Con traje marrón y voz pausada, en su habitual informe de gestión ante la Legislatura, el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, volvió a cargar contra el gobierno nacional por la quita de fondos coparticipables. En más de dos horas de exposición, el ministro coordinador también habló del progreso de la educación, del Plan Sarmiento y la reforma del estatuto docente, con énfasis en la inversión que realizó en los últimos años la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.
Como sucedió en su anterior exposición, Miguel reafirmó el reclamo del Ejecutivo ante la Corte Suprema por, desde su visión, la "quita arbitraria, intempestiva, inconsulta e inconstitucional" de los fondos de la coparticipación por parte de la Casa Rosada, en medio de la pandemia por el coronavirus. El funcionario porteño cuestionó: “¿Alguien acá tiene claro en dónde están los $160 mil millones que el gobierno nacional ya le sacó a la Ciudad para la seguridad de las millones de personas que viven, trabajan o visitan la Ciudad?”. Y preguntó, con ironía: “¿Mejoró la seguridad en el conurbano, donde habían dicho que iban a destinar esos fondos? ¿Están combatiendo el narcotráfico en Santa Fe, Salta y Misiones, a donde después dijeron que iban a mandar esos fondos?”.
Los reclamos porteños a la administración de Alberto Fernández no cesaron: Miguel solicitó que actúe frente a la sobrepoblación de las alcaidías: “Por convenio, el Servicio Penitenciario Federal tiene la obligación de trasladar a los detenidos en las comisarías de la Ciudad. En medio de la pandemia, el gobierno nacional decidió disminuir esos traslados. Estamos hablando de homicidas, de violadores, de ladrones peligrosos, que deberían estar en la cárcel, porque muchos de ellos están incluso condenados por la Justicia”. Y puntualizó que desde el 20 de marzo de 2020 al día de hoy, "pasamos de tener 61 detenidos sólo en alcaidías a 789 detenidos tanto en alcaidías como en comisarías".
En esa línea, continuó: “Esto no sólo atenta contra la Constitución y los derechos humanos de los detenidos, sino que fragiliza los controles policiales. No hay más tiempo para la improvisación. Producto de esta desidia tenemos 1.500 policías cuidando presos y no en la calle combatiendo el delito”. Además, el ministro coordinador afirmó: “La única respuesta que recibimos del gobierno nacional fue que dejemos de detener a los delincuentes. Aunque insistan en querer liberarlos, nosotros no vamos a poner en riesgo la vida de los ciudadanos”.
Miguel aprovechó entonces para colar el debate por la coparticipación, al sostener: “Me resulta incomprensible que en esta casa no haya unanimidad cuando el gobierno nacional le quita a la Ciudad los recursos necesarios para el mantenimiento de su seguridad; cuando aumentan a dedo la valuación fiscal de los inmuebles, cuando deciden no recibir más a nuestros detenidos en las cárceles; o cuando nos criminalizaron por abrir las escuelas”.
En ese sentido, el funcionario larretista afirmó que “defender a una jurisdicción de los ataques del poder central es defender el federalismo”, y completó: “Porque hoy la jurisdicción afectada es la Ciudad, pero mañana puede ser cualquier otra provincia. Y nosotros vamos a ser los primeros en ponernos firmes para defenderla”.
La sesión, tras un cuarto intermedio, contó con las preguntas de los legisladores de la oposición que le envió al funcionario más de 2.000 preguntas, con ejes en la salud, educación y gastos presupuestarios.
