La saga de hechos que desencadenó la agresión de un grupo de personas lideradas por Rodolfo Manuel Corzo, alias “el Cordobés”, en la sesión del Consejo Consultivo de la Comuna 4 durante el mes de mayo suma un nuevo capítulo: el hombre que atacó con un cuchillo y dejó una herida de cinco centímetros en el cuello del militante barrial Matías Scinica negó la agresión, arremetió contra su abogado defensor y denunció que le fue impuesto por los comuneros del PRO Jorge “el Negro” Apreda, presidente de la Junta Comunal, y Diego Ariel Weck que buscaban “defender sus propios intereses” y desligarse del hecho que rápidamente llegó a los medios de comunicación y las redes sociales, básicamente porque la documentación fílmica comprueba y describe cómo fue lo que pasó y quiénes son los protagonistas de esa jornada de barbarie.
Este joven de 29 años, oriundo del barrio de La Boca, se llama exactamente igual que su padre, “el Cordobés”, y días atrás solicitó ampliar su declaración indagatoria. Tras las agresiones del 4 de mayo en la sede de la Junta Comunal, ubicada en la intersección de las avenidas Perito Moreno y Del Barco Centenera, Corzo hijo fue llamado a brindar declaraciones por primera vez y, mediante recomendación de su abogado defensor, presentó un escrito en el que reconoce haber herido con un arma blanca a Scinica, ligado a la agrupación Boca es Pueblo.
Sin embargo, el miércoles 7 de diciembre fue trasladado desde la cárcel de Villa Devoto hacia el centro porteño para presentarse en la oficina del juez Roberto Ponce, dentro del palacio de Tribunales, y rechazó todo lo expuesto en la primera ocasión. Esta segunda declaración indagatoria se hizo por pedido expreso del cuchillero porque, según fundamentó, su defensor lo engañó y le hizo presentar un descargo en el que se autoincrimina en un acto que no cometió porque “lo único” que hizo fue pegarle una trompada a Scinica porque este “le había pegado una patada en el pecho a su padre”. A su vez, aclaró que tomó el cuchillo “que estaba tirado en el piso” para defender a su esposa, Eliana Giselle Encina, que “había sido agredida”, y para “evitar que continúen con la agresión”. Ni el juzgado, ni la Fiscalía ni la querella dan espacio a esta afirmación porque, tanto los testimonios de los testigos como los registros fílmicos de vecinos que participaban de la reunión y las cámaras del Gobierno de la Ciudad, advierten que el puntazo sí existió y se produjo en la zona inferior de la oreja izquierda de Scinica, trasladado al Hospital Penna horas después.
También, se lo acusa de iniciar, junto a Ezequiel Yedro, una golpiza contra Fernando Abal Medina, que se encontraba en el exterior del edificio en busca de una ambulancia para el herido cuando fue abatido por más de cinco personas. El hermano del senador nacional del Frente para la Victoria terminó hospitalizado con lesiones y traumatismo con pérdida de conciencia, con inutilidad laboral mayor a un mes. Los registros fílmicos que posee la justicia grafican como Yedro sale de la sede comunal para tomar dos llaves para cambiar neumáticos, alojadas en una Volkswagen Amarok, estacionada en la puerta y propiedad de “el Cordobés”, para luego volver a ingresar y amenazar a quienes custodiaban Scinica, que yacía en el piso, ensangrentado y a la espera de un médico. Minutos después, las utilizaría para golpear a Fernando hasta la inconciencia.
El letrado que defendió a Corzo hijo es el doctor Leonardo Manuel Mallo, de 71 años e inscripto en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal con matrícula habilitada desde el 27 de abril de 1983. Según denunció el joven el miércoles de la semana pasada, su defensor le impidió presentarse a declarar en primera instancia en el Juzgado porque “no convenía por intereses políticos de Weck y Apreda” y lo obligó a presentar un escrito que lo perjudicó y que afirmaba circunstancias “que no eran ciertas”. Además, consignó ante el juez que no eligió a su defensor, que el abogado le reconoció que “fue designado” por estos comuneros del oficialismo y que diseñó la estrategia para “defender los intereses” de los dirigentes del PRO, que “no querían asumir el costo político de los incidentes”, según consta en la declaración indagatoria de Rodolfo Corzo hijo realizada el siete de diciembre.
Apreda es el titular de la Junta Comunal N°4 (La Boca, Pompeya, Barracas y Parque Patricios) desde el 10 de diciembre de 2011 y transitó la gestión de Mauricio Macri primero y ahora la de Horacio Rodríguez Larreta, a quien conoce desde hace años, cuando ambos eran funcionarios del PAMI durante el gobierno de la Alianza. El jefe de Gobierno pone las manos en el fuego por “el Negro”, a quien defiende ante propios y extraños. El presidente comunal se encontraba de viaje al momento de la fatídica noche, por lo que su lugar lo tomó Weck, encargado de dos aspectos claves de la sesión del Consejo Consultivo Comunal: organización y seguridad, que no hubo en ningún momento ni por parte de la Federal ni de la Metropolitana. Es un hombre ligado al gestor judicial del presidente Macri y mandamás del Club Atlético Boca Juniors, Daniel “el Tano” Angelici.
En tanto, Mallo, por resolución interna de la Subsecretaría de Justicia de la Ciudad, publicada en el Boletín Oficial el 30 de marzo del corriente, fue designado como miembro del Cuerpo de Mandatarios de Faltas en reemplazo de Alejandro Bouzada Hermida, a quien el dos de noviembre de 2015 se le revocó su mandato. Los controladores de faltas están encargados de gestionar el cobro judicial y extrajudicial de las multas que son aplicadas por la Dirección General de Administración de Infracciones, que dirige Germán Francisco Camps y está dentro de la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad que conduce el angelicista Martín Ocampo.
El joven Corzo se encuentra detenido y procesado por tentativa de homicidio pero pidió expresamente ampliar su declaración y su reclamo fue concedido. Se había pactado el encuentro con el juez Ponce para el martes seis de diciembre pero por cuestiones organizativas se suspendió y se realizó al día siguiente. Sin importar el caos de tránsito producto de una serie de movilizaciones y el paro total de subtes del miércoles siete de diciembre, Corzo hijo quiso ir a denunciar que su abogado le mintió para salvaguardar los intereses de dos funcionarios del PRO. Ante este punto se abre un interrogante: ¿Por qué la decisión del cuchillero? ¿Por qué el momento?
Al parecer, la decisión y estrategia de Corzo hijo se comenzó a tejer en octubre cuando Mallo renunció a defender tanto a él como a su padre. Ambos contrataron a el letrado Guillermo Federico Smith, pero el profesional se rehúso a trabajar para el cuchillero. Acto seguido, la justicia le ofreció al titular de la Defensoría Oficial N°7, Santo Orihuela, quien tomó el caso. Fuentes ligadas a la causa indicaron a Letra P que detrás de esta jugada existe una intención de desligar a "el Cordobés" del tema y centrar la atención sobre su hijo.
Al igual que su padre, “el Cordobés”, trabajaba para el Gobierno porteño, precisamente para la Comuna 4 que preside Apreda. Ambos están suspendidos actualmente y sus expedientes se encuentran en el Régimen de Agentes en Disponibilidad (RAD), que depende del Ministerio de Hacienda. Incluso, Corzo hijo declaró la semana pasada que antes de ser detenido iba todos los días hacia las oficinas de la calle Maipú para firmar la planilla de asistencia para mantener el salario a pesar del castigo que se le dio desde la Junta Comunal.
“El Cordobés” pidió volver a trabajar pero la Procuración General de la Ciudad se lo negó. Actualmente, se encuentra procesado por lesiones y riñas, situación que descolocó a las querellas, promovió una apelación a lo dictado por el juez Ponce y para algunos de los denunciantes abre la puerta a pensar de que se trata de “una maniobra de encubrimiento”. Corzo hijo fue procesado en septiembre por tentativa de homicidio y ahora el juez le amplió el procesamiento bajo la figura de autor penalmente responsable del delito de lesiones graves en riña.