Antes de que termine el mes, el juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia se pondrá en marcha en la comisión respectiva de la Cámara de Diputados. Ya se sabe que la relación de fuerzas hace que esa parte del trámite resulte, básicamente, la única de interés, dada la intención del oficialismo de exponer ante el tribunal de la opinión pública a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, incluso citándolos a comparecer. Luego, no habría números para que el peronismo pueda formalizar la acusación con dos tercios de los legisladores y las legisladoras presentes en la Cámara baja y menos para aprobar la destitución con la misma mayoría calificada en el Senado, carencia que se agudiza cada día que pasa ante las muestras de desinterés de más gobernadores y hasta de los legisladores que responden al movimiento obrero.
Ante ese escenario, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio (JxC) trazan sus estrategias.
La mesa nacional de JxC realizará este martes su primera reunión del año, en la que oficializará la idea de dar pelea en la comisión para tratar de desactivar la ofensiva antes de que avance, esto es bloquear la admisión del proceso. El incentivo es grande: buena parte de lo que se ventilará pasará por los contactos entre algunos de los supremos y operadores del PRO, como surgiría de los CABAleaks por los supuestos chats de Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles, mano derecha de Rosatti.
Para lograr ese cometido, JxC deberá erosionar la ínfima mayoría del Frente de Todos en la Comisión de Juicio Político, de 16 contra 15. El fiel de la balanza, especula la alianza de centroderecha, son Vanesa Massetani, Micaela Morán y Ramiro Gutiérrez, quienes responden a Sergio Massa. El Frente Renovador ya avisó que acompañará a su bloque, pero Juntos por el Cambio confía en torcer alguna voluntad en base a pegarle al ministro de Economía donde más le podría doler.
"Hasta que el juicio político no salga de la escena, nada se puede debatir con el Gobierno", advirtió el senador Martín Lousteau, poniendo en negro sobre blanco la estrategia. En concreto, la torsión anunciada para las sesiones extraordinarias hace peligrar el tratamiento de proyectos como el de fomento a la agroindustria, el marco para la exportación de gas natural licuado (GNL) y el nuevo monotributo para el sector tecnológico, temas en los que habría consenso político. Ni hablar del blanqueo de capitales, condición para la puesta en marcha del intercambio de información tributaria con Estados Unidos, un asunto más discutido, pero crucial para ampliar –encima con un criterio de estricta justicia– la base imponible en el país del ajuste inevitable.
Es cierto que Massa tiene mucho para perder en términos de proyectos que, como dijo, formarán parte de los resultados de una gestión que definirá si tiene condiciones o no de postularse a la presidencia. Sin embargo, la pérdida de control sobre alguna de esas voluntades lo debilitaría en la interna, un lujo que no podría darse en caso de decidirse a ir por el sueño de su vida, dada su pretensión de ser candidato de consenso o no ser nada.
Jugar de local
La guerra contra la Corte Suprema tiene capítulos subalternos, como la demanda presentada por el Gobierno a través de Martín Soria contra el licenciado D’Alessandro por cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y exacciones ilegales. El fiscal penal Marcelo Solimine decidió que la causa debe ser ventilada en la justicia porteña, por lo que el ministro de Justicia y Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta jugará más de local que nunca. Cabe recordar al respecto que el jefe de los fiscales porteños es Juan Bautista Mahiques, uno de los compañeros de D’Alessandro en el viaje a Lago Escondido financiado por el Grupo Clarín y, al parecer, parte trascendente de una operación de encubrimiento de la que ya se habla poco y nada.
Mientras, con su propia presentación, enfocada en el espionaje ilegal que habría dado lugar a la difusión de chats que no termina de aclarar si fueron robados o inventados, D’Alessandro obligó a declarar –por escrito– al diputado cristinista Rodolfo Tailhade. Este se desmarcó de cualquier responsabilidad en la filtración y, en un contraataque propio del segundo gol de la Scaloneta a Francia, reclamó que se investigue a su acusador… por 29 presuntos delitos.
