Como cierre de la lectura de los alegatos de la causa Vialidad, el fiscal Diego Luciani pidió 12 años de prisión para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y para el empresario Lázaro Báez, quien es sindicado como partícipe de los supuestos casos de malversación de fondos públicos. Además, solicitó 10 años de cárcel para el exministro de Obras Públicas Julio de Vido y que todas las partes acusadas sean condenadas a "inhabilitación especial perpetua" por liderar e integrar una "asociación ilícita de funcionarios de alta jerarquía” que emprendió un “auténtico sistema de corrupción institucional” alrededor de la obra pública de Santa Cruz entre 2003 y 2015.
“El orden público ha sido trastocado por una asociación ilícita de funcionarios de alta jerarquía nada más y nada menos que dirigida por la entonces Presidenta como jefa y sus principales ministros como organizadores”, alegó el fiscal que también denunció que el “actuar mancomunado” de las partes acusadas “permitió el desarrollo de la maniobra en condiciones de impunidad”. “Nos encontramos ante un crimen de extrema gravedad”, declaró.
Sobre la figura de la expresidenta, Luciani detalló como agravantes para su condena el “poder” que ostentó “sobre los otros imputados” y, entre otras consideraciones, “la naturaleza de la conducta, la extensión del daño y la calidad de los motivos”. “Empleó sus competencias y poder de dirección sobre el resto de los imputados en pos de alcanzar la finalidad de lucro tan anhelada. El interés personal personal sobre el interés público”, agregó y confirmó que no encontró “ni un solo atenuante” al analizar su accionar.
"La corrupción atenta contra los principios democráticos al impedir el pleno goce de los derechos humanos. Los casos corruptos y los abusos de poder, especialmente de gobernantes democráticamente elegidos, generan problemas en la relación entre la legitimidad y la autoridad al lesionar directamente el núcleo de los valores de la democracia y, principalmente, invierten los principios del Estado de derecho: donde debiera haber igualdad ante la ley, se genera desigualdad; donde debiera primar el interés público, prima el interés privado; donde debiera primar la transparencia, priman los secretos, la opacidad y los secretos de unos pocos", afirmó Luciani.
Este lunes, durante el último día de alegatos de la Fiscalía, la vicepresidenta pidió ampliar este martes su declaración indagatoria ante "la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de (Javier) Iguacel". "Los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas", expresó a través de su cuenta de Twitter.
Durante su alegato final, Luciani criticó la estrategia judicial de la vicepresidenta y aseguró que las críticas al accionar de la Justicia, al tener en cuenta que la titular del Senado denuncia una persecución infundada en su contra, implica “trastocar el sistema de división de poderes y la jerarquía de las normas”. “Quisieron callarnos y debilitarnos psicológicamente”, denunció y ahondó: “Los gobernantes deben rendir cuentas. Atenta contra los principios democráticos intentar negarse a justificar qué se hizo con la plata de la sociedad argentina”.
Además, la Fiscalía pidió el decomiso de los 5.231 millones de pesos que los distintos casos de corrupción le habrían costado a la sociedad argentina durante los 12 años de gobierno kirchnerista. El cálculo, que asciende a 926 millones de dólares, parte del estudio hecho por el fiscal de la causa Sergio Mola a partir de las 51 obras que recibió el empresario Lázaro Báez, quien, en la investigación, es indicado como socio constructor de la actual vicepresidenta.
Con esta presentación, el Ministerio Público Fiscal finalizó la lectura de sus alegatos y, a partir de ahora, se espera el desarrollo de la defensa, quien tendrá la oportunidad de refutar y esgrimir sus propias consideraciones. En la agenda venidera de una causa judicial que pone en vilo al poder político del país, la propia vicepresidenta tendrá la oportunidad de hablar ante el Tribunal Oral Federal N°2 antes de que el mismo brinde su veredicto final, algo que, hasta el momento, no tiene fecha confirmada.
