Los equipos de ambos ultiman detalles por encima de las diferencias. El aporte de las Fuerzas Armadas. La hipótesis que comparten la Nación y la provincia.
Luis Petri, Patricia Bullrich, Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia en la conferencia en la que se anunció el desembarco
Tras la saga de asesinatos a inocentes que paralizaron Rosario, Patricia Bullrich y Maximiliano Pullaro ultiman los detalles del desembarco de las fuerzas federales que buscarán pacificar la ciudad. Unos 450 efectivos completarán una tropa de alrededor 2 mil agentes federales en Santa Fe.
Este jueves se completará el arribo de agentes de Gendarmería, Policía Federal, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria que ya comenzaron a llegar a Rosario para encarar las tareas de preparación previas al lanzamiento del operativo. El objetivo es estar operando en el territorio veinticuatro horas antes del comienzo del fin de semana. ¿Hasta cuándo? No fue determinado. “Sabemos que en esto, una vez que entramos, no hay repliegue”, dijeron en el Ministerio de Seguridad de la Nación.
Ese mismo jueves se espera que lleguen los pertrechos de las Fuerzas Armadas. Autos, camionetas, colectivos, unimogs, drones y helicópteros fueron comprometidos por el ministro del área, Luis Petri. Habrá una base logística en San Lorenzo. Por ahora, solo vendrán los militares necesarios para operar los drones y helicópteros. Se alojarán en el Liceo Militar de Funes.
El comité de crisis presidido por Bullrich y Pullaro amplió la nómina de zonas calientes de la ciudad a ocho, las cuales se repartirán en partes iguales entre la policía provincial y las fuerzas federales. En consecuencia, habrá barriadas bajo control exclusivo de las fuerzas federales. Según la organización acordada, no habrá operativos en conjunto: cada una operará por separado y sólo se encontrarán en la mesa de coordinación.
Tampoco habrá intercambio de información entre fuerzas, sino que será entre las autoridades políticas que forman parte del comité de crisis -Bullrich, Pullaro y los equipos de ambos-. En Nación reconocen que allí tendrá mayor protagonismo la fuerza provincial por tener “más territorialidad”. En criollo: más dateros, buches y el pulso de las calles.
Subyace en esa decisión una diferencia entre la ministra y el gobernador, acallada por las circunstancias. Mientras Bullrich cree que es necesario encarar lo antes posible una reforma estructural de la policía provincial, Pullaro decidió ir al frente con las fuerza como está, con sus defectos y todo. Por eso, decidieron que operasen por separado. No es el único desencuentro entre ambos.
En el plano investigativo, en la cartera nacional de seguridad coinciden con sus pares santafesinos en la hipótesis más firme por estas horas: un consorcio narcocriminal, conformado por las bandas que hasta hace poco disputaban territorio entre sí y ahora se habrían unido frente a un enemigo en común: el Estado. El endurecimiento de las condiciones de detención de los presos de alto perfil en las cárceles santafesinas habría sido el detonante.
La hipótesis es inquietante porque es una evolución en la dinámica criminal de la ciudad: ya no hay un enfrentamiento entre el crimen organizado donde los inocentes son víctimas colaterales, sino que el rival ahora es el Estado y la forma de agredir es lastimando civiles.
Con los mandos medios aislados en cárceles provinciales y los popes alojados en cárceles federales en las mismas condiciones -los ataques se cree que fueron instrumentados por los eslabones más bajos de las organizaciones, más precarios en su accionar-, todavía se investiga cómo pudieron comunicarse. En la casona de Gelly y Obes sospechan de una pata profesional y apuntan a algunos abogados defensores.