El exministro de Economía de Río Negro cuestiona la protección estatal de las cooperativas. El caso de la CEB de Bariloche.
Sede la de CEB - Cooperativa Eléctrica de Bariloche
En el imaginario colectivista argentino, pocas figuras gozan de tanto prestigio moral como la cooperativa. Se la presenta como el epítome de la justicia social: un modelo solidario donde los trabajadores y usuarios son dueños, donde se rechaza el lucro “egoísta” del capitalismo y donde el Estado, con su mano benefactora, otorga ventajas impositivas para proteger el bien común.
Pero, como ocurre con tantas intervenciones estatales envueltas en retórica progresista, la realidad revela una hipocresía profunda. Detrás de las buenas intenciones y del discurso de “economía social” se esconde el mecanismo clásico de apropiación de beneficios: un grupo de gerentes y directivos utiliza la figura cooperativa para disfrutar de exenciones fiscales y mercados cautivos, mientras los verdaderos asociados —los individuos que pagan las facturas— sufren tarifas elevadas, servicios deficientes y nula redistribución real de beneficios. Es el capitalismo de amigos disfrazado de solidaridad; el privilegio de unos pocos financiado con el esfuerzo de muchos, todo legitimado por el Estado que, en nombre de la equidad, termina protegiendo ineficiencias y concentraciones de poder.
Este fenómeno no es un accidente. Es el resultado previsible de conceder ventajas especiales a entidades que, al crecer, abandonan cualquier rasgo genuino de democracia interna y participación para convertirse en burocracias gerenciales con respaldo político. Las cooperativas nacieron con el ideal de solidaridad y propiedad compartida; en la práctica argentina, muchas se han transformado en vehículos para que una cúpula capture los beneficios que el mercado libre les negaría por competencia.
Uno de los ejemplos más claros de esta degeneración es la Cooperativa de Electricidad de Bariloche (CEB), que distribuye energía a más de 60.000 usuarios en Bariloche y Dina Huapi.
Los asociados de la CEB pagan una tarifa eléctrica más alta que los usuarios de la distribuidora EdERSA, la empresa privada que atiende al resto de la provincia de Río Negro. Esta diferencia resulta especialmente escandalosa porque Bariloche presenta una menor dispersión geográfica de usuarios: la población se concentra en una zona urbana y semi-urbana relativamente compacta, lo que debería traducirse en costos de atención, mantenimiento de redes y operación notablemente inferiores. Sin embargo, en lugar de reflejar esa ventaja en tarifas más bajas, los barilochenses terminan subsidiando con sus facturas una estructura más costosa y menos eficiente. Al mismo tiempo, los cortes de luz —programados e imprevistos— son recurrentes, producto de una falta crónica de inversión en la red de distribución. Lejos de concentrarse en su misión esencial —brindar energía confiable y accesible—, la CEB se ha expandido a actividades ajenas como televisión por cable e internet, financiadas en buena medida con los recursos generados por la tarifa eléctrica. Los socios que sufren los cortes de luz terminan subsidiando indirectamente esos negocios que poco tienen que ver con el fin original de la cooperativa.
Los directivos, por su parte, gozan de sueldos elevados y privilegios que contrastan fuertemente con las quejas cotidianas de los usuarios. Un caso reciente y simbólico fue la misión institucional a China en marzo de 2026, donde una nutrida comitiva gerencial encabezada por el presidente participó de un programa sobre “Smart Cities”. Más allá de las justificaciones técnicas, muchos asociados se preguntan por qué se destinan recursos a viajes internacionales cuando la red local deja mucho que desear.
Pero el privilegio más significativo es el de la concesión misma. En 2009, la Legislatura provincial prorrogó por ley el plazo de la concesión del servicio de distribución eléctrica por diez años, sin llamar a licitación pública. Esa prórroga vence en febrero de 2027. De esta manera, la CEB pudo continuar operando como prestadora única sin someterse a competencia, manteniendo todas las ventajas impositivas y regulatorias propias de la figura cooperativa.
A esto se suma el uso recurrente de la entidad como trampolín político, donde las elecciones internas, que se repiten todos los años, se convierten en disputas de poder entre sectores partidarios locales, alejando la gestión de cualquier principio real de democracia cooperativa.
El vencimiento de la concesión en 2027 representa una ventana histórica para el regulador provincial. En lugar de buscar prorrogar nuevamente por vía legislativa, corresponde llamar a una licitación pública abierta y permitir que empresas privadas —con mayor acceso a capital, tecnología y disciplina de mercado— compitan por brindar el servicio.
Una licitación bien diseñada podría exigir inversiones obligatorias en la red, estándares estrictos de calidad y continuidad del servicio, y tarifas más competitivas. Los usuarios de Bariloche y Dina Huapi finalmente tendrían la posibilidad de recibir un mejor servicio a un menor costo, sin seguir subsidiando ineficiencias ni privilegios gerenciales.
Este patrón se repite en numerosas cooperativas de servicios públicos del interior argentino. Las ventajas fiscales pensadas para entidades pequeñas se perpetúan, pese a que ahora operan como grandes prestadoras monopólicas. El Estado termina fomentando precisamente lo que debería combatir: la concentración de poder y el beneficio privado sin riesgo ni competencia.
Cuando una cooperativa se convierte en una gran empresa protegida por el Estado, deja de ser una herramienta que buenos vecinos utilizan para brindar servicios a su comunidad y se transforma en un instrumento de privilegios encubiertos.
Es hora de desmantelar estos disfraces. Porque la verdadera justicia no surge de imponer “solidaridad” por ley ni de otorgar privilegios fiscales selectivos. Surge de permitir que los individuos elijan libremente, que la competencia premie la eficiencia y que nadie pueda usar el poder del Estado para vivir a costa del esfuerzo ajeno. Los barilochenses, como tantos otros argentinos, merecen dejar de pagar la factura —literal y figurada— de esta hipocresía.