La nueva composición del Congreso anticipa la aprobación de proyectos que atentan contra los derechos laborales. Antecedentes y un fallo de la Corte.
El Gobierno impulsa una reforma laboral
Tras la victoria electoral de la Libertad Avanza, el Congreso tendrá una nueva composición que le otorga al Gobierno un mayor respaldo legislativo. El nuevo escenario no solo implica un reordenamiento político, sino que anticipa la posible aprobación de proyectos, que limitan los derechos de trabajadores, como es la reforma laboral.
Nadie niega que las leyes deben actualizarse para amoldarse a los cambios de los últimos años. La realidad ha cambiado y la legislación debe registrar ese cambio. Pero eso no implica que se deban perder derechos laborales.
No conocemos aún el proyecto que el Gobierno presentará en el Congreso, pero podemos imaginarnos la línea a seguir mirando simplemente las propuestas en la primera Ley Bases que se discutió a principios de 2024.
Si se aprobara la reforma propuesta por el Gobierno de aquel entonces, la jornada laboral podría extenderse hasta 12 horas si el empleador lo considerara necesario. Esto desorganizaría la vida del empleado que no podría saber cuántas horas debería trabajar en un determinado período. Además, la ley habilitaría la posibilidad de pagar una parte del sueldo con “tickets canasta”, práctica ante la cual la Corte Suprema se ha manifestado en contra en más de una ocasión.
La iniciativa gubernamental también impactaría en el descanso. Los empleadores podrían fragmentar las vacaciones y darlas en verano cada dos años. Las indemnizaciones, por su parte, podrían abonarse en un cómodo plan de 12 cuotas. El argumento que esgrimen es que disminuir el costo laboral redundaría en un aumento del empleo registrado.
No cabe duda de que lo que genera empleo formal es el desarrollo económico. Así quedó demostrado en los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. Ningún empresario contrata a un empleado porque es barato, lo contrata porque necesita que realice una tarea determinada.
Entre 2005 y 2013, el último ciclo de crecimiento que tuvo la economía nacional, el empleo registrado del sector privado creció a un ritmo de casi 5% anual con las mismas leyes laborales que hoy tenemos, mientras el empleo formal disminuye y crece la informalidad por el deterioro de la economía.
Hace poco más de un año, el Gobierno puso en marcha el denominado Régimen de Promoción del Empleo Registrado con el objetivo de combatir el trabajo informal. El programa ofrecía una serie de beneficios a los empleadores, como la extinción de acciones penales, la condonación de infracciones y el perdón de entre el 70 y el 90 por ciento de las deudas por aportes y contribuciones. En los hechos, se trataba de un perdón generalizado a quienes incumplieron con la ley laboral. El resultado fue que se redujo el trabajo registrado y aumentó el informal.
En este escenario es necesario preguntarse cuál es el objetivo de la reforma. Como señalé al principio: “Se hace por algo, para algo y para alguien”. ¿Se trata de modernizar la legislación para ajustarla a la nueva realidad respetando los derechos adquiridos o lo que se busca es permitir que los empresarios argentinos y el capital extranjero vengan a invertir aumentando sus márgenes de ganancia mediante la reducción del costo laboral?
El Gobierno afirma que, al reducir derechos y no penar al empleador por el incumplimiento de sus obligaciones patronales, se incentiva el crecimiento del empleo formal. Pero, si realmente se quiere combatir esta situación que afecta a más del 40% de los trabajadores, lo lógico sería controlar a quienes producen, sancionar a los empleadores que no cumplen con la ley y penalizar la contratación de trabajadores de manera informal.
Sin embargo, las reformas que propone el Gobierno van en sentido contrario. Resulta absurdo quitarles derechos a quienes sí los tienen para supuestamente beneficiar a quienes hoy trabajan sin protección.
La reforma laboral tiene que ampliar los derechos, no restringirlos. Se ha demostrado en la historia que cuando la economía se fortalece, las condiciones laborales mejoran. Es fundamental reactivar la economía, impulsar el mercado interno y regular las importaciones. De esta manera, se genera más empleo, se dinamiza el consumo y las empresas se ven favorecidas. Entonces, resulta contradictorio dejar de lado a los trabajadores cuando son justamente quienes sostienen a las empresas y a la producción del país.
