Viejo contrincante de la administración porteña del PRO, el juez Roberto Gallardo le ordenó este lunes por la noche al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, el cese "inmediato" del operativo policial que montó alrededor de la casa de Cristina Fernández de Kirchner en el barrio Recoleta. El fallo fue conocido poco después de que la vicepresidenta arribara a su vivienda, en medio de la vigilia militante que ya lleva una semana en el barrio.
Como primera respuesta oficial, en el canal TN, el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, retrucó que “la Policía va a permanecer en el barrio por tiempo indeterminado y todo el tiempo que sea necesario para devolverle al barrio la seguridad, la normal convivencia”. La polémica promete continuar este martes.
El texto insta "al señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Lic. Horacio Rodríguez Larreta, que por conducto del Ministerio de Seguridad de la Ciudad, cese en forma inmediata la ejecución de cualquier operatoria policial directa o indirectamente vinculada con la custodia de la persona, familia y/o domicilio de la Señora Vice Presidenta de la Nación".
Además, el fallo de Gallardo, que otras veces ha causado dolores de cabeza jurídicos a la administración larretista, ratifica "que conforme lo establece el régimen legal vigente, la custodia de la persona y domicilio de la vicepresidenta sito en esta ciudad, están a cargo de las autoridades de seguridad federales, que deben ejercer a esos efectos la unidad de comando y la coordinación operativa con las fuerzas locales".
El juez estableció que "la fuerza federal encargada de la custodia Presidencial será la habilitada para determinar, en función de las eventualidades específicas, el radio territorial de cobertura y las modalidades que asuman los operativos de prevención y/o contención en su caso". A la vez, en su fallo convocó al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, a un encuentro el miércoles a las 11 en la sede del Tribunal para una audiencia con su par porteño, Marcelo D’Alessandro, "a fin de oír sus argumentos previo a la resolución del fondo del amparo de autos".
El Vallas-gate se generó el sábado con la decisión del gobierno de Larreta de cercar las inmediaciones del departamento de la vicepresidenta, después de días que la militancia realizaba una vigilia en la zona, a partir del pedido de 12 años de prisión en su contra que solicitó el fiscal Diego Luciani en la causa Vialidad.
