Rodolfo Corzo, exempleado de la Ciudad, y su hijo protagonizaron una batalla campal en 2016 en la Comuna 4. El hermano del exsenador fue gravemente herido.
Rodolfo Corzo (h), el cuchillero del PRO que atacó a Scinca en la Comuna 4.
Con diez años de demora, después de varias postergaciones, el viernes 26 comenzaría el juicio oral contra Rodolfo Corzo, su hijo, que lleva el mismo nombre, Ezequiel Yedro, Walter Ortiz y Marcelo Riquelme, los protagonistas de la batalla campal en la que resultó gravemente herido Fernando Abal Medina, hermano de Juan Manuel Abal Medina, en 2016.
El violento episodio ocurrió el 4 de mayo de ese año, en la reunión de Consejo Consultivo de la Comuna 4, que incluye a los barrios de La Boca, Barracas, Parque Patricios y Pompeya. Esa tarde se debatía la venta de terrenos de Casa Amarilla a Boca Juniors y la posibilidad de que se construyera un nuevo estadio en esa zona. En ese marco, los imputados llevaron adelante un brutal ataque contra Matías Scinica y Abal Medina, que participaban de la asamblea en representación de vecinos que resistían el avance del proyecto.
Corzo era empleado del Gobierno de la Ciudad y un hombre conocido del barrio de La Boca, con nexos con el PRO, algunos sectores del peronismo y el sindicalismo porteño. Se desempeñaba como agente de policía comunal y fue señalado como autor intelectual de la agresión que llevaron adelante su hijo - cuyo rostro quedó grabado en las cámaras cuando portaba un cuchillo - y otros imputados.
Scinica es un militante barrial vinculado a Boca es Pueblo, una de las agrupaciones que se oponía a la venta de los terrenos de la Ciudad al club que por entonces presidía Daniel Tano Angelici. Según consta en el expediente, durante la agresión, Corzo (hijo) lanzó “una puñalada dirigida al cuello”, que Scinica logró esquivar, aunque resultó herido debajo de oreja izquierda.
Al ver la agresión, Abal Medina, militante de la agrupación Descamisados, intentó mediar ante Corzo (padre) para conseguir el traslado urgente de Scinica al hospital, pero también resultó agredido. “Fue rodeado y golpeado en la cabeza desde atrás por Yedro con uno de los hierros que llevaba en sus manos, Corzo (hijo) le propinó un golpe de puño en el rostro y Ortiz lo pateó en el piso, derribándolo sin resistencia posible para seguir golpeándolo de manera colectiva cuando ya se hallaba en el piso y perdiendo el conocimiento”, dice el auto de elevación a juicio, que data de febrero de 2019. Como consecuencia de esas lesiones, Abal Medina todavía padece de anosmia bilateral.
Tras permanecer prófugo durante cuatro meses, Corzo (hijo), fue detenido en septiembre de 2016 y procesado por homicidio en grado de tentativa y lesiones graves. Sin embargo, pasó poco tiempo en la cárcel de Villa Devoto. El juez Roberto Ponce, a cargo de la causa, le concedió la libertad el 30 de diciembre de 2016, por considerar que no había riesgo de fuga.
La querella de Abal Medina entendió, entonces, que Corzo y su hijo gozaban de “protección política” por sus conexiones con el PRO y con Angelici, el hombre que mueve los hilos de la Justicia porteña. En su última declaración ante el juez Ponce, Corzo declaró que había sido obligado a mentir por el abogado que le impusieron los entonces comuneros del PRO Jorge “el Negro” Apreda, y Diego Ariel Weck “para defender sus propios intereses”.
Desde entonces, también se sucedió una serie de maniobras judiciales que demoraron el juicio, que estaba agendado originalmente para tener inicio en 2020. El primer obstáculo fue la pandemia, pero luego hubo nuevas postergaciones relacionadas con las dificultades para integrar el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 18, que llevará adelante el debate.
Tras una primera demora, fue programado para abril de 2024, nuevamente cancelado, luego agendado para marzo de este año y otra vez reprogramado para junio. Aunque debía iniciarse el 12 de junio, volvió a suspenderse porque uno de los imputados, Riquelme, está internado en el hospital Borda y se pidieron informes para saber si tiene capacidad suficiente para afrontar el juicio.
El temor en la querella es que las sucesivas dilaciones obedezcan a una maniobra política del PRO para conseguir la prescripción de los delitos y proteger a los imputados.