En los últimos días se produjo un hecho inédito en la política contemporánea de la argentina, casi la totalidad de los gobernadores se unieron para enfrentar -al menos verbal y textualmente- al gobierno del presidente Javier Milei.
Los mandatario provinciales se abroquelaron detrás de Ignacio Torres para defender los intereses de las provincias. La opinión pública y los tropezones de Javier Milei.
Javier Milei
En los últimos días se produjo un hecho inédito en la política contemporánea de la argentina, casi la totalidad de los gobernadores se unieron para enfrentar -al menos verbal y textualmente- al gobierno del presidente Javier Milei.
Obviamente no estamos hablando del ni del Chacho Peñaloza ni de Facundo Quiroga o Juan Manuel de Rosas, sino de Ignacio Torres, gobernador de la provincia de Chubut quien fue el primer “apuntado” por el gobierno libertario, y no casualmente pertenece a Juntos por el Cambio.
Es sabido que el Presidente mantiene una alianza de gobierno con el exmandatario Mauricio Macri y que esa alianza se encontraba en un punto crítico de negociaciones luego de la fuerte derrota parlamentaria por la denominada “ley ómnibus”.
Analicemos dos cuestiones del conflicto. La primera, el gobierno nacional no incluyó en sus cálculos el apoyo de los gobernadores peronistas y no peronistas a su par de cambiemos. La Argentina durante algunas horas pareció ingresar en una situación insólita, no solo por la proclama explosiva de la liga de los gobernadores patagónicos que amenazaban con dejar sin “nafta al país” escalando el conflicto por el descuento que realizó la administración nacional en la coparticipación de la provincia de Chubut por 13 millones de dólares aproximadamente, llevándolo a una disputa casi de unitarios versus federales. Sino porque los partidos políticos con mayor representatividad institucional y parlamentaria se unieron en defensa de una misma causa.
Pareciera ser que el gobierno del presidente autodefinido anarcocapitalista sobreestimó la inteligencia política de los gobernadores, que defendieron fuertemente a su par, pero que también fue en defensa propia, porque en la mira están todos y no solo Torres. Además, recordemos que horas antes Gita Gopinath, la numero dos del FMI, le había advertido al presidente sobre la conflictividad social que podían generar las medidas implementadas por su gobierno y algo que todos sabemos, ninguna inversión llega con conflicto social e institucional a ningún país del mundo. Los gobernadores sin dudas supieron leer y administrar mejor el escenario político, que el Presidente que entiende que es mejor leer las redes sociales que la realidad.
En segundo lugar, el Gobierno también se complicó en otro terreno, el de la opinión pública, pareciera que en ningún momento creyó que sociedad podía inclinar la balanza en apoyo hacia la “casta de los gobernadores rebeldes”.
Quienes nos dedicamos a estudiar a la opinión pública entendemos que el efecto de nominación de “casta política” a un sector puntual (diputados y senadores, el Congreso en fin) le funcionó de forma más que efectiva a Milei y también en ese marco entendemos que quien nomina, domina.
Pero el concepto de “la casta política” tiene un límite y ese límite es la política de cercanía, los gobernadores en principio tienen la legitimidad del voto popular al igual que el Presidente, ellos fueron elegidos por sus coterráneos, gozan de altos niveles de imagen positiva y en muchos casos niveles de imagen muy superiores a las que hoy registra Milei.
En esa política de cercanía es donde se diluye el concepto de “casta” y entran juego otros valores muchos más tangibles. Quienes apoyan a sus gobernadores los sienten como a uno más, como alguien propio que los representa, dentro y fuera de su provincia, tanto en valores como en identidad. Pero lo más importante en estas situaciones, ellos son quienes los defienden de una agresión exterior, que en este caso y no es menos importante, de una agresión porteña.
En fin, el Gobierno tuvo que retroceder y ceder algo que no le gusta ni suele hacer Javier Milei que juega a fondo. Claudicó, aceptó el fallo del juez federal de Rawson y giró los recursos del Fondo Compensador del Transporte del Interior para la Provincia de Chubut al acatar el fallo de la justicia abriéndoles una ventana en la cual los gobernadores pudieron ver que cuando el gobierno erra en la táctica y la estrategia, parece que hay plata.