La querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa que investiga el intento de asesinato en su contra, representada por los abogados José Ubeira y Marcos Aldazabal, pidió que se analicen las relaciones personales y económicas que tenía Nicolás Carrizo, el hombre acusado de ser el jefe de la “banda de los copitos” que estaría detrás del atentado.
Este miércoles, Ubeira presentó un escrito ante la jueza María Eugenia Capuchetti donde exige que la Justicia investigue si hubo otras personas detrás de Carrizo, el hombre que está sindicado de ser el jefe e ideólogo de la banda y cuya defensa judicial está compuesta por abogados vinculados al PRO.
Ante las sospechas que surgieron en las primeras tres semanas de investigación, otro punto que exige develar el equipo de la expresidenta es el posible financiamiento económico del grupo, ya que se descubrió que el plan incluía la posibilidad de alquilar un departamento en las inmediaciones de la casa de Cristina Kirchner, en el barrio porteño de La Recoleta.
Desde los Estados Unidos, donde integra la comitiva oficial que lidera el presidente Alberto Fernández, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, consideró que la “banda de los copitos” contó con una preparación previa especial antes de llevar a cabo el ataque. “Hay actitudes que son de entrenamiento de alguien que tuvo formación. Insuficiente, mínimo, mal hecho, pero hubo entrenamiento”, aseguró en una conferencia de prensa ante los medios que cubrieron la visita presidencial, entre ellos, Letra P.
El equipo de la expresidenta también pidió que la jueza Capuccheti imponga el secreto de sumario para que se aceleren los tiempos de la investigación y dejen de ser divulgadas informaciones vinculadas a las pesquisas que se llevan adelante en los tribunales de Comodoro Py.
Hasta el momento, la Justicia detuvo a cuatro personas por el intento de asesinato de la vicepresidenta: Fernando Sabag Montiel, la noche del ataque luego de gatillar la pistola Bersa calibre .32; Brenda Uliarte, tres días después acusada de haber sido parte de plan criminal; Agustina Díaz, sindicada de haber intentado ayudar a Uliarte a escapar y ocultar su participación y, por último, Carrizo, sobre quien caen las sospechas de liderazgo del grupo.
Este miércoles, Díaz amplió su declaración indagatoria y negó haber estado en el domicilio de la vicepresidenta, ubicado en la esquina de Juncal y Uruguay, días antes del ataque, como sostiene la Justicia a partir de imágenes de televisión tomadas durante la vigilia que el kirchnerismo montó en el lugar. Con este objetivo, su defensa aportó los datos de geolocalización de su celular, que serán analizados en los próximos días.