A medio siglo del inicio de la dictadura acechan deudas y amenazas. El desafío para convencer, proteger y ordenar con justicia.
A 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la memoria no puede reducirse a una ceremonia. Recordar es indispensable, pero ya no alcanza con conmemorar. También hay que preguntarse en qué estado está hoy la democracia argentina y cuáles son las amenazas que la acechan.
La dictadura fue la forma más brutal de destrucción del orden democrático: terrorismo de Estado, desapariciones, censura, persecución, exilio, miedo. Por eso, la recuperación de 1983 tuvo una dimensión histórica excepcional. Raúl Alfonsín entendió que no se trataba sólo de salir de una noche trágica, sino de fundar una nueva legitimidad política. Su promesa de “cien años de democracia” expresó una ambición colectiva: que nunca más la violencia reemplazara a la ley.
Desde entonces, la democracia argentina consiguió mucho. Llevamos 43 años ininterrumpidos de vida constitucional, el período más extenso de nuestra historia. Se juzgó a las Juntas Militares, se consolidó una política de memoria, verdad y justicia, y se ampliaron derechos que hoy forman parte del patrimonio democrático de la sociedad argentina. Nada de eso debe relativizarse.
Pero tampoco debemos engañarnos. La democracia argentina arrastra deudas profundas. No logró asegurar de manera sostenida bienestar, estabilidad ni progreso para millones de argentinos. Las crisis recurrentes, la pobreza, la desigualdad y la frustración social fueron debilitando la confianza en el sistema. Y cuando una democracia no mejora la vida concreta de su pueblo, se vuelve más vulnerable frente a quienes prometen arrasar con todo.
Sobre ese malestar -como ocurre en distintos lugares del mundo- crecen discursos que desprecian el debate, denigran al adversario, subestiman las reglas del Estado de derecho y exaltan formas de liderazgo que entienden a la democracia como un obstáculo y no como un valor.
Las nuevas derechas extremas no siempre llegan diciendo abiertamente que vienen contra la democracia. A veces hablan en nombre de la libertad mientras erosionan los consensos básicos de la convivencia democrática. Otras veces invocan el orden mientras degradan controles institucionales. O dicen venir a terminar con los privilegios de la política, pero terminan cuestionando el pluralismo, hostigando al periodismo, atacando a la sociedad civil y promoviendo una lógica de amigo-enemigo incompatible con la República. Informes internacionales recientes alertan sobre el deterioro del clima institucional en la Argentina.
Hay una amenaza que suele leerse de manera fragmentaria y que, sin embargo, debe ser comprendida en toda su dimensión política: el narcotráfico.
Durante demasiado tiempo, una parte de la dirigencia habló del narcotráfico como si se tratara solamente de un problema policial. Hay errores de diagnóstico que se pagan caro. El narcotráfico no es sólo delito, es una disputa de poder. Es control territorial. Es captura institucional. Es disciplinamiento social. Y cuando avanza, no se limita a vender droga: empieza a disputar quién manda realmente en una comunidad.
El narco no se instala de verdad cuando abre un búnker. Se instala cuando una banda pesa más que la ley. Cuando el miedo pesa más que la ciudadanía. Cuando la plata ilegal pesa más que las instituciones. Entonces, ya no estamos solo frente a un problema de seguridad. Estamos frente a un proceso de degradación democrática.
Cuando la plata de la droga compra protección, silencia funcionarios, corrompe agencias estatales o condiciona investigaciones, la democracia empieza a funcionar bajo presión. Empieza a convivir con un poder clandestino que no fue elegido por nadie, pero que influye, aprieta y decide. Y una democracia condicionada por poderes criminales deja de ser plenamente libre.
Los informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), vienen mostrando con claridad que el crimen organizado, cuando consolida control territorial, no sólo comete delitos: impone reglas, reemplaza funciones estatales y construye poder. No hace falta que colapse un país entero para hablar de amenazas democráticas. A veces alcanza con que haya barrios donde la ley valga menos que una amenaza.
La democracia no se erosiona solamente en los despachos. También se rompe en la esquina. Se rompe cuando una madre sabe quién vende droga en su barrio, pero no se anima a denunciar. Se rompe cuando un comerciante debe pagar para trabajar. Se rompe cuando un adolescente aprende demasiado temprano que en su cuadra manda una banda y no el Estado.
Y hay una arista todavía más inquietante, porque se presenta disfrazada de auxilio: la económica. Cuando el banco no presta, aparece el narco. Cuando el sistema formal expulsa, aparece el efectivo criminal, aparece la falsa solución inmediata. Pero nadie le debe plata gratis al narco. Esa deuda se cobra con obediencia, silencio, favores y sometimiento territorial. La extorsión y la usura criminal no son efectos secundarios del delito organizado, son instrumentos de poder.
Cuando una organización criminal empieza a ordenar la vida económica y social de un barrio, estamos frente a una soberanía en disputa.
Ese deterioro tiene un efecto político todavía más peligroso. Cuando una sociedad siente que la democracia no puede garantizar orden justo, seguridad y protección real, aparece una tentación conocida: la de aceptar cualquier forma de dureza como si fuera una solución.
Entonces, el narcotráfico erosiona la democracia dos veces: primero; cuando ocupa territorio, corrompe instituciones y somete comunidades. Después; cuando produce el clima de miedo y desesperación que alimenta respuestas simplificadas, extremas y cada vez menos respetuosas de la legalidad democrática.
Por eso, a 50 años del golpe, la defensa de la democracia exige una mirada más amplia que la sola conmemoración. Exige memoria, sí. También lucidez política para entender sus formas contemporáneas de deterioro. Exige defender las libertades públicas y las instituciones republicanas frente a los impulsos autoritarios de cualquier signo. Y exige comprender que no habrá democracia robusta si hay territorios donde manda una banda, si la justicia tiene precio, si la política se deja contaminar por dinero criminal o si el miedo organiza más la vida social que el Estado.
Combatir el narcotráfico no es hacer marketing de la dureza. No es actuar para las cámaras. No es gritar más fuerte. Es construir Estado, recuperar control territorial y sanear las instituciones. Es fortalecer la inteligencia criminal, la justicia, la investigación patrimonial, los controles fronterizos y la coordinación federal. Es invertir en prevención, educación, urbanización y oportunidades reales para los jóvenes. Es sostener políticas de Estado en el tiempo, con coraje y con conducción política.
La democracia argentina ha demostrado una enorme capacidad para sobrevivir. Pero sobrevivir ya no alcanza. Tiene que volver a convencer, a proteger y a ordenar con justicia. Esa es la tarea de esta etapa.
Hace 50 años, la democracia fue destruida por la violencia, el autoritarismo y el terrorismo de Estado. Hoy puede vaciarse por otros caminos: por la desintegración social, por el avance del crimen organizado, por el desprecio a las instituciones y por el crecimiento de liderazgos que entienden la democracia como una molestia.
Frente a eso, el radicalismo tiene una responsabilidad especial. No sólo por su historia. No solo por Alfonsín. Sino porque creemos que la democracia no es un procedimiento mínimo, sino una forma de organizar la vida colectiva con libertad, igualdad, ley y dignidad.
Defender la democracia hoy no consiste únicamente en recordar cómo fue destruida en el pasado. Consiste en advertir cómo puede erosionarse en el presente y en tener el coraje de enfrentar a quienes la degradan.
La democracia no se negocia. No se relativiza. No se vacía.
La democracia se defiende.
