislativa y califican de inconstitucional cualquier intento de continuar con el cronograma electoral.
El gobernador ya anticipó públicamente que vetará la norma aprobada por la Legislatura. En declaraciones periodísticas, calificó la avanzada opositora como “destituyente” y confirmó que rechazará la derogación de la reforma constitucional.
La cuenta regresiva, sin embargo, mantiene en suspenso el escenario político fueguino. La legislación provincial establece un plazo de diez días hábiles para que el Poder Ejecutivo promulgue o vete una ley. Ese plazo vencerá este viernes 15 de mayo.
Mientras tanto, distintas interpretaciones jurídicas conviven alrededor del expediente. Fuentes judiciales consultadas por Letra P aseguraron que la ley que derogó la 1529 “es constitucional y no tiene ningún reparo procedimental”, dado que la Legislatura tiene facultades plenas para derogar normas vigentes y sancionar nuevas leyes.
En esa línea, también validan el decreto de convocatoria firmado por Melella, que fue emitido cuando aún estaba vigente la ley que declaraba la necesidad de la reforma. Sin embargo, sostienen que la aprobación posterior de la derogación interrumpió de hecho el proceso electoral hasta que exista una definición definitiva sobre la vigencia de ambas normas.
“La nueva ley es constitucional como lo era la anterior. El gobernador firmó el decreto cuando la ley seguía vigente, pero la sanción posterior de la derogación dejó el proceso en una zona de suspensión”, resumieron ante la consulta de este medio.
Desde el Ejecutivo provincial insisten en que la derogación legislativa no frena automáticamente el proceso electoral ya iniciado. El secretario Legal y Técnico, José Rodolfo Fossatto, ratificó que la ley será vetada y sostuvo que “no tiene una interferencia directa sobre lo que es el proceso electoral que ya está en marcha”.
“Tenemos los argumentos y se está haciendo un análisis doctrinario y jurisprudencial” para fundamentar el veto, explicó. Además, anticipó que si la Legislatura insiste con la norma, el gobierno evaluará avanzar judicialmente, aunque remarcó que eso “no tendría que interferir en los plazos que el proceso electoral ya tiene”.
Fossatto confirmó además que el Ejecutivo ya trabaja junto a la Justicia Electoral en la organización de los comicios constituyentes previstos para el 9 de agosto. Según indicó, esta semana podría quedar definido el cronograma oficial de la elección. Sin embargo, el Juzgado Electoral analiza pedir la opinión del Ministerio Público Fiscal en la previa a avanzar en cualquier dirección.
La discusión por la reforma constitucional se da en un contexto político y económico complejo para la gestión provincial. Así lo analizó el consultor político y director de Neodelfos, Leonardo Pérez Bustos, quien advirtió sobre una “grave crisis institucional y de credibilidad” del gobierno fueguino.
“El gobierno provincial está atravesando una fuerte desconexión entre las decisiones que toma el Poder Ejecutivo y las expectativas de la mayoría de la población”, señaló el consultor en diálogo con Letra P.
Pérez Bustos vinculó esa situación a la falta de aprobación del Presupuesto 2026, al conflicto abierto con sectores del Poder Judicial y al deterioro económico y financiero de la provincia. Según indicó, la discusión constitucional aparece completamente alejada de las demandas prioritarias de la sociedad.
“Hay despidos, incertidumbre laboral, caída del consumo, crisis habitacional y problemas salariales. La sociedad está demandando resolver esa crisis y no una reforma constitucional”, sostuvo.
Para el director de Neodelfos, el adelantamiento del decreto de convocatoria firmado por Melella un día antes de la derogación legislativa no fue casual. “Claramente busca que se judicialice”, afirmó.
Según explicó, gran parte de los especialistas consultados por la consultora consideran que el conflicto terminará resolviéndose en tribunales y que el proceso constituyente atraviesa una fuerte fragilidad política y social. Los números que maneja la consultora reflejan ese escenario. Pérez Bustos aseguró que cerca del 78% de la población fueguina se manifestó en contra de la reforma constitucional y que la imagen negativa del gobernador supera el 80%. “Más de ocho de cada diez fueguinos tienen una valoración negativa de la gestión. Cuando un gobierno pierde credibilidad y confianza de manera estructural, ya no tiene margen para volver”, agregó.
El consultor también anticipó un posible problema de legitimidad para una eventual elección constituyente. Según los relevamientos de Neodelfos, el 53% de los encuestados respondió que no iría a votar en una elección de convencionales. “La gran mayoría del arco político y social coincide en que este no es el momento apropiado para avanzar con una reforma constitucional”,
La cruzada de Melella por la reforma constitucional sólo cuenta con el respaldo legislativo de FORJA y Sumemos Tolhuin. Fueron los únicos cuatro votos en contra de derogar la Ley 1529. El PJ, por su parte, ya se paró en la vereda de enfrente pese a haber acompañado parcialmente la Ley a fines de 2023.
Como viene contado Letra P, el justicialismo fueguino, comandado por el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, está enfrentado con el gobernador por el ajuste en la coparticipación provincial y la demora en el envío de fondos a su municipio.
Con la alianza hecha trizas, el acompañamiento a la movida más arriesgada de la gestión Melella quedó descartada.
