Armando Cavalieri, histórico cacique del gremio más grande del país, dio un paso decisivo para retener la conducción de la Federación de Empleados de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires al conseguir el control de la Junta Electoral de cara a los comicios de septiembre de este año. En una asamblea multitudinaria en Parque Norte, que se desarrolló con fuertes medidas de seguridad, unas 8 mil personas afiliadas participaron del encuentro que concluyó sin incidentes y, según la planilla del Ministerio de Trabajo, el oficialismo se impuso por 5403 adhesiones a 2810 a la lista opositora liderada por Ramón Muerza.
La asamblea se realizó en medio de acusaciones cruzadas entre el sector que responde a Cavalieri, que va por la reelección con la que completaría 40 años al frente del gremio, y el grupo que responde a Muerza, delegado de supermercados Coto, en el predio ubicado en Güiraldes y Cantilo, cuyas inmediaciones estuvieron cortadas al tránsito por decenas de camiones escolares que se apostaron en el estacionamiento del lugar y en las afueras.
Los protagonistas de la contienda compartieron listas y trabajo hasta las últimas elecciones de 2018, instancia en la que el actual retador, al frente de la Lista Granate Morada, decidió competir por el principal puesto del gremio sin éxito y con denuncias de fraude de por medio, tras perder por unos 200 votos. Según el actual secretario general, que buscará revalidar un nuevo mandato en fórmula con Carlos Pérez (hoy a cargo de la obra social, Osecac), las acusaciones de su rival siempre carecieron de fundamento y toman como ejemplo una de las denuncias que realizó antes de aquel proceso electoral, ante una fiscalía federal, en la que sostenía que en el padrón del sindicato (bajo la responsabilidad de Muerza como secretario de Organización, a cargo de las afiliaciones y del padrón) figuraban seis mil personas muertas.
Las incriminaciones por parte de Cavalieri a su contrincante no terminan ahí. “Al finalizar el proceso electoral de aquel entonces, Muerza, quien hoy reclama transparencia y garantías, llegó a tomar el edificio del sindicato y mantuvo una sentada con su agrupación interrumpiendo el tránsito durante una semana, al no reconocer los resultados de las elecciones y para al intentar impedir que se asumiera un nuevo mandato”, aseveró el cacique sindical mediante un comunicado.
Del otro lado, responden que los afiliados y las afiliadas deben elegir su destino en democracia, seguridad y transparencia. “Exigimos que se garantice la realización de la elección en un ambiente ordenado, sin trampas y con responsabilidad; que el resultado se acepte y se respete”, lanzó el hombre que busca conducir Comercio con el apoyo de la familia Moyano, con quien tiene un vínculo aceitado que incluye una amistad con Facundo, referente en el Sindicato de los Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTBA).
Bajo este clima caldeado, la asamblea definió la Junta Electoral, que podría determinar las elecciones en septiembre. Los dos espacios habían adviertido sobre posibles disturbios, como sucedió en diciembre de 2021, en otra asamblea que trató el balance y terminó con incidentes en las adyacencias. Para el oficialismo, se trató de otro intento de sus contrincantes de entorpecer un acto democrático.
Al término de la asamblea, Cavalieri calificó a la asamblea como "un gran encuentro democrático" y "un espectáculo de disciplina política" en el que la "gente vino, hizo fila, tenía su carnet y su documento de identidad". "Nosotros controlamos el ingreso tanto de unos como de otros y hoy como resultado más de 8 mil personas vinieron a votar”, agregó. En este sentido, a través de un comunicado de prensa, Cavalieri resaltó que es “un triunfo de un estilo de sindicalismo que sigue de cerca los grandes problemas del país y que aspira a la unidad nacional para encontrar las soluciones que necesitamos”.
Por su parte, Muerza dijo -en declaraciones a la prensa- que el resultado de la votación fue "un robo" y afirmó: "Tenemos documentado y filmado que éramos más nosotros, pero ellos manejan la asamblea desde arriba y dicen que son más ellos".
En la previa, para evitar posibles disturbios, la policía porteña había dispuesto un operativo de seguridad en las calles que rodean el predio, con el objetivo de evitar que las distintas facciones se cruzaran en los accesos, que estaban delimitados para que la masa de afiliados y afiliadas que respondían a los dos sectores no llegaran a cruzarse. También se dispuso un despliegue de personal policial motorizado y de tránsito para ordenar la llegada de los manifestantes y evitar que se mezclaran los micros, y un camión hidrante de la policía de la ciudad en la puerta de Ciudad Universitaria, frente a la entrada de Güiraldes. Además, para ordenar el ingreso de cada agrupación, se dispusieron entradas con accesos independientes.
