Alrededor de 18 horas después de los ataques a la sede de los tres poderes, la capital de Brasil se encontraba este lunes a mediodía bajo control, pero aún se podían ver las huellas de la destrucción en el Palacio del Planalto, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal (STF) luego del violento asalto que sufrió ayer por parte de miles de militantes bolsonaristas para pedir un golpe militar. "La situación en Brasilia está controlada", afirmó a través de Twitter el interventor federal en el Distrito Federal, Ricardo Cappelli, el delegado operativo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para poner en caja el desmadre que este domingo por unas horas amenazó con llevarse puesta la democracia en el gigante sudamericano a una semana de la asunción del tercer mandato del histórico líder petista.
Cappelli asumió el comando de todas las fuerzas de seguridad de Brasilia después de que el presidente Lula da Silva ordenara una intervención federal en los organismos de seguridad de la capital administrativa para hacer frente al ataque a las instituciones perpetrado por unas 5 mil personas seguidoras del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro.
Fuerzas de la policía del Brasil empezaron este lunes a desmantelar el campamento instalado por bolsonaristas frente al cuartel general del Ejército, tras una orden emitida por el ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF), Alexandre de Moraes, quien dio un plazo de 24 horas para cumplir la directiva.
El ministro del STF prohibió además, y hasta finales de enero, la entrada de camiones o autobuses con manifestantes en el Distrito Federal de Brasil y liberar todas las rutas, los edificios públicos estatales y federales en todo el territorio del país. Una medida tardía, como señaló Letra P, pero que muestra que el gobierno de Lula busca curarse en salud para acometer los próximos pasos tras el intento de golpe de este domingo.
Agentes de la Policía Militarizada de Brasilia, reforzados por tropas del Ejército, bloquearon los accesos al campamento a primera hora para impedir la llegada de más manifestantes y ordenaron el desalojo pacífico de quienes permanecían en el lugar.
El operativo de desalojo del campamento frente al Cuartel General del Ejército en Brasilia, donde estaban detenidos unos 1.200 bolsonaristas, transcurrió sin enfrentamientos. Según el sector de comunicación del Ejército, nadie resistió el acercamiento de las fuerzas de seguridad.En la Plaza de los Tres Poderes, que separa el Palacio Presidencial de Planalto, la sede del Congreso y la sede del Supremo Tribunal Federal, el escenario era de destrucción, con pedazos del piso removidos, hierros retorcidos, basuras esparcidas por todas partes y hasta cápsulas de gases lacrimógenos.
Dentro de las edificaciones quedaron los rastros del violento ataque, con cientos de ventanales quebrados, sillas arrancadas, equipos destruidos y obras de arte vandalizadas, informó el medio local O Globo. La edificación del Congreso quedó marcada con carteles y pintadas con leyendas golpistas.
Capelli, que será responsable por la seguridad en la capital brasileña al menos hasta el 31 de enero, afirmó que las fuerzas policiales reiniciaron a primera hora de este lunes las operaciones para identificar a las personas responsables por los actos de vandalismo en las sedes de los tres poderes.
"Ya estamos en campo nuevamente. Los criminales seguirán siendo identificados y sancionados. No permitiremos la continuidad de concentraciones que funcionen como incubadoras de planos contra el Estado Democrático de Derecho", afirmó.
La investigación de los hechos, la eventual complicidad de las fuerzas de seguridad y la relación con las terminales de Bolsonaro serán los pasos que marcarán los próximos días de la administración de Lula, quien a una semana de llegar al poder se topó con una asonada que no por anunciada deja de hacer sonar todas las alarmas de la política brasileña y regional.
