TUCUMÁN (Corresponsalía) El gobernador interino de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y el intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, protagonizaron un fuerte cruce a través de los medios en las últimas horas a raíz del controvertido sistema de estacionamiento pago que rige desde hace tres semanas en la capital tucumana. La altisonancia les permitió ocupar el centro del ring de la política local, lo que resulta funcional para las ambiciones de ambos con vistas a las elecciones provinciales del año que viene. Jaldo busca posicionarse como el candidato inamovible por el oficialismo, mientras Alfaro procura ganar casilleros en la carrera en Juntos por el Cambio (JxC) para ser el aspirante a ocupar la Casa de Gobierno por la oposición, frente a la misma aspiración que ya hizo pública el diputado y titular de la UCR, Roberto Sánchez.
El cortocircuito se precipitó esta semana luego de que el mandatario tucumano recibiera a un grupo de concejales peronistas de la capital, entre los que estuvo el presidente del cuerpo, Fernando Juri. En la agenda de temas analizados estuvo el sistema de estacionamiento pago que se puso en funcionamiento en San Miguel de Tucumán que dejó sin trabajo a 700 cuidacoches. "Se analizaron varios escenarios porque, así como se puso en marcha, en 300 cuadras, está provocando muchos problemas, como por ejemplo los desocupados, no haber considerado a frentistas que no tiene garage, a personal estatal de la salud, servicios públicos y seguridad, es decir, un universo de automovilistas para los que también implica un golpe a sus bolsillos", contó a Letra P un concejal que participó de la reunión.
Al día siguiente, alrededor de 300 cuidacoches respaldados por el Movimiento de Trabajadores Excluidos acampó una noche al frente de la sede del municipio para pedir que se hiciera público el contrato con la empresa de Santa Fe que ganó la licitación y es la responsable del sistema. La respuesta oficial no se hizo esperar y el secretario de Gobierno municipal, Rodolfo Ocaranza, apuntó al Poder Ejecutivo provincial.
"Todos los movimientos sociales que aparecen protestando están direccionados. Son gente del Movimiento Evita y seguramente es gente vinculada al gobernador Jaldo. Están siendo alentados a venir a protestar al municipio y esto es un claro móvil político", expresó ante una consulta en el programa de noticias matutino Los Primeros, en Canal 10.
Jaldo redobló la apuesta en un contacto con varios medios. "Siguen las provocaciones gratuitas y esto es un tema exclusivo de la municipalidad de la capital. El tiempo dirá si la decisión fue acertada", dijo el mandatario y puso el acento en que la nueva modalidad dejó "mucha gente desocupada, sin ingresos". "El municipio tiene que hacerse cargo de sus problemas. Nadie sabe el nombre de la empresa, ni de dónde es. Nunca se mostró el contrato. Llama la atención que del 100 % de lo que se recauda, el 15 % va al municipio, por lo que hay que preguntar quién se queda con el otro 85%", disparó.
Alfaro subió la vara de la altisonancia en el diario La Gaceta. "El gobierno es una banda de atorrantes y el número uno es don Osvaldo Jaldo. Que no distraiga la atención con este tipo de cosas. No tengo problemas en dar los nombres de las empresas. Es una UTE (Unión Transitoria de Empresas) entre Tecnoware y Tecnovial SA, la misma que está prestando servicio en la ciudad de Rosario, Santa Fe. Ahora Jaldo quiere ser fiscal de la moralidad y la honestidad. Lo conozco desde que tenía dos vacas; hoy tiene drones para controlar sus tierras en el norte y en el sur de la provincia", bramó el intendente capitalino.
Las posiciones han quedado expuestas y ante la opinión pública. El fin de semana largo seguro le bajará el tono a la disputa, aunque se espera que la semana próxima el Concejo Deliberante, en donde se conformó una comisión de seguimiento y estudio del sistema de estacionamiento pago, sea la caja de resonancia de esta riña. Con la polémica, ambos dirigentes han conseguido subir un peldaño para posicionarse en sus propios espacios de cara al año próximo, mientras los bolsillos de la ciudadanía sufren los efectos de una inflación que se come los ingresos familiares.