LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) El grueso de los gremios estatales bonaerenses reclamó esta semana al gobierno de Axel Kicillof una convocatoria “urgente” para renegociar el acuerdo paritario. Surge en medio de una escalada de precios que, aseguran, ya pone al salario estatal a correr por detrás de la inflación, algo que empieza a levantar voces de malestar hacia la Casa Rosada, al tiempo que ya planifican acciones callejeras conjuntas para visibilizar reclamos.
En febrero, la paritaria estatal se rubricó en 42% de suba en tres tramos. En mayo, cuando la pérdida del poder adquisitivo volvía a prender luces de alarma en los sindicatos, Kicillof llevó el incremento a 60%. A la espera del último tramo pautado para septiembre, en los gremios hacen cuentas y advierten que –con el último índice inflacionario de junio, que lleva el acumulado al 36,2% en lo que va de 2022– la actualización salarial no puede esperar.
“Estamos cuatro puntos por debajo de la inflación”, afirmó a Letra P la secretaria general adjunta de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) bonaerense, Vanina Rodríguez, y planteó la necesidad de “reactivar la cláusula de revisión” para, por lo menos, recuperar lo perdido y empatarle a la inflación y rediscutir lo que resta. “Lo acordado quedó muy por debajo del proceso inflacionario que estamos viviendo producto de que no hay control de precios”, disparó.
ATE rechaza el congelamiento de vacantes, uno de los anuncios de la ministra de Economía, Silvina Batakis. Rodríguez recordó que en la paritaria nacional 2020 se había acordado el pase a planta permanente de 30 mil trabajadores y trabajadoras del Estado, proceso aún incompleto: “De esos 30 mil, solo pudieron pasar 4 mil. Entonces, antes del congelamiento, que se cumpla con la paritaria nacional”.
La gremialista destacó que, al menos por el momento, no haya anuncio de congelamiento de vacantes en la provincia de Buenos Aires, y reclamó a Kicillof “avanzar rápidamente” en el proceso de pase a planta. “Quedaría por resolver el pase a planta permanente de los 12.500 auxiliares de la educación que están en planta temporaria y algún remanente de la administración central y de Salud”, enumeró.
Como parte de la CTA Autónoma, ATE llama a parar y movilizar el próximo miércoles 20 en reclamo del salario universal básico. Rodríguez cuestionó a la administración central conducida por Alberto Fernández, al que -dijo- “varios de nosotros apoyamos fuertemente” en virtud de que el discurso fue “empezar por los que están más abajo”. “Lamentablemente -cuestionó-, los de más abajo son los que sufren las consecuencias de las corridas cambiarias y el proceso inflacionario que estamos viviendo”.
Hugo Russo, titular de la Asociación Judicial Bonaerenses (AJB), expresó a Letra P que, con los números inflacionarios dados a conocer esta semana, el personal ya está “por debajo de la inflación”, al calcular que en agosto el incremento acumulado rondará 37%, porcentaje que será superado con los datos que lleguen del mes en curso. Además del 60% acordado en mayo con Kicillof junto al pleno del arco estatal, el gremio judicial había conseguido un 2,7% más de bonificación especial.
“Tenemos los datos de Cifra, de la CTA de los trabajadores y un organismo propio de la AJB y los índices vienen muy mal. Entonces, le pedimos al gobierno que aplique la cláusula de monitoreo y que se vuelva a discutir todo”, sintetizó Russo y subrayó: “Si no tenemos salarios acordes, el círculo virtuoso va a estar estancado y no se va a mover la economía”.
La AJB integra la CTA de los Trabajadores, donde su referente nacional, Hugo Yasky, ya anunció que se suma a la marcha de la CGT del 17 de agosto. Además de eso, Russo adelantó que, en un marco de unidad, todos los gremios estatales de la provincia (AJB, médicos de Cicop, docentes del Frente de Unidad y ATE) evalúan un plan de acción. En los próximos días habrá reuniones para afinar detalles de una marcha nacional. “El Gobierno nacional es el máximo responsable por omisión, falta de control o de una decisión política fuerte, para que los formadores de precios no sigan haciendo lo que hacen”, castigó.
Además, advirtió: “Es una puja distributiva, si el Gobierno no quiere atacar a los formadores de precios por miedo a represalias, las tendrá desde los laburantes. La plata no alcanza. Es lo que dijo la vicepresidenta: hay asalariados bajo la línea de la pobreza, eso es un problema”. Así, el titular de la AJB consideró que en los anuncios de Batakis “falta una definición para los sectores populares”, por lo que focalizó en la necesidad de “otro tipo de mensaje del Estado nacional; corrige el rumbo o nos va a encontrar cada vez más seguido en la calle”.
Guillermo Pacagnini, secretario general del gremio de profesionales de la salud, Cicop, detalló que el acuerdo anual del sector con la Provincia quedó en 64,4% con cláusula de revisión: “Es evidente que ahora se desfasa todo porque las proyecciones van del 80 al 100%”, subrayó. En ese sentido, Cicop acelerará un plan de asambleas en hospitales y centros de salud para principios de agosto, además de convocar a un Congreso para reclamar el “adelantamiento de la cláusula de reapertura paritaria” previsto para septiembre.
Pacagnini dijo que “preocupa” que “el ajuste nacional de Batakis” se extienda a la provincia en materia de congelamiento de vacantes en el sector público. Al respecto, consignó que el gremio tenía acordado 2.200 pases a la carrera profesional de licenciaturas en enfermería, con una ley de excepción que todavía no se concretó. Pide que todos los residentes pasen a integrar este año la planta hospitalaria, como sucedió el año pasado.
Ante eso, el dirigente de Cicop hizo un llamado a la “unidad de acción” con el conjunto de los gremios del Estado: “Es una deuda que hay. Algunos que venían con ciertas simpatías y elogios hacia el Gobierno, que se pongan las pilas y abonen a un plan de acción para salir con un plan de lucha conjunto”.
