El escándalo de los 211 mil dólares pone un manto de sospecha sobre el relato anticasta del Gobierno. ¿Quién paga la cuenta? La naturalización del borocotazo.
El escándalo de Edgardo Kueider puso bajo la lupa las alianzas de Javier Milei en el Congreso.
El caso del senador Edgardo Kueider debería ser, ante todo, un golpe a la credibilidad del gobierno de Javier Milei, ya que expone las contradicciones de una administración que llegó al poder con promesas de combatir a la "casta" y a la corrupción.
Detenido en Paraguay con una suma exorbitante de dinero no declarado, Kueider no solo encarna un ejemplo de prácticas ilícitas, sino que refleja el cinismo de un sistema político que se acomodó a conveniencia de los intereses del oficialismo. Este episodio no muestra nada nuevo, pero su obscenidad debería ser un nuevo recordatorio de que puede haber corrupción e intentos de impunidad incluso entre quienes prometen renovaciones morales.
Es cierto que LLA había logrado cierta gobernabilidad en base a acuerdos políticos con fuerzas como el PRO, la UCR y legisladores sueltos que se prestaban al juego oficialista. Pero ¿qué recibían a cambio esos bloques?
Personas bien pensantes podrían argumentar que nadie quería oponerse a un presidente con buenos niveles de aprobación e imagen o, incluso, que esos partidos no tenían aún en claro cuál era su propuesta alternativa en caso de tener que funcionar como oposición. También podría haber ocurrido que votaran a favor del oficialismo a cambio de devoluciones que luego no llegaban, para luego volver a caer en la misma trampa en la siguiente votación. El caso Kueider podría estar evidenciando que, en algunos casos, el motivo no era tanto una negociación política sino personal.
No sería raro en la historia de los gobiernos argentinos que a medida que transcurra su mandato comencemos a conocer que, más que persuasión y liderazgo político, las herramientas utilizadas fueron otras: quizás se sigan encontrando dinero, embajadas o cargos para amigos y familiares.
Para quienes vinieron a gobernar “contra la casta” o contra la corrupción (siempre del otro, nunca propia), es factible pensar que quedar vinculados a estos delitos les reste consideración pública. Más aún, si en el futuro fallara algo de lo que hasta acá es la principal carta a favor del Gobierno, que es haber realizado un severo ajuste económico priorizando la desaceleración de la inflación – pero ninguneando el impacto de sus políticas en la mayor parte de los sectores productivos argentinos, en los ingresos de los hogares, en la infraestructura social y productiva, en las capacidades públicas para implementar políticas de desarrollo y en los niveles de pobreza e indigencia en nuestra sociedad -.
La respuesta inicial del gobierno fue vacilante y, por tanto, reveladora: acusaciones para intentar ligar a Kueider con el kirchnerismo y la eliminación de declaraciones desafortunadas en redes sociales por parte de funcionarios del Ejecutivo Nacional. No hubo una estrategia comunicacional clara para afrontar el escándalo, algo extraño en un gobierno cuyo mayor sustento es la comunicación. Como muestra, la Secretaría de Comunicación y Medios, a cargo del vocero presidencial, Manuel Adorni, cuenta con un subsecretario, 20 directores, 12 coordinadores y 175 empleados; y ni siquiera es la única oficina que tiene funciones comunicacionales en la Presidencia de la Nación.
Nadie esperaba que el Gobierno se hiciera cargo, desde ya. Milei prefirió enfocar su narrativa en CFK e intentar desviar la atención de su propio vínculo político con el senador entrerriano. Hasta el cierre de esta columna, el bloque oficialista no había propuesto ninguna sanción hacia un senador que fue encontrado in fraganti cometiendo un delito. La gravedad puede ser objeto de discusión y, por tanto, plantearse qué sanción corresponda; pero difícilmente pueda justificarse no tomar ninguna carta institucional en el asunto.
El peronismo aprovechó para exponer la fragilidad de las alianzas del oficialismo y la falta de coherencia de sus discursos anticorrupción. No está exento de sus propios antecedentes de intentar tapar delitos y demorar en tomar acciones disciplinarias contra sus dirigentes implicados. En este caso, logicamente, actuó rápido, pero su propuesta de expulsar a Kueider del Senado enfrenta múltiples obstáculos políticos: ninguna fuerza parece dispuesta a darle ese voto adicional que pasaría a tener Unión por la Patria en la cámara alta, en caso de que Kueider fuera suplantado.
¿De quién es Kueider?
¿Qué terminal política debería verse afectada por su evidente corrupción (o variantes de delitos no menos graves)?
¿Quién debería hacerse cargo?
Más allá de que entró efectivamente en la boleta peronista (con CFK y Alberto Fernández en la misma lista), está claro que hoy responde a LLA. El peronismo debe hacerse cargo de a quién postuló en sus boletas, pero La Libertad Avanza tiene la responsabilidad de responder ante la sociedad por el comportamiento de quienes hoy son sus aliados o miembros.
No está claro si efectivamente habrá algún partido que realmente “pierda” frente a sus votantes por el caso Kueider. Tampoco debería asombrar que a cada ciudadano este episodio le reforzara sus creencias previas: Kueider siempre puede ser “del otro”, sobre todo en un mundo donde los algoritmos de las redes sociales blindan un escudo de posverdades difícil de atravesar. Sin embargo, sería obtuso negar este tipo de panquequeos partidarios, en general concretados en busca de beneficios personales.
¿Qué distingue el salto de Kueider de los que dieron Patricia Bullrich (PRO), Daniel Scioli (desde UxP) o la segunda marca del partido antes conocido como UCR, todos al mileísmo explícito?
El cálculo que cada quien hizo para decidir esa transfugueada es imposible de conocer, como para determinar si fue de buena fe o tuvo intereses espurios detrás. En todo caso, son tan sólo una muestra de la fuerza gravitacional que hoy tiene Javier Milei, que también es consecuencia del poco peso de los liderazgos opositores.
Lo que sin dudas está claro es que la identidad y el sentido de pertenencia de los partidos políticos argentinos está en un momento frágil: son valores que la sociedad argentina hoy no reconoce. Esto reduce el costo que pagan estos legisladores por su transfuguismo: hace apenas dos décadas, un recorrido similar, pero en sentido “inverso”, del PRO a la bancada peronista, le costó a Eduardo Borocotó no sólo el final de su carrera política, sino darle nombre al verbo que identifica esa actitud traicionera hacia su partido. Hoy, ni siquiera es claro que quienes se pasaron de bando no puedan, a futuro, incluso retornar a su espacio político original.