Enarsa seguirá costeando la importación de combustible, que se quería tercerizar. Facturas más caras en el AMBA para pagar el régimen diferencial en el sur.
Javier Milei bajó la privatización de la compra de GNL y traslada a usuarios el mayor subsidio a zonas frías
La privatización de las importaciones de gas natural licuado (GNL) que venía realizando la estatal Enarsa se convirtió en otra medida fallida de la administración de Javier Milei. La licitación para que actores del sector privado se hicieran cargo de traer y comercializar los barcos de combustible para el invierno pasó al archivo.
Ante el doble impacto tarifario e inflacionario que iba a provocar el traslado del precio del GNL del comercializador privado a hogares, industrias y centrales térmicas, la gestión libertaria resolvió dar de baja la licitación en curso y mantendrá a Enarsa como única compradora de los cargamentos de gas.
Lanzado a principios de año con el objetivo de correr al Estado del negocio energético, el proceso licitatorio apuntaba a contratar un “agregador comercial” encargado de la compra externa y la posterior reventa del GNL en el mercado interno. La iniciativa se vio afectada por la disparada de los precios internacionales tras el conflicto bélico en Medio Oriente.
Al inicio de la licitación, el GNL cotizaba entre u$s 10 y u$s 12 por millón de BTU. Tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán, los valores saltaron por encima de los u$s 20 por MBTU.
El esquema contemplaba que una empresa privada quedara a cargo de la provisión por barco, la regasificación en la terminal de Escobar y la venta del combustible a distribuidoras, generadoras eléctricas y grandes industrias.
Las empresas debían cotizar la “prima” o sobretasa adicional sobre el precio internacional del GNL para operar el abastecimiento durante el pico de demanda invernal.
En la primera ronda, la multinacional Trafigura —con sede en Singapur— ofertó una prima de u$s 4,91 por millón de BTU, frente a los u$s 4,95 de Naturgy. Ante la escasa diferencia, se abrió una instancia de mejora en la que Naturgy quedó mejor posicionada con u$s 4,50, contra u$s 4,57 de Trafigura.
Tras comprobar que el precio final prácticamente duplicaba el previsto a comienzos de año y que su traslado a tarifas iba a profundizar el malhumor social y sostener la inflación por encima del 3% mensual, el ministro de Economía, Toto Caputo, resolvió anular la licitación y mantener a Enarsa al frente de las importaciones.
Si bien la empresa estatal no podrá evitar los altos precios internacionales, el esquema vigente del sistema gasífero le permite a Caputo moderar el traslado directo a tarifas, ahora en tensión con el objetivo oficial de desacelerar la inflación.
Al igual que durante la gestión de Alberto Fernández, la administración mileísta continuará subsidiando buena parte del GNL importado para cubrir la mayor demanda de los meses de frío que no alcanza a abastecer la producción local.
De acuerdo con proyecciones del sector, este año será necesario importar entre 22 y 25 cargamentos entre mayo y agosto, con un costo cercano a los u$s 1400 millones, casi el doble de lo estimado a principios de enero.
Casi en paralelo al freno de la privatización del GNL, Milei le concedió a Caputo nuevas facultades para aumentar el cargo específico que recae en las facturas de gas y financia el régimen de zona fría.
Por medio del decreto 266/26, el ministro de Economía quedó habilitado para elevar el recargo actual del 7,5% sobre el precio del gas hasta un máximo de 11,25%.
El régimen de zona fría fue creado en 2002 para asistir a unos 850.000 hogares de la Patagonia, la Puna y Malargüe. Se financiaba con un recargo del 4,46% en las facturas del resto del país.
En 2021, tras un polémico proyecto impulsado por Máximo Kirchner y técnicos de La Cámpora, la gestión albertista amplió el beneficio a otros 3,1 millones de usuarios. El recargo subió entonces al 5,44%.
La expansión incorporó a gran parte de la provincia de Buenos Aires, el centro y sur de Córdoba, el sur de Santa Fe, Mendoza y casi toda San Luis. Desde entonces, la mitad de los usuarios del gas por redes accede a este subsidio, que se suma a otros mecanismos de compensación estatal.
El beneficio implica descuentos de entre 30% y 50% en la factura final para sectores vulnerables como jubilados, beneficiarios de AUH, pensiones o electrodependientes.
Tras asumir, Milei intentó recortar la ampliación mediante la ley ómnibus, pero la resistencia de gobernadores y legisladores frenó la iniciativa.
Según la consultora Economía y Energía, actualmente 4,2 millones de usuarios reciben el beneficio. El 72% se concentra en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza.
En contraste, las provincias patagónicas —destinatarias originales del esquema— reúnen apenas el 17% de los beneficiarios, pese a registrar las temperaturas más bajas del país.
Desde mediados de 2024, Caputo incrementó de manera gradual el recargo hasta llevarlo al 7,5% en diciembre. Con el nuevo decreto, ahora tiene margen para aumentarlo hasta un 50% adicional.