La renovación de la concesión de higiene urbana arrancó con una audiencia pública y una marcha del sindicato por la Ley Moyano. Claves del pliego y objeciones.
Los nuevos controles y Camioneros marcaron el debate inicial por el contrato de la basura en la Ciudad de Buenos Aires
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha este lunes el proceso de renovación de los proveedores del servicio de higiene urbana con una audiencia pública virtual en la que el centro del debate estuvo en las modificaciones del pliego licitatorio que propone la administración de Jorge Macri para endurecer los controles sobre las empresas encargadas de la limpieza.
Con todo, el otro eje de la jornada fue la marcha que el sindicato de Camioneros realizó por la mañana a la sede de la Comuna 1, en San Telmo, para reclamar que el nuevo pliego incorpore las indemnizaciones a los trabajadores que cambian de compañía prestadora, beneficio conocido como Ley Moyano.
El inicio de la larga marcha de la renovación de la concesión de la recolección de residuos urbanos, que vence en 2028 pero el Ejecutivo quiere definir el año próximo, es relevante por dos motivos centrales: los servicios equivalen al 7,7% del presupuesto porteño y la higiene urbana fue uno de los ejes de la campaña electoral de 2025, cuando la oposición cuestionó a la administración macrista por una limpieza deficiente del espacio público.
Con el nuevo pliego, el Ejecutivo busca una mayor participación ciudadana en las instancias de control, la aplicación de un esquema de remuneraciones variables por desempeño y una rezonificación de la ciudad.
El secretario de Higiene, Matías Lanusse, y Mariana Gagliardi, titular de la Auditoría General de la Ciudad (AGC), fueron los principales antagonistas de la audiencia pública que reunió también a legisladores porteños, comuneros y representantes de la sociedad civil.
El gobierno macrista apuesta a supeditar el pago a los proveedores a la calidad del servicio brindado. Hasta ahora, la ciudad aplicaba un sistema de pago fijo, cuyo monto se actualiza por inflación, para todas la empresas. A partir de 2028, Jorge Macri propone que comience a regir un esquema de remuneraciones dual. Es decir que, mientras una parte del pago se mantendrá fija, otra dependerá del cumplimiento de las prestaciones establecidas en el pliego licitatorio y la evaluación de vecinos sobre la limpieza de las calles.
“Ya no alcanza con verificar formalmente si un camión pasó. Queremos medir el resultado concreto: cómo quedó la calle, qué nivel de limpieza tiene la zona, y qué nivel de satisfacción tiene el vecino que vive ahí”, sostuvo Lanusse durante la audiencia.
El objetivo es generar incentivos económicos para que las propias empresas se preocupen por brindar más que una cobertura mínima en la ciudad y presenten "propuestas innovadoras y soluciones concretas para mejorar el servicio en los barrios que tienen asignados".
El seguimiento estatal que propone la gestión macrista implica una mayor inversión en tecnología para perfeccionar los sistemas de control. El proyecto prevé integrar sistemas de telemetría y seguimiento satelital a los camiones que participan de la recolección para verificar que cumplen con los recorridos que le son asignados y detectar desvíos horarios. Este tipo de controles ya habían sido anticipados por el alcalde porteño durante la apertura de sesiones ordinarias en marzo.
Gagliardi planteó sus reparos. Según explicó, el gobierno capitalino ya cuenta con sistemas de GPS para seguir los vehículos de recolección, pero advirtió que en algunos casos presentan fallas o no registran un historial que permita mantener un verdadero control ante prestaciones deficientes. Además, la dirigente peronista relató que muchos de los incumplimientos se comunican y registran de manera informal, lo que dificulta la aplicación de multas y descuentos por mal desempeño, algo que ya está vigente con el modelo actual.
El gobierno porteño también resolvió modificar la manera en que se organizaba territorialmente tanto el servicio de recolección como de recuperación de materiales reciclables. Históricamente, la ciudad estuvo dividida en siete zonas, que dependían en su mayoría -solo una estaba a cargo del Ente de Higiene Urbana- de empresas privadas. Ahora se reestructurará el reparto de los barrios entre empresas de modo que quedarán vigentes ocho zonas.
Además, tanto las empresas de higiene urbana como las cooperativas de las que dependen los recuperadores urbanos operaran dentro de los mismos límites territoriales. Hasta ahora, la actuación de las cooperativas no respetaba el mismo circuito y reparto de zonas que las otras compañías, lo que dificultaba su seguimiento.
Hay un único servicio que será transversal a todas las zonas. Se trata de la provisión, mantenimiento, reparación y reposición de los contenedores y cestos papeleros. El servicio quedará a cargo de una misma empresa especializada para unificar los estándares de respuesta e higiene en las distintas comunas y mejorar la trazabilidad y calidad de mobiliario.
Mientras se iniciaba la audiencia, el sindicato de Camioneros, con Pablo Moyano a la cabeza, se movilizó para advertirle al gobierno porteño que la exclusión del mecanismo que actualmente regula las indemnizaciones al final de las concesiones podría desatar un conflicto en el sector.
La denominada "cláusula Moyano", vigente en el pliego actual, establece que, al terminar el contrato, la empresa adjudicataria debe desembolsar indemnizaciones a todo el personal como si enfrentaran un despido. Esos fondos son reintegrados por el Gobierno de la Ciudad a las empresas para afrontar los pagos. Al mismo tiempo, la cláusula obliga a los nuevos proveedores a absorber la totalidad del personal indemnizado y a preservarle sus derechos laborales adquiridos.
La inclusión de esa cláusula no aparece hoy en el horizonte del gobierno porteño, que considera que esas condiciones “no figuran en ningún código ni fueron votadas por el Congreso” y que el mecanismo opera como un dispositivo de presión sindical para imponer indemnizaciones por despidos que, debido a la continuidad laboral prevista en el propio contrato, en la práctica no ocurren.
En la administración macrista señalan que mantener el beneficio supondría un "absurdo fiscal" y que configuraría un trato desigual con respecto a la media de los trabajadores que solo reciben indemnizaciones cuando son desvinculados de manera fehaciente.
Sin hacer alusión específica a este conflicto, durante la audiencia, Gagliardi había advertido que el gobierno porteño absorbió, en los últimos años, costos que le corresponderían a la empresa. Más allá de costos laborales -sobre los que eligió no explayarse- mencionó también gastos por la reposición de contenedores.
"Las sucesivas adendas contractuales fueron modificando obligaciones establecidas en los pliegos y terminaron generando que costos que debían asumir las empresas fueran afrontados por el Estado, como la compra y reposición de contenedores, la renovación de vehículos y adicionales salariales", señaló.
Gagliardi también advirtió por el incumplimiento de las metas de reciclado en la ciudad. "En 2024, la meta era reciclar 166.482 toneladas y apenas se lograron reciclar 55.796. Entre 2022 y 2024, los residuos secos captados por los Centros Verdes cayeron un 43%. Miles de toneladas que se podían recuperar terminaron como descarte, justo lo contrario a lo que establece la ley de Basura Cero", sostuvo.
Atribuyó este retroceso a la falta de tachos y puntos verdes en espacios públicos, así como también a la decisión de discontinuar las elecciones de educación ambiental orientadas a la separación de origen.
En el gobierno porteño no desconocen esta realidad. Por este motivo, en la audiencia reiteraron la necesidad de que los vecinos separen los residuos y de regularizar y controlar los recorridos de los recuperadores urbanos que deberán brindar un servicio puerta por puerta. La cooperativas también quedarán a cargo de la gestión de los centros de reciclado, la recolección de los contenedores verdes y el monitoreo de las tareas.
En materia de reciclaje, durante la audiencia también se abordó la posibilidad de incorporar incentivos económicos para aquellos consorcios que separen los residuos para empezar a fomentar esta práctica. Sería un esquema similar al que empezaría a regir para las empresas proveedoras de higiene urbana, con un sistema de recompensas y castigos según el cumplimiento de obligaciones.
