Patricia Bullrich no pudo frenar el respaldo al Equipo de Antropología Forense que identificó a 29 personas en La Perla. Álvarez Rivero, única abstención.
La senadora Alejandra Vigo (Provincias Unidas) consiguió este jueves que el Senado aprobara un reconocimiento al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) por la identificación de 29 víctimas de la dictadura en el centro de detención ilegal La Perla.
La votación dejó expuesto al oficialismo y obligó al aliado Luis Juez pese al negacionismo que expresan sectores libertarios y que evidenció con su abstención la senadora Carmen Álvarez Rivero.
La declaración se aprobó por unanimidad a mano alzada, aunque la discusión previa mostró tensiones dentro de La Libertad Avanza y entre sus aliados parlamentarios. La jefa del bloque violeta, Patricia Bullrich, había buscado desalentar el tratamiento durante la sesión ordinaria.
La senadora cordobesista articuló apoyos peronistas y con la UCR para habilitar el debate sobre tablas. En ese contexto, Juez quedó en una posición incómoda frente al avance de la iniciativa.
En el inicio de la discusión, el dirigente cordobés que saltó del bloque PRO al oficialista había sugerido postergar el tema para otra sesión. Sin embargo, cuando advirtió que distintos bloques aliados acompañarían el reconocimiento, modificó su postura y terminó votando a favor.
En este tema, el jefe del Frente Cívico de Córdoba y una de las referencias de la oposición al cordobesismo, ha marcado sus diferencias con el negacionismo que impera en el partido que integra y que quiere que gobierne la provincia en 2027.
Si bien evita tensionar con Javier Milei en este punto al señalar que es "respetuoso de todos los pensamientos", cuando puede corre el eje y pasa factura al oficialismo provincial por un presunto oportunismo.
Cabe recordar que Juez, cuando fue intendente de Córdoba, autorizó al EAAF a trabajar en las fosas comunes del Cementerio San Vicente. Producto de esos trabajos se logró la identificación de 11 personas secuestradas y enterradas clandestinamente.
“Me encanta que ahora alguna parte del peronismo de esta provincia haya descubierto los derechos humanos y aparezcan un montón de pibes que se hicieron los boludos durante los últimos 50 años hablando de esto”, dijo Juez en la entrevista que dio a SRT Media este último 24 de marzo.
En ese marco, Juez recordó las dificultades que enfrentó para iniciar esas excavaciones: “Pasaron muchísimos años de democracia, muchos gobiernos municipales y provinciales, y nadie quiso hacer nada. Al contrario, hicieron todo lo posible para que la verdad quedara enterrada ahí. Hubo mucho movimiento de suelo de distintos gobiernos tratando de enterrar la verdad y nadie abría la boca”.
La única cordobesa que decidió apartarse fue Carmen Álvarez Rivero. La senadora se abstuvo al momento de habilitar el tratamiento del proyecto y argumentó diferencias con la redacción de la iniciativa impulsada por Vigo.
El reconocimiento puso el foco en el trabajo conjunto del Equipo Argentino de Antropología Forense, el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba y el Equipo de Geología Forense de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Las tareas se desarrollaron en el sector conocido como “Loma del Torito”, dentro del predio del excentro clandestino de detención La Perla, uno de los principales reductos del terrorismo de Estado en Córdoba.
En los fundamentos del proyecto, Vigo destacó que las identificaciones permitieron que las víctimas dejaran de figurar como desaparecidas para ser reconocidas formalmente como personas asesinadas durante la última dictadura militar.
El texto aprobado también recordó que por La Perla pasaron más de 2200 personas detenidas durante el régimen militar. Además, reclamó garantizar continuidad presupuestaria para las investigaciones previstas para 2026.
La jugada parlamentaria de Vigo también quedó alineada con la posición pública que expresó en los últimos días el exgobernador Juan Schiaretti.
El exmandatario provincial había felicitado el trabajo del equipo forense y promovido el mismo reconocimiento en la Cámara de Diputados. Además, reveló que una de las personas identificadas mantenía una relación cercana con él.
Se trata de Graciela Doldán, abogada santafesina que ocupó distintos cargos en organizaciones sociales y ejerció su profesión en el campo del derecho laboral defendiendo a obreros.
Según reconstruyó La Tinta, trabajó como abogada de la CGT y vivió en Córdoba donde realizó su trabajo de base en barrio 1° de Mayo. Integró en 1967 una de las vertientes fundadoras del Peronismo de Base y en 1969 de Montoneros. Fue secuestrada de su casa en la calle Entre Ríos 85, en el centro de la capital, el 26 de abril de 1976, junto a su amiga Rosa Dory Maureen Kreiker y la hermana de Rosa, posteriormente liberada. Tenía 34 años.
