Cristina Fernández de Kirchner no se rinde: después del fallido intento de nombrar 75 jueces, al no conseguir cuórum el miércoles de la semana pasada, la vicepresidenta busca que el Senado vuelva a sesionar después del receso invernal. La fecha estimativa es el jueves 3 de agosto y en la tarea de llegar a los 37 votos necesarios para abrir el recinto, la exmandataria tiene la ayuda del ministro de Economía y precandidato presidencial Sergio Massa, quien presiona para que, esta vez sí, colaboren Edgardo Kueider y Guillermo Snopek, los exoficialistas que vienen de negarse a ocupar sus bancas después de negociar durante días.
En el bloque oficialista aseguran que sus reclamos ya estarían cubiertos, aunque la frustrada última sesión los obliga a mantener las alarmas encendidas. "Hoy estamos más preocupados en tener a los nuestros que en los aliados. Pero es día a día", aclaran.
Las gestiones se intensificaron entre lunes y martes y Massa fue clave. El apuro de Cristina es porque si antes del 9 de agosto no se aprueba el pliego para prorrogar el mandato de la camarista Ana María Figueroa deberá renunciar por cumplir 75 años. Una de las causas sensibles que tramita en su juzgado es la de Hotesur-Los Sauces, que investiga por lavado de dinero a la vicepresidenta.
El resto de los pliegos son para jueces, fiscales y defensores oficiales: 28 tienen dictamen del año pasado, algunos con respaldo de todos los bloques, mientras que 47 se trataron este año y la oposición se negó a firmarlos. Uno de ellos es el de Figueroa.
Tras frustrarse la sesión del miércoles pasado, CFK tuvo intensas reuniones con las autoridades del interbloque José Mayans y Anabel Fernández Sagasti, con llamados al precandidato presidencial para involucrarlo en el tema. En el caso de Snopek, el ministro presionó a los apoderados de Unión por la Patria para que le garanticen su lista y pueda competir como precandidato a diputado nacional, luego de los pedidos de impugnación. El primer paso fue que Alberto Fernández interviniera el PJ, presidido por Rubén Rivarola, precandidato a senador nacional.
Pero el otro reclamo de Snopek es el más difícil de complacer: aprobar su proyecto de ley para intervenir la justicia de Jujuy. Lo intentó la semana pasada en la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside, pero no tuvo cuórum porque no fueron los senadores kirchneristas Mariano Recalde y Oscar Parrilli.
Dos días más tarde, diputados oficialistas identificados con el kirchnerismo y movimientos sociales dejaron expuestos a los senadores con una conferencia junto a referentes de organismos de derechos humanos para solicitar la intervención de Jujuy. En el Senado aseguran que Snopek podría conformarse con que su proyecto se trate en comisión, sin necesidad de que haya dictamen y deba ser incorporado al temario de sesión.
Presión a Kueider
El senador entrerriano esperó sin éxito la semana pasada un dictamen de su proyecto para rebajar los impuestos a la energía y subir las regalías a provincias productoras. No aceptó la oferta de Mayans para negociar la letra chica con la secretaria de Energía, Flavia Royón, y no bajó al recinto. En las horas previas soportó presiones de su gobernador Gustavo Bordet, que recibía llamados de Massa. Otras gestiones estuvieron a cargo del titular de la Aduana Guillermo Michel, nacido en Gualeguaychú.
Esta semana, Kueider recibió una oferta mejor: modificar su proyecto para que pueda tener dictamen y, en tal caso, ser aprobado en algún momento del año.
El principal obstáculo es que la ley que solicita aumenta el precio mayorista que le paga Cammesa a la represa de Salto Grande por la energía que produce, lo que aumentaría el gasto en subsidios, pero además obligaría a revisar el acuerdo con Uruguay porque se trata de un ente binacional.
La iniciativa reduce del 21 al 5% el el impuesto al Valor Agregado (IVA) en la tarifa eléctrica de consumo familiar; y del 27% al 10,5% para usuarios comerciales, industriales y pymes. Y establece que las distribuidoras energéticas no puedan cobrar cargos extras, porque considera que las tasas y contribuciones encarecen el precio final de la boleta de luz. Además, aumenta de 12% a 20% las regalías que perciben las provincias productoras de energía, que deberían destinarse a la reducción del costo de la tarifa eléctrica.
"El proyecto va a salir, pero con muchas modificaciones", aclaran en el bloque. La negociación está en marcha.
