08|12|2022

Violencia política contra las mujeres, un dique para la igualdad

18 de septiembre de 2022

18 de septiembre de 2022

Siete de cada diez mujeres sufrieron algún tipo de hostigamiento en espacios de militancia, en especial en las redes. Agresiones diarias, control y poder.

“El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” (Mesecvi) es el organismo internacional más importante en términos de seguimiento y monitoreo de los derechos de las mujeres. Ante el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández, manifestó su rotundo rechazo. "De acuerdo con la jurisprudencia internacional que protege y defiende los derechos humanos de las mujeres, incluyendo el derecho a que se respete su vida y a ejercer sus derechos políticos en un ambiente libre de violencia, este Comité hace un llamado a investigar, sancionar y erradicar actos de este tipo”, dice el primer párrafo del comunicado publicado después del ataque. El Comité, además, subrayó que el atentado “debe de ser considerado como una grave expresión de violencia contra las mujeres y contra el sistema democrático”.

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¿Por qué el énfasis en la violencia contra las mujeres? Porque la violencia de género es un fenómeno transversal y la política no está al margen. De hecho, en 2019, la Argentina incorporó este tipo de violencia a la Ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

 

Hasta hace tres años este tipo de violencia que hoy se visibiliza y que recrudece no estaba en el texto de la norma. La definición que se sumó a los tipos ya existentes la define como “la que se dirige a menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir la participación política de la mujer, vulnerando el derecho a una vida política libre de violencia y/o el derecho a participar en los asuntos públicos y políticos en condiciones de igualdad con los varones”.

 

La violencia política por razones de género funciona, la mayor parte de las veces, como una reacción contra la mayor participación de las mujeres en la vida pública y el acceso a derechos. De hecho, muchas de las personas referentes de sectores de ultraderecha en la Argentina nacieron al calor de la lucha contra la legalización del aborto. Las acciones afirmativas como los cupos y la paridad, aunque son esfuerzos por equilibrar la balanza, no alcanzan si no son acompañadas por la promoción de liderazgos femeninos. La erradicación de la violencia contra las mujeres en la vida política es una condición para la igualdad.

 

Un informe sobre el tema, realizado por Proyecto Generar en junio de este año, confirma este diagnóstico. “El aumento de la participación política de las mujeres provocó una reacción conservadora que intensificó sus formas de discriminación y de violencia contra ellas. La naturalización de la violencia contra las mujeres en la sociedad invisibiliza la violencia que se ejerce contra ellas en la vida política, lo que obstaculiza la identificación, elaboración y aplicación de políticas y mecanismos para erradicar el problema”.

 

Esta encuesta de carácter federal fue realizada a 1.500 mujeres, lesbianas, travestis, trans y personas no binarias de 15 a 75 años con un promedio de 12 años de activismo, militancia y/o participación política. Uno de los principales resultados de este estudio revela que siete de cada diez encuestadas sufrió o sufre violencia política.

 

Las respuestas mayoritarias indicaron que la violencia política se produce/produjo en el ámbito de militancia, espacio político u organización; el lugar donde desarrolla su función o responsabilidad; en redes sociales o portales digitales; actividades públicas, medios de comunicación y en el recinto.

 

Una amplia mayoría (92%) respondió que la violencia política la sufre/sufrieron por parte de un varón cis. En cuanto al rol de esa persona, el 59% respondió que era/es “un militante del propio espacio político u organización”; el (54%) respondió que era/es “un responsable del propio espacio político u organización”; seguido por el (36%) que respondió que era/es un militante o responsable de otro espacio u organización política, respectivamente. 

 

En el mismo sentido concluye un informe de ELA de 2018 (Violencia política contra las mujeres en Argentina. Experiencias en primera persona), que tiene un correlato con testimonios en 2021. “La violencia por razones de género en la política es un fenómeno que afecta la participación tanto de mujeres como de personas trans y travestis”, señala y agrega esta última dimensión, aún invisible porque se encuentran muy excluidas del ámbito político.

 

El mismo informe explica que “los impactos de la violencia política producen consecuencias no solo en las trayectorias individuales de quienes participan en política, sino que perpetúan una relación desigual entre los géneros y la política como herramienta de diálogo, incidencia y cambio social. Se tiñe la discusión política de comportamientos que tienen más que ver con un ejercicio de control y poder que de debate y construcción democrática”.

 

El relevamiento realizado por esta organización en 2018 coincide con el actual de Proyecto Generar. En el estudio de ELA, las encuestadas fueron legisladoras nacionales: 8 de cada 10 afirmaron haber vivido situaciones de violencia de género a lo largo de sus carreras políticas, con predominancia de la psicológica y la simbólica. En relación con las manifestaciones puntuales, el 64% de las entrevistadas fueron amenazadas o intimidadas durante el ejercicio de sus funciones políticas; al 58% le han impedido que asista a reuniones importantes o en las que se toman decisiones relevantes; al 53% le han restringido el uso de la palabra en reuniones o sesiones e incluso 27% ha percibido un ingreso salarial menor por su condición de género.

 

Las fórmulas, entonces, son diversas y múltiples: desde la exclusión de los espacios de tomas de decisión, la imposición (a veces autoimposición) de probar que tienen capacidad, la responsabilidad de las tareas de cuidado hasta hostigamiento y ataques por su condición de género en redes sociales y medios de comunicación. Los casos más graves llegan a su máxima expresión en femicidios como el de Marielle Franco en Brasil o Berta Cáceres en Honduras y el reciente intento de magnicidio de CFK.

 

¿Quién agrede y dónde?

Respecto del género de la persona que cometió las agresiones, el relevamiento de ELA da cuenta de que el 63% de las encuestadas señaló que se trató generalmente de varones; un 32% que las habían agredido indistintamente varones y mujeres y un 5% que las agresoras habían sido mujeres. La mayoría de los ataques se dieron a través de las redes sociales. En relación con la procedencia de quienes agreden, la respuesta, otra vez, viene de la mano de la transversalidad: “Alguien de otro partido” y “Alguien de mi partido” coinciden en la cantidad de menciones.

 

La periodista y política brasilera Manuela D’Avila escribe en el prólogo del libro “Siempre fue sobre nosotras” –una compilación de relatos de la violencia política de género en Brasil– una frase que resume los testimonios en primera persona de la mayoría de las mujeres e identidades feminizadas que sufrieron y sufren ataques: “Siempre supe que era difícil, pero no es justo que sea tan difícil”.