Un esquema de autofinanciamiento que se acelera. El rol del Programa FE. Resultados en tiempos libertarios. El estigma del aporte estatal al culto católico.
Cómo es el plan de la Iglesia para sostenerse sin asignaciones a los obispos
El debate sobre cómo la Iglesia sostiene actualmente su estructura, sin las históricas asignaciones estatales a los obispos, recobró fuerza desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. En un escenario de ajuste y motosierra, el Programa FE opera como herramienta central del modelo de autofinanciamiento que la institución empezó a consolidar en los últimos cinco años.
El fin de las asignaciones previstas por la ley 21.950 -una suma fija desactualizada y pagada con retrasos- se concretó el primer día hábil de 2024. La decisión había sido tomada por la Conferencia Episcopal Argentina en 2018, pero su implementación fue gradual.
Ese proceso se dio en un clima social que celebró la renuncia estatal. Sin embargo, fuentes eclesiásticas consultadas por Letra P recuerdan que aquel aporte sólo alcanzaba a obispos y seminaristas, no al conjunto de la estructura de la Iglesia, que ya dependía mayormente de recursos propios.
El nuevo marco económico tras la asunción de Milei y los recortes impulsados por el ministro Toto Caputo aceleraron una vieja inquietud interna: cómo sostener la misión pastoral, educativa y social en medio de un ajuste que también golpea comedores, programas alimentarios y dispositivos territoriales que gestionan organizaciones católicas.
Según la Asociación Argentina de Presupuesto, la última transferencia al programa “Registro y Sostenimiento de Culto” se realizó en 2024, por $132,3 millones, contra los $194,4 millones del año anterior. Con ese recorte y en cumplimiento de su decisión, la Iglesia reforzó el mensaje de que su sostenimiento depende primariamente de la comunidad creyente.
Ese viraje doctrinal y práctico se sintetiza en una herramienta: el Programa FE.
Creado en 2020, el Programa FE se convirtió en el engranaje central del nuevo modelo económico interno. En cinco años recibió $283 millones en donaciones, con un salto extraordinario en el último período: entre junio de 2024 y junio de 2025 ingresaron $204.515.908, un incremento del 240% interanual, por encima de la inflación.
El dato clave es el “piso mensual”. En junio de 2025, el Programa contaba con $12.633.512 asegurados por aportes recurrentes, un 79% más que un año antes. Ese piso crece en torno al 5% mensual, impulsado por nuevas personas donantes.
La distribución de los fondos muestra la anatomía económica del sistema eclesial:
La demografía del aportante revela predominio de personas mayores de 35 años, paridad de género y una inclinación fuerte por la donación mensual.
El Episcopado destaca la transparencia como un valor estratégico: cada año se publican números, rendiciones y destinos, un cambio cultural profundo tras décadas de reserva institucional.
Ese crecimiento se vio potenciado por el anuncio de que los obispos dejaban de percibir la antigua asignación estatal. “La decisión fue muy bien recibida por la mayoría de la feligresía”, coinciden referentes del Programa.
El avance del Programa FE convive con realidades muy desiguales entre parroquias y diócesis. Voceros consultados explican que muchas comunidades atraviesan un aumento de la demanda social, especialmente en comedores y programas para adultos mayores, donde se registran más pedidos de alimentos y medicamentos.
Los obispos repiten que “los ajustes no pueden hacerse a costa de los más pobres”, en referencia directa al recorte de programas vinculados a asistencia alimentaria.
En ese marco, el mito persistente de que “el Estado financia a la Iglesia” sigue desincentivando aportes, pese a que, históricamente, las asignaciones estatales representaban apenas el 10% del presupuesto de una diócesis promedio.
Desde 2023, con la eliminación definitiva del esquema, esa brecha se cubre con donaciones, aportes empresariales, cooperación internacional y convenios puntuales con gobiernos locales.
Referentes eclesiales aclaran, sin embargo, que el fin de las asignaciones a obispos no implica ausencia total de articulación estatal: programas de asistencia administrados por Cáritas aún dependen de presupuestos públicos, más allá de las tensiones del primer año libertario.
Junto al Programa FE, dos colectas anuales funcionan como indicadores del pulso social y del esfuerzo económico de la comunidad católica.
La Colecta Anual de Cáritas Argentina alcanzó en 2025 los $3034 millones, un aumento del 94% respecto de la edición anterior. No integra el presupuesto del Episcopado, pero es esencial para sostener comedores, primera infancia, educación y programas de adicciones.
A su vez, Más por Menos, destinada a las diócesis más pobres, recaudó $673 millones en 2024 (último dato disponible) y distribuyó $557 millones en proyectos de promoción humana y pastoral. Son fondos específicos que no ingresan al Tesoro episcopal.
Ambas colectas reflejan un doble fenómeno: la persistencia del espíritu solidario y el aumento estructural de necesidades territoriales.
La combinación de tres elementos -fin de las asignaciones, recortes del gobierno de Milei y expansión del Programa FE- redibujó la economía de la Iglesia.
El Episcopado insiste en que el objetivo no es reemplazar dinero estatal, sino reformar la cultura del sostenimiento. Históricamente, la Iglesia evitó hablar de dinero y apoyó parte de su estabilidad en un esquema heredado de la dictadura.
El desafío es doble:
En ese cruce entre ajuste, demandas sociales crecientes y una transición económica ya irreversible, el Programa FE se transformó en algo más que una plataforma: es el laboratorio en el que la institución prueba su capacidad de sostenerse en un país que dejó de garantizar incluso a Dios una excepción presupuestaria.