Desde este lunes 27 la cobertura se verá afectada en La Pampa, Río Negro, Neuquén y Chubut. Críticas a Leguizamo, el jefe del organismo. El factor Toto Caputo.
Mayormente las clinicas de la Patagonia componen sus ingresos por los afiliados del PAMI.
La crisis en el sistema de salud para afiliados del PAMI en la Patagonia ingresó en una fase crítica. A partir del lunes 27 de abril, clínicas y sanatorios de La Pampa, Río Negro, Neuquén y Chubut aplicarán nuevas restricciones que afectarán a miles de jubilados y pensionados, en un escenario marcado por el atraso arancelario y pagos demorados.
La decisión fue confirmada por prestadores privados de toda la región, quienes ya venían sosteniendo medidas de fuerza como la suspensión de cirugías programadas. Ahora, el conflicto escala con la interrupción de consultas médicas, estudios y prácticas ambulatorias, lo que deja a los afiliados ante la disyuntiva de pagar de su bolsillo o postergar indefinidamente su atención.
El impacto es particularmente sensible en una región donde el sistema privado cumple un rol central en la cobertura de salud de los adultos mayores. Se estima que en las cuatro provincias patagónicas hay alrededor de 300 mil afiliados al PAMI, de los cuales unos 110 mil corresponden a Río Negro, el distrito con mayor cantidad de beneficiarios en este esquema.
Uno de los principales voceros del reclamo es Andrés Sabalette, gerente de la Clínica Juan XXIII de General Roca y referente de un grupo que nuclea a unas 30 clínicas de la región. En diálogo con Letra P, describió un panorama alarmante tanto en lo financiero como en lo operativo.
“Tenemos un gran problema. El PAMI mantiene una enorme cantidad de pagos atrasados y valores completamente desactualizados, lo que genera un descalabro financiero en los sanatorios privados”, sostuvo. Según explicó, la situación se viene agravando desde principios de año, con dificultades crecientes para cumplir con obligaciones básicas como el pago de salarios en tiempo y forma.
Sabalette también puso el foco en el atraso de los aranceles que paga el organismo nacional, que según estimaciones del sector alcanza aproximadamente un 70% respecto de los costos actuales del sistema de salud. “El mayor problema es el precio de las prestaciones, que hoy está completamente fuera de la realidad económica”, remarcó.
Este desfase, sumado a la inflación y al incremento sostenido de los costos operativos, dejó a muchas clínicas en una situación límite. En algunos casos, el PAMI representa entre el 40% y el 70% de los ingresos de los establecimientos, lo que agrava aún más el impacto de la crisis.
El conflicto también tiene como protagonista al director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguízamo, a quien los prestadores le elevaron reiterados reclamos formales en busca de una solución urgente. Sin embargo, hasta el momento no hubo respuestas concretas que permitan desactivar la escalada del conflicto.
De acuerdo a lo planteado por Sabalette, desde el organismo reconocen las dificultades pero atribuyen las demoras a problemas estructurales de financiamiento. “Nos dicen que hay retrasos en los aportes patronales y que desde el Tesoro nacional no están llegando los recursos necesarios para afrontar los pagos”, explicó.
En ese sentido, el deterioro del sistema no solo responde a decisiones administrativas, sino también a un contexto económico más amplio. La creciente informalidad laboral en Argentina impacta directamente en la recaudación del PAMI, que depende en parte de los aportes de trabajadores y empleadores.
El escenario económico nacional también aparece como un factor determinante en la crisis. Desde el sector de la salud privada sostienen que la política fiscal del gobierno nacional condiciona la disponibilidad de fondos para organismos como el PAMI. En ese marco, señalan al ministro de Economía, Toto Caputo, como uno de los actores clave en la definición de los recursos. Según estimaciones que circulan en el sector, existirían importantes sumas retenidas a nivel del Tesoro que no se trasladan al sistema de salud.
“El PAMI se está desfinanciando en un contexto de crisis económica y avance de la informalidad. Cada vez más empresas no pagan aportes patronales, y eso impacta directamente en el presupuesto del organismo”, advirtió Sabalette.
Esta combinación de factores que junta atraso arancelario, deuda acumulada y caída de ingresos, genera un círculo vicioso que termina afectando de manera directa la calidad y disponibilidad de la atención médica para los afiliados.
Las medidas que comenzarán a regir desde el lunes implican un fuerte recorte en las prestaciones. Las clínicas dejarán de atender consultas programadas, estudios de rutina y prácticas ambulatorias para afiliados del PAMI. Solo se mantendrán las prestaciones en casos de urgencia o emergencia, lo que marca un cambio drástico en el funcionamiento habitual del sistema. “Los afiliados que no presenten urgencias deberán pagar como pacientes particulares o resignarse a la postergación de sus turnos”, indicaron desde el sector.
La decisión impacta especialmente en pacientes con enfermedades crónicas, que requieren controles periódicos y tratamientos continuos. Para muchos de ellos, la interrupción de la atención puede tener consecuencias graves en su estado de salud.
Uno de los aspectos más preocupantes del conflicto es la posibilidad de que las guardias médicas también se vean afectadas en los próximos días. Según advirtieron los prestadores, si no hay una respuesta inmediata del Gobierno, las medidas podrían profundizarse a partir de mayo.
“El sistema está al borde del abismo. Si no hay soluciones concretas, las guardias también podrían verse comprometidas”, alertaron desde el sector. De concretarse este escenario, la cobertura quedaría severamente limitada incluso en situaciones críticas.
La advertencia encendió alarmas en todo el sistema sanitario patagónico, donde el PAMI tiene un peso determinante. La eventual caída de las guardias implicaría un riesgo directo para la atención de emergencias, con impacto potencial en la mortalidad y la calidad de vida de los afiliados.