No puede sorprender que las encuestas arrojen una inclinación social cada vez más perceptible a favor de la ruptura del bicoalicionismo que ha regido a la Argentina en los últimos años, reciclaje fallido, por su parte, de un bipartidismo que se ha ido para no volver. Es como si el sistema político no dejara de hacer mitosis, cada vez a mayor velocidad, para luego reagrupar fragmentos cada vez más pequeños en torno a líneas de sensibilidad que ya no generan ni siquiera una señal verosímil de unidad de criterio y de rumbo de país. En ese camino, el precio que se paga por esos conatos de unidad, que languidecen ni bien se guardan las urnas, es un discurso y una acción de la dirigencia totalmente desapegados de las necesidades de la calle. Una suerte de jueguito para la tribuna irritante que explica la propensión de cada vez más personas a arrojarse desde un décimo piso en manos del primer Guasón que pase por la vereda. Sí, la Argentina arde y quienes deberían liderarla para salir de la casa en llamas están en la pavada.
El paupérrimo estado del debate legislativo de la actualidad es expresivo de esa moda. Como si nada hubiese por mejorar innumerables aspectos de la vida económica, social y política, los principales proyectos que agotan –nunca más preciso el término– la agenda oscilan entre lo inviable y lo inútil.
El principio, sus autores intelectuales ponderaron la recaudación potencial en 70.000 millones de dólares, suficientes para pagar todo lo que se le debe al Fondo Monetario Internacional y, encima, dejarle al Tesoro un vuelto de 25.000 millones. ¿Cómo no se nos ocurrió antes?
Más allá de las imprecisiones para definir qué entienden por fuga, los responsables de la idea parecen ignorar que ya existe todo un corpus legal que le permite a la AFIP, hoy mismo, combatir la evasión el lavado de dinero y la fuga ilegal.
Si apostar no fuera ilegal y nuestros legisladores y nuestras legisladoras no pudieran súbitamente pergeñar alguna ley nueva contra ese flagelo, cabría poner unos pesos –ojo, no dólares– a favor de la idea de que el fondo de marras no va a recaudar un solo mango. Y eso si lograra pasar con éxito por la Cámara de Diputados, algo que está lejos de lo probable y que acaso no importe.
Ocurre que esta versión del "jueguito para la tribuna" tiene, en realidad, un objetivo político: con él, el cristinismo le señala a Martín Guzmán que, por pura maldad, hace recaer sobre las espaldas del pueblo el peso de la deuda que generó Mauricio Macri. "Que paguen los fugadores", proclaman en ese sector, remake millennial del viejo "que la crisis la paguen los capitalistas" de los trotskistas de otra época.
Un segundo tema central del debate parlamentario de la hora es el llamado "impuesto a la renta inesperada", idea con la que –esta vez– Guzmán pretende evitar el roce final con un cristinismo que, en verdad, le reclama mayores retenciones. Más allá de las bondades o falencias del proyecto, lo menos que puede decirse de él es que es un modo –precario– de elevar por única vez alícuotas del impuesto a las Ganancias ridículamente bajas para los estratos más altos del universo de contribuyentes, situación impuesta por una Corte Suprema que ya mostraba afanes legislativos varias décadas atrás. Otra vez, el plan alcanzaría, con suerte, a un puñado de compañías y generaría una recaudación que se estima en off en 1.000 millones de dólares, algo tan incierto que el propio Ministerio de Economía se niega a decir en voz alta. Asimismo, el rechazo de la oposición que milita firme contra el pueblo hace pensar que su derrotero terminaría en un cajón. Mejor que un parche incierto sería una reforma tributaria racional y equitativa.
El tercer elemento que centra la actividad inconducente del Congreso es la reforma de la Corte Suprema que promueve Alberto Fernández, cuya composición quiere elevar a 25 miembros para hacer lugar a jueces que representen a las provincias, a la Ciudad de Buenos Aires y a la Nación.
Ese político que es el Presidente debe saber que la idea –en su formulación inicial no detalla esos propósitos, sino que los deja para su eventual reglamentación– no pasará el filtro del Congreso. Asimismo, el profesor de Derecho que también es debe imaginarse que, en caso de que ocurriera lo imposible, la eventual ley moriría de inconstitucionalidad. Llama la atención que pretenda introducir en la Justicia un criterio de representación más propio de un cuerpo legislativo como el Senado, pero cualquier esfuerzo vale –incluso la convocatoria a gobernadores que deben estar muy ocupados con otros quehaceres– para evitar que Cristina Fernández de Kirchner lo acuse de no usar lo suficiente su lapicera.
No todo, sin embargo, es pecado del oficialismo y, de hecho, la ficción de que se puede legislar hasta el último resquicio de la acción humana es un mal que también aqueja a la oposición. Esta se ha lanzado, sin la menor garantía de éxito en el Senado, a una reforma electoral para convertir las listas sábanas actuales en verdaderos manteles de mesa del entrañable Pippo.
Este último pecado de la lista única es excusable por cuestiones de economía de papel. Unas PASO bonaerenses, por ejemplo, en las que se pretendiera mostrar todos los nombres propuestos por cada partido y alianza generaría una boleta que, más que para mantel de Pippo, estaría para cobertor del campo de juego de River en los recitales de Coldplay.
Este es otro debate inútil, ya que todos los sectores han ganado y perdido con un sistema ya establecido y que no merece reproches serios, a no ser que alguien se esté preparando para hacer la "Gran Trump" de 2021 o la "Gran Bolsonaro" de 2022: proponer una reforma inviable para, en caso de fracaso, usar la consigna falaz del fraude para incendiar la pradera.
No todos los debates absurdos pasan por el Congreso. Otro, que ha motivado las turbulencias más recientes y severas del Frente de Todos, se refiere a los dos milímetros más o menos de espesor de la chapa de los caños del gasoducto Néstor Kirchner, diferencia, parece, capaz de convertir la licitación en una caja de cristal o en un juego direccionado. Para Matías Kulfas, no era necesario tanto grosor si no se quería beneficiar a Techint, mientras que, para Energética Argentina (IEASA), los requerimientos técnicos son impecables: "Ø36" API 5L X70M espesor 12.7mm, de Ø36" API 5L X70M espesor 19.1mm y de Ø36" API 5L X70M espesor 10.0 mm". No entiende el que no quiere.
A esta altura, con una resignación que cae como una guillotina sobre el cuello, cabría pedirles a quienes están involucrados en esta cuestión crucial que, milímetro más, milímetro menos, lleven adelante la obra. Ocurre que, mientras discuten, hay gente que cierra negocios importantes, que solamente este año involucran 6.000 millones de dólares en importaciones de gas, algo así como dos gasoductos Néstor Kirchner enteros. Así de fuerte: una erogación en combustibles que se quemarán en un solo año frente a los beneficios de extraer, transportar, industrializar y exportar recursos que podrían ponerle fin, por décadas, a la escasez de divisas que atenaza la economía nacional. Hagan como les parezca, pero háganlo, por favor, que ya estará la Justicia para revisar cualquier anomalía. ¿Estará?
Podría esgrimirse que hay que dar ciertas peleas aunque su destino no sea el deseado y que dejar testimonio también vale. Ese sería un buen argumento si fuera cierto. Lo que prima hoy son otras cosas: privilegio del juego propio por encima de necesidades populares acuciantes, nulo sentido de responsabilidad histórica y falta terminal de voluntad de acordar lo más mínimo con el rival en pos del bien común.
No puede sorprender que los Guasones acechen.