Tras la salida tumultuosa del juez Báez, Javier Raidan va a la Legislatura para cubrir la vacante. Una historia de cruces, polémicas y reconciliaciones.
Chubut: el Superior Tribunal de Justicia, camino a la normalización
En Chubut siempre es tiempo de definiciones. Con el gobernador Ignacio Torres comenzando su segundo semestre en el poder, varias han sido las clavijas ajustadas en materia de políticas públicas, con nuevas leyes de transparencia, promoción de la industria y asistencia a las pequeñas y medianas empresas. Ahora le toca a la cúpula de la Justicia.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) tiene seis sillas y actualmente sólo cinco integrantes: Silvia Bustos, que preside el cuerpo, Alejandro Panizzi, Mario Vivas, Camila Banfi Saavedra y Ricardo Napolitani. A fines de enero, el sexto ministro, Daniel Báez, decidió acogerse al beneficio de la jubilación, en medio de denuncias por mal desempeño cuando cumplía funciones como jefe de fiscales en la jurisdicción de Puerto Madryn.
Al borde del juicio político y con las manos en la Legislatura para garantizar su destitución, Báez finalmente se jubiló, no sin antes acusar al parlamento provincial de persecución política y de “apretar a un juez”, mientras avanzaban dos pedidos de juicio político y un tercero que finalmente no pasó más allá de la Comisión de Justicia.
La vacante de Báez podría completarse en pocos meses tras la presentación, por parte del Ejecutivo provincial, del abogado Javier Raidan como candidato a integrar el STJ. El letrado, oriundo de Buenos Aires, fue citado a la Legislatura para responder este martes 2 de julio un total de 99 preguntas relativas a su pliego.
En los últimos años, el Superior Tribunal mantuvo contrapuntos con los distintos gobiernos provinciales y estuvo atravesado por modificaciones en su composición, con el agravante de que, tras el fallecimiento de Marcelo Guinle en 2017, hasta 2021 funcionó con tan solo dos miembros -Alejandro Panizzi y Mario Vivas-, con una importante acumulación de expedientes y causas por resolver.
Los poderes Ejecutivo y Judicial estuvieron en pie de guerra durante el gobierno de Martín Buzzi (2011-2015), cuando el mandatario kirchnerista no aprobó el presupuesto para la Justicia y la obligó a funcionar durante un largo tiempo sin los fondos necesarios.
Durante la gestión de Mariano Arcioni (2017-2023), la falta de aprobación del presupuesto volvió a tensar el vínculo entre ambos poderes, hasta que el conflicto finalmente se subsanó, con polémica y acusaciones de ambas partes.
Meses después, el Tribunal completó sus seis cupos con la incorporación de Ricardo Napolitani, Daniel Báez y, por primera vez, el máximo órgano judicial de Chubut integró a dos mujeres: Camila Banfi Saavedra y Silvia Bustos.
Sin embargo, la paz en la provincia patagónica duró poco. El Superior Tribunal quedóa abrigado por una manta de polémica con la investigación que se inició en octubre de 2023 (dos meses antes de la asunción Torres) sobre Héctor Capraro, hasta entonces administrador general del STJ, señalado por “presuntas irregularidades en el cobro y no cobro de la tasa de justicia”, un tributo donde se maneja una millonaria suma de dinero que ingresa al Poder Judicial. Luego de dos auditorías y con un sumario en curso, Capraro se acogió a su jubilación, evitando de este modo una salida eventualmente escandalosa.
Casi en simultáneo, comenzaban a avanzar los dos pedidos de juicio político contra Báez, que finalmente no prosperaron porque el ministro -al igual que Capraro- decidió jubilarse.
Uno de los aspectos disruptivos del gobierno de Nacho Torres fue la designación al frente del Ministerio de Seguridad y Justicia del abogado Héctor Iturrioz, quien en los últimos años obró como un activo fiscal de Comodoro Rivadavia. El nombramiento de Iturrioz, uno de los funcionarios “todoterreno” de la gestión, fue objetado por la Asociación de Magistrados, que le exigió la renuncia a su cargo judicial para poder asumir en el gobierno. Tras varios días de discusiones y de idas y vueltas mediáticas, le aceptaron el pedido de licencia “sin goce de sueldo” y finalmente el fiscal se incorporó a las filas del gobernador, pero no sin polémicas.
Iturrioz es una figura del Poder Judicial, pero crítica del propio sistema. “En el Poder Judicial hay muchos vagos, como los hay en todos lados”, había advertido cuando todavía era fiscal Anticorrupción en Comodoro Rivadavia. Luego, denunció una de las causas más escandalosas a nivel local, que investiga la millonaria malversación de fondos públicos por parte de exfuncionarios municipales, en presunta connivencia con empresarios, para efectuar arreglos y reparaciones tras la inundación sufrida por la ciudad en 2017.
Una vez en el cargo, el titular de la cartera de Seguridad y Justicia arremetió contra los jueces considerados garantistas, a quienes acusó de “no querer salir de su zona de confort”. Con una primera prueba de fuego en Trelew, ciudad que registraba un alza pronunciada en los delitos contra la propiedad, el funcionario pidió más compromiso entre ambos poderes para evitar las “puertas giratorias”. Además, fue uno de los abanderados del proyecto impulsado por Torres para modificar el Código Procesal Penal provincial. El proyecto finalmente fue aprobado y apunta a la integración de tribunales unipersonales, el anticipo de la prueba y también a agilizar la duración de los procesos, pudiendo de este modo llegar a más juicios y sentencias.
Iturrioz, ya como ministro y sin que le temblara el pulso, también denunció ante el Consejo de la Magistratura a los dos fiscales que se quedaron con la causa de la inundación en Comodoro Rivadavia, luego de que estos solicitaran el sobreseimiento de los exfuncionarios municipales, dejando en el banquillo de los acusados únicamente a los empresarios.
Con la implementación en Trelew del Comando Unificado de Seguridad y la disminución del delito, la presión sobre los jueces disminuyó y, actualmente, el Ejecutivo y el Poder Judicial transitan una relación amena, mientras que el pliego de Javier Raidan recorre un rápido camino hacia la Legislatura, que lo evaluará y luego emitirá su dictamen.
Todo indicaría que, en un cuerpo donde el oficialismo es mayoría, el abogado se convertiría en el sexto integrante del Superior Tribunal. Algunas críticas a la propuesta del Ejecutivo se han hecho escuchar, mayormente por parte de jueces que objetan a Raidan “no haber vivido en Chubut ni ejercido en los tribunales locales”. El candidato recibió la lista de 99 preguntas hace cinco días. Este martes concurrirá a la Legislatura y el Poder Judicial volverá a estar en el centro de la escena chubutense.