El Gobierno va por los clubes de fútbol. La resistencia de Chiqui Tapia, el destino del DNU y la polémica por la IGJ. ¿Mudanza de calle Viamonte a Ezeiza?
Chiqui Tapia, presidente de la AFA.
La decisión del presidente Javier Milei de avanzar, contra viento y marea, en la transformación de los clubes de fútbol en sociedades anónimas deportivas (SAD) promete convertirse en una guerra de largo aliento contra la Asociación de Fútbol Argentino ( AFA), presidida por Chiqui Tapia, que resistirá en el ámbito judicial y legislativo y que piensa hasta en la posibilidad en cambiar su domicilio.
La Casa Rosada va a fondo. Milei puso a dos ministros y un secretario de Estado a trabajar de lleno en el desembarco de las SAD en el fútbol argentino. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, juegan en tándem con el secretario de Turismo y Deportes, Daniel Scioli, el flamante subsecretario Diógenes de Urquiza, y la diputada libertaria Juliana Santillán para tratar de doblegar a la AFA.
Semejante despliegue del poder estatal da cuenta de la importancia que el Gobierno le da a la cuestión. En Balcarce 50 agitan que el negocio podría traer a la Argentina “más de 2.000 millones de dólares”, un número importante en una economía que necesita con desesperación de divisas. Pero el conflicto entre el Gobierno y la AFA tiene varios frentes abiertos y un camino complejo por delante.
Milei todavía no había asumido como Presidente cuando la Asamblea General de AFA se pronunció en contra de las SAD, en noviembre de 2023. El pronunciamiento incluyó a 45 clubes y solo excluyó a Talleres de Córdoba, que se ausentó de la reunión. Un mes después, el Gobierno escribió el primer capítulo de la guerra, con la publicación del DNU 70/2023, que craneó Sturzenegger, y con el que modificó la ley 20.655, de promoción del deporte, para obligar a la AFA y a otras federaciones o asociaciones deportivas a aceptar la participación de SAD en esas entidades. Fue el 21 de diciembre.
A mediados de marzo, el DNU sufrió un revés en el Senado, que lo rechazó en el recinto. Su tratamiento todavía está pendiente en Diputados, donde la oposición no logra reunir los votos para voltearlo. Su vigencia depende de la voluntad política de los bloques dialoguistas. ¿Genera, un DNU que ya fue rechazado por una de las dos Cámaras del Congreso, la seguridad jurídica que se requiere para atraer semejante inversión? Es la duda con la que juegan los dirigentes que resisten las modificaciones.
El capítulo referente a las SAD se trabó también por vía judicial. A fines de enero, el juzgado federal de Mercedes hizo lugar a un pedido de la Liga de Fútbol de Salto (LFS), entidad afiliada a la AFA, y dictó una medida cautelar que suspendió la vigencia de los artículos 335 y 345 del DNU, que le abrían la puerta al ingreso de las SAD al deporte argentino.
El Gobierno apeló la medida y llegó, incluso, hasta la Corte Suprema de Justicia, pero el fallo fue ratificado por la Cámara Federal de San Martín. Para los jueces, la modificación de la forma jurídica de las asociaciones deportivas debió hacerse vía trámite parlamentario y no mediante un decreto. “No se verifican los extremos requeridos por la normativa y jurisprudencia citada para el dictado del DNU cuestionado”, dijeron. Agregaron, además, que la norma alteraba “el estado de situación de un colectivo de incidencia social como son las entidades deportivas, pues impide desarrollar su vida asociativa”.
El alcance del fallo de la Cámara generó un nuevo debate. Mientras el Gobierno asegura que alcanza solo a la liga del interior (de la que forma parte la LFS), en la AFA afirman que es válido para toda la liga de fútbol del país. Además, quienes conocen el ámbito judicial remarcan que, de presentarse otros clubes ante otros tribunales con el mismo planteo, ninguna otra Cámara del país se animaría contradecir el criterio que ya fijó el tribunal de San Martín sobre la inconstitucionalidad de los artículos.
Decidido a avanzar sin esperar la resolución definitiva de la Justicia o la existencia de un debate parlamentario, el Gobierno dio otro paso este martes con una publicación en el Boletín Oficial que introdujo modificaciones a los artículos 346 y 347 del mismo DNU, en relación a las asociaciones civiles (entre las cuales se encuentran los clubes de fútbol) inscriptas en la Inspección General de Justicia (IGJ).
“Debe aceptarse la participación de las asociaciones civiles y fundaciones como accionistas en sociedades anónimas y la transformación de las asociaciones civiles en sociedades anónimas”, dice el texto publicado, que fue defendido por Cuneo Libarona. Según pudo saber Letra P, Sturzenegger prepara más novedades relacionadas con el tema para los próximos días.
Subidos a los festejos por la Copa América, ni la AFA ni los clubes reaccionaron hasta este viernes, cuando se publicó un comunicado del Comité Ejecutivo en el que se ratifica la “inalterabilidad del Estatuto de AFA frente a los supuestos cambios introducidos por cierta normativa en materia de Sociedades Anónimas Deportivas”. El texto sostiene que continúa “siendo un requisito indispensable para ser miembro de AFA el ser una Asociación Civil sin fines de lucro, tal como lo decidieron libremente las entidades miembros de AFA”.
La entidad que preside Tapia no perdió oportunidad para chicanear al Gobierno por su faceta intervencionista. “Es como si a los accionistas de una sociedad comercial (ente privado) se los quiera obligar por medio de un decreto del poder ejecutivo a asociar a otros accionistas por intereses particulares del gobierno de turno”, agregó.
No deja de advertirse que, en el documento, se remarca que la IGJ tiene jurisdicción sobre la Ciudad de Buenos Aires, donde se ubica el emblemático edificio de la calle Viamonte, en el que tiene domicilio la AFA.
Sin embargo, a fines del año pasado, la entidad dejó trascender que tenía planes de vender el edificio - o bien destinarlo a otros fines - y mudar su sede administrativa al complejo Lionel Messi, ubicado en Ezeiza, casa de las selecciones nacionales de fútbol. De trasladarse a ese municipio, la AFA dejaría de estar regida por la IGJ y pasaría a órbita de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires que, justamente, el 11 de julio declaró “irregular e ineficaz” la asamblea del Centro de Fomento Social y Deportivo José Hernández que habilitaba la chance de convertirse en una sociedad anónima deportiva.
De frustrarse todos los caminos intentados hasta ahora, el Gobierno podría intentar obligar a la AFA por una tercera vía, la legislativa, con el impulso a los proyectos que promueven la creación de la figura de las sociedades anónimas o bien una modificación a la ley de sociedades 19.550. Este camino tampoco es sencillo. Los integrantes de la comisión de Deportes de ambas cámaras saben que pagarán un costo político alto en sus ciudades de origen o en sus provincias, donde suelen tener vínculos fuertes con instituciones o federaciones deportivas.
Después, vendrá el desafío de lograr que los socios voten en cada institución en favor de la transformación de sus clubes y de la venta a grupos empresarios.