Los planes que tejieron los interbloques de Juntos por el Cambio y del Interbloque Federal para convocar esta semana a una sesión especial están en una nebulosa incómoda. Si se concreta, estará dedicada a debatir la reforma de la ley de alquileres, con el objetivo político de volver a exhibir una demostración de fuerza, similar a la que realizaron el 8 de junio para aprobar el dictamen de la boleta única de papel. Sin embargo, los cambios que surgieron de la unificación de los dos dictámenes opositores que estaban en danza pusieron en duda la capacidad de ese conglomerado para mantener la unidad sobre un tema que afectará a nueve millones de inquilinos en todo el país.
El volumen de ese universo poblacional es una advertencia. Si dan un paso en falso, el impacto será masivo y directo en los sectores populares y la clase media. Así de grande es el riesgo que admiten incluso dentro de la coalición opositora, ante la posibilidad de que toda la ofensiva que impulsa JxC desde principios de este año se le transforme en un búmeran.
Hasta el viernes pasado, los pronósticos de JxC y el Interbloque Federal apuntaban a aprobar en el recinto el jueves el dictamen que lograron unificar. Pero, pasado el fin de semana, este lunes los ánimos ya eran muy distintos. Ninguna de las fuentes consultadas se animó a confirmar que la podrían realizar esta semana y prefieren postergarla. Entre los principales socios opositores relativizaron que existan diferencias internas entre las tribus que pactaron un dictamen común. El texto se ajusta a las expectativas del mercado inmobiliario: flexibilizar todo lo posible la ley vigente y achicar los plazos del contrato y los aumentos. En vez de repasar discrepancias, argumentaron para la nebulosa que hay varios diputados y diputadas realizando viajes institucionales en el exterior.
Desde otras latitudes de esa heterogénea composición opositora admitieron que no llegan a contar con los votos necesarios. Las mayores divergencias se pueden advertir en el Interbloque Federal, que lidera Alejandro Topo Rodríguez. En ese espacio hay ocho voluntades donde conviven lavagnistas, socialistas y cordobesistas. Allí emergieron las diferencias provenientes del bloque del Partido Socialista de Santa Fe, liderado por Enrique Estévez. Eludieron las consultas para esta nota pero, según pudo reconstruir este medio, la sesión especial no fue convocada porque no tienen los números ante la negativa del socialismo de quedar pegado con una iniciativa muy vinculada al sector inmobiliario.
Para evitar mayores críticas se negarían a respaldar cualquier proyecto. A esa debilidad se suman los cuatro diputados que responden a la ultraderecha porque insistirían con la derogación. Hay dudas sobre los votos de bloques provinciales como Provincias Unidas, que cuenta con cuatro votos repartidos entre rionegrinos y misioneros. La misma incógnita sobrevuela el bloque Somos Energía para Renovar (SER), que tiene dos escaños de voluntad variable. “También es posible que el oficialismo convoque a una sesión donde se trate alquileres entre otros temas”, vaticinaron desde esos entramados para reflejar la complejidad en ciernes.
Las dudas sintetizan un año de tironeos contra la ley. En la campaña electoral del año pasado, la coalición opositora hizo una apuesta muy fuerte y buscó sumar votos por la derogación de la 27.551. Esa idea fue perdiendo fuerza cuando el amague de forzar una sesión especial para la derogación cambió con la constitución de la Comisión de Legislación General, con Cecilia Moreau al frente. El primer paso fue invitar expositores que expresaran sus puntos de vista sobre la reforma. Pasaron 150 representantes de inmobiliarias, desarrolladores, corredores, asociaciones de defensa de inquilinos, investigadores universitarios y funcionarios de defensa del consumidor de distintas provincias. Ese desfile de invitados demostró que no había una crítica unánime contra la ley. Tampoco un acuerdo para achicar los plazos de los contratos de tres a dos años y reducir los plazos de indexación de un año a un semestre.
Las exposiciones parecieron una forma de ganar tiempo y estirar el debate. Para el Frente de Todos tuvo un efecto ordenador, con varios proyectos en danza junto a las críticas públicas que el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, lanzó contra la ley en un acto con la Cámara Argentina de la Construcción. Las tribus oficialistas avanzaron en un dictamen común que mantiene el plazo de tres años, la actualización anual con una combinación entre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el promedio de los aumentos salariales (RIPTE). Además flexibiliza los requisitos para la presentación de garantías e impulsa una reforma en el monotributo para quienes posean más de tres propiedades, entre otros beneficios fiscales.
En la oposición hubo una decena de proyectos que finalmente llegaron a cuatro posiciones. En JxC sigue en pie un sector minoritario, que responde al expresidente Mauricio Macri, que sigue buscando la derogación, mientras que otro más amplio apunta a flexibilizar todos los aspectos de la ley y dejarlos atados a un presunto acuerdo entre partes, a sabiendas que se trata de una negociación asimétrica en donde hay más margen para la imposición que para el consenso