El ministro de Economía, Martín Guzmán, ratificó la idea de cobrarle a todas las grandes empresas el canon de renta inesperada lograda durante 2022: serán alrededor de 350 grandes compañías que pagarán un plus del 15% sobre los ingresos extra, más allá del 35% que aportarán al Impuesto a las Ganancias. A pesar de los reclamos que recibió de parte del Círculo Rojo, en términos de presión impositiva y de falta de "reglas claras", el jefe del Palacio de Hacienda confirmó que el "efecto guerra" se transformó más en un slogan que en el fin de la aplicación tributaria, ya que no habrá distinciones sobre el origen de los mayores ingresos a las cuentas del sector privado, como tampoco habrá compensaciones por inversiones productivas.
En las mesas del Sheraton Hotel de Retiro estaba el establishment que deberá pagar la renta inesperada, que le permitirá al gobierno de Alberto Fernández recaudar alrededor de 1.000 millones de dólares. Y si bien es para el ejercicio 2022, en comparación con las ganancias de 2021, en el Palacio de Hacienda estiman que en concepto de adelantos podría haber ingresos incluso este mismo año, aunque el grueso del cobro ingresarán a las arcas nacionales en el primer semestre del año próximo. Claro, no todo quedará en manos de la administración nacional, sino que al ser destinado a rentas generales, habrá una parte coparticipable con las todas las provincias.
Ese cálculo es el que hace el equipo de Guzmán, que fue al festejo por los 20 años de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) para llevar tranquilidad del destino de los fondos que pretende cobrarles. Todo esto, siempre y cuando el Congreso apruebe la iniciativa, que en la tarde del martes ingresó a la Cámara de Diputados, debido a que se trata de una iniciativa que modifica un impuesto, en este caso el de Ganancias para las empresas. "La renta inesperada no es un nuevo impuesto; es una sobre-alícuota en un año de guerra que ha generado un gran problema distributivo en todo el mundo", sostuvo el ministro.
Lo que consideran en el Palacio de Hacienda que una empresa que ganó por encima de los 1.000 millones de pesos y cumple con uno de los dos requisitos para ingresar en el universo de renta inesperada, margen de ganancia (ganancia contable sobre sus ingresos) en 2022 superior al 10% o aumento del margen de ganancia en 2022 en relación al 2021 de al menos 20%, es porque se benefició del shock de la guerra. Ya sea bien porque hubo una demanda inesperada o, también, porque aumentó precios por encima de la suba de los costos para sus fábricas o prestación de servicios. Es por eso que la iniciativa también pretende, como señalan desde Economía que pasó en otros países, ponerle tope a las remarcaciones indiscriminadas. "Cuanto más ganan, más pagan", afirmaron fuentes oficiales consultadas por Letra P.
En el cónclave del Círculo Rojo estaban las empresas que deberán pagar el impuesto si llega a ley. El caso de los supermercadistas fue simbólico: la confesión de Federico Braun, dueño de La Anónima, sobre la remarcación constante de las cadenas comerciales, responde a una de las máximas de la renta inesperada, para gravar a los causantes de la inflación. Básicamente es a quienes aumentan "por si acaso", ya que finalmente los costos no terminan convalidando el traslado total a las góndolas.
Las mineras, representadas por Carlos Miguens de la familia Bemberg, serán las que deberán tributar el impuesto, si es que logra ver la luz en el Congreso. Las empresas afincadas en las provincias cordilleranas se asociaron poco tiempo atrás a la Unión Industrial Argentina (UIA), ante los planes de inversión que diseñaban con el exministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas. Tenían la esperanza de quedar exentos por la idea inicial de compensar el pago del tributo a cambio de la plata que pusieron para montar el negocio. Es por eso que la entidad que conduce Daniel Funes de Rioja puso el grito en el cielo, a pesar de que son apenas un puñado de empresas que integran ese círculo las que deberán pagar la renta inesperada.
Otro que tendrá que pasar por la caja de la AFIP será Paolo Rocca, hoy más preocupado por una avanzada de la Justicia en la construcción del gasoducto Néstor Kirchner que en la renta por la guerra. Al menos, en su intervención, poco quiso decir sobre la presión impositiva. Sucede que Tenaris, la sociedad metalúrgica del Grupo Techint, vuela con los precios a partir del contexto inflacionario internacional. Todavía resta saber si el resto de sus empresas estarán afectadas.
Martín Migoya, dueño de Globant, reclamó: "Dejen el arco quieto por un rato. Si no saben qué hacer, no nos empecinamos con que ahora hay que redistribuir esto. Dejen las cosas como están”. El unicornio mudó su residencia fiscal a Uruguay, pero su empresa tributa en la Argentina. El impuesto también alcanzaría a Luis Pagani, de la alimenticia Arcor, quien buscó mostrar una cara amable del poder privado, e incluso se cruzó con el moderador de su panel, el secretario de Redacción del diario La Nación, José Del Río, que buscó una crítica al proyecto del oficialismo para la ampliación de los integrantes de la Corte Suprema: "La idea que hablamos antes era salir de la coyuntura, porque tampoco queríamos que los invitados vengan a hacer catarsis de la mala onda", se quejó. "No hay que traer periodistas", completó la ironía Héctor Magnetto, del Grupo Clarín.
