La oposición puso su límite en la sesión del jueves y el oficialismo retiró su proyecto. Juntos Somos Río Negro, actor necesario para reabrir la negociación.
El oficialismo de Bariloche retiró del debate legislativo su proyecto para “ordenar” la situación del basurero local, una iniciativa con fuerte resistencia social que no encontró respaldos suficientes en el Concejo Deliberante. La decisión supone un tropiezo para el intendente Walter Cortés, para quien la propuesta representaba su “batalla grande” del año.
En una carta leída por el presidente del Concejo, el oficialista Gerardo del Río, el jefe comunal solicitó retrotraer, por segunda semana consecutiva, el millonario pliego licitatorio a comisión y pidió la intervención del gobierno de Río Negro como “actor principal” en una mesa de diálogo. También anticipó que intimará a otras jurisdicciones para que en un plazo de 60 días dejen de tirar sus residuos en el vertedero municipal.
La medida representa una victoria para la oposición, que mantuvo durante todo el proceso su rechazo a extender la vida útil del basural en el mismo sitio. Con los números en contra, el oficialismo optó por replegarse y reconfigurar la estrategia, para la cual necesitan del bloque de concejales que responde al gobernador Alberto Weretilneck.
La semana pasada, el Partido Unión y Libertad (PUL) ya había retirado de la sesión el proyecto de ordenanza, presentado por el propio Cortés, para remitirlo a comisión. Apenas cinco días después y sin modificaciones sustanciales, Del Río volvió a convocar al Concejo Deliberante, en pleno feriado y otra vez sin tener garantizados los votos para aprobar el expediente.
El nuevo intento fallido expuso las limitaciones del oficialismo para construir mayorías en torno a la iniciativa que el propio Ejecutivo considera "clave". En el entorno del intendente admitían que la del vertedero era “la última de las batallas grandes” del año, luego de que desistiera de encabezar la boleta de convencionales constituyentes para la reforma de la Carta Orgánica.
“Necesitamos que se sume a trabajar la provincia de forma urgente”, reclamó Del Río, en un mensaje directo al gobierno de Weretilneck que reiteró su compañero de bancada Tomás Hercigonja. “Nuestra propuesta era un parche, nada más”, admitió el edil.
La convocatoria a una mesa interjurisdiccional con participación provincial aparece ahora como la principal salida para un conflicto que el oficialismo no logró encauzar en el plano local.
El expediente que volvió a comisión contempla una licitación pública para la construcción y operación de un relleno sanitario por diez años, con el objetivo de modernizar el sistema de disposición final de residuos en la ciudad y su área de influencia, que incluye el Parque Nacional Nahuel Huapi, Villa Mascardi, Dina Huapi y el Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria.
La iniciativa incluye la ejecución de obras y la prestación integral del servicio, con nuevos módulos impermeabilizados, tratamiento de residuos urbanos y la clausura progresiva del actual sitio de disposición final. El presupuesto estimado asciende a $3.565 millones para la obra, mientras que el servicio de gestión integral supera los $39.925 millones.
Se trata de una de las licitaciones ambientales más relevantes de la región. El plan también prevé estándares técnicos para la impermeabilización del suelo, captación de lixiviados y tratamiento de gases, en línea con un sistema más controlado y sustentable.
Como contó Letra P, la posibilidad de seguir depositando residuos en el mismo predio durante otra década fue una de las principales objeciones al proyecto, tanto desde las juntas vecinales como desde organizaciones ambientalistas y la oposición política. El reclamo por el cierre del vertedero en la zona urbana se apoya en la ley provincial 5491 y en la ordenanza 3349, que fijaba su clausura para diciembre de 2023.
Cerca de Cortés sostienen que la propuesta no establece un plazo de diez años para erradicar el basural sino de cinco, con la posibilidad de rescindir el contrato si en ese lapso surge un vertedero regional alternativo.
Sin embargo, el expediente presenta ambigüedades: mientras el contrato de concesión fija un período de cinco años, el pliego de licitación establece que “el plazo de la concesión de los servicios será de 10 años”, prorrogables por otros cinco.
Esa falta de claridad, sumada a la ausencia de “licencia social”, terminó de ordenar las posiciones en el Concejo. A la oposición inicial de Leandro Costa Brutten, Julieta Wallace, Facundo Villalba y Roxana Ferreyra se sumaron los dos ediles de Juntos Somos Río Negro. Con seis votos en contra sobre un total de once, el proyecto quedó sin margen de avance.
Otro eje de disputa es el de las mayorías necesarias para aprobar la iniciativa. Para el oficialismo alcanza con mayoría simple, mientras que la oposición sostiene que se requiere una mayoría especial de ocho votos por tratarse de la concesión de un servicio público.
Desde los bloques opositores anticiparon que, si el PUL avanzara con una aprobación por mayoría simple, el expediente sería judicializado. En ese escenario, advierten, la licitación podría quedar desierta: difícilmente una empresa se presente a un proceso de largo plazo cuyo marco legal aparece en discusión.
El basurero de Bariloche sigue siendo uno de los focos de contaminación más críticos del país, según la International Solid Waste Association. Pero la discusión sobre cómo resolverlo quedó, por ahora, atrapada en un empate político.
La jugada de Cortés abre un compás de espera, pero también expone sus límites: sin suficientes votos propios ni licencia social, el oficialismo queda obligado a tercerizar la salida en la provincia. En ese terreno, la oposición ya mostró que puede ordenar mayorías y condicionar el tablero. El destino del vertedero deja de ser solo un problema ambiental para convertirse en una disputa de poder que, por ahora, el Ejecutivo municipal no logra encauzar.
