Las intensas lluvias registradas semanas atrás en diversos puntos del interior bonaerense no solo impactaron de lleno en las condiciones de numerosos caminos rurales, sino que recrudecieron reclamos focalizados en la contraprestación del servicio por el pago de la tasa de mantenimiento de la red vial rural. Se trata de planteos de larga data que, en gran medida, son canalizados a través de la entidad que nuclea a las sociedades rurales bonaerenses, Carbap. Sin embargo en los últimos tiempos, por fuera de los carriles institucionales tradicionales, ruralistas ultras –muchos, con ADN cambiemista- comenzaron a fogonear una rebelión tendiente a no pagar esa tasa. El dato: los municipios en los que plantan sus protestas están administrados por el Frente de Todos (FdT).
El caso más resonante se registra en Bolívar. Este lunes, alrededor de 60 autoconvocados del grupo Productores Agropecuarios Unidos (PAU) se manifestaron frente al Palacio Municipal para reclamarle al intendente, Marcos Pisano (FdT), “una solución definitiva al problema del mal estado de los caminos rurales del partido de Bolívar”, según consignaron en un documento leído por Pedro Vigneau, quien, además de ser productor miembro de PAU y titular de Maizar, fue subsecretario de Mercados Agroindustriales durante el gobierno de Mauricio Macri.
No fue el único exfuncionario macrista presente en esa actividad ambientada con una cumbia de protesta y pancartas por doquier. También asistió uno de los referentes del cambiemismo local, el exdiputado lilito y ex-subsecretario de Interior Juan Carlos Morán. Con él estuvo una de las concejalas que reportan a sus filas, Patricia Oroz.
En ese redil también se ubica el concejal de JxC Eliel Nabaes, cara visible de la Federación Agraria en el distrito y uno de los impulsores de la decisión de no pagar la tasa vial “en señal de disconformidad” por “no haber contraprestación”. Según detalló el portal local Presente, en marzo pasado hicieron una asamblea para despejarles dudas a los productores sobre el no pago del tributo municipal: “Están bajo el marco legal”, amparó la medida Nabaes, para hablar de “un parate (en el pago) hasta que nos den respuesta desde el municipio”.
Esa inclinación por el no pago parece tener una raíz más larga y va más allá de una señal de protesta. Según pudo saber Letra P, a lo largo y ancho de las 500 mil hectáreas que conforman el área rural bolivarense, la deuda existente por tasa vial ronda los $350 millones y las moras más significativas provenienen de grandes productores. Un caso paradigmático en Bolívar es la deuda por $8 millones que solo uno de los más de tres mil contribuyentes rurales del distrito mantiene por este tributo con la comuna.
De esa metodología de reclamo se desmarcan dirigentes de entidades ruralistas que bregan por mantener vasos comunicantes con la comuna. Cerca del oficialismo, fuentes consultadas aseguran que el intendente abrió sucesivos canales de diálogo y recibió expresiones de respaldo a las tareas realizadas en el entramado vial rural, lo que permitió que “la cosecha saliera”. Asimismo, pusieron énfasis en el contexto pandémico, que “reestructuró” el plan de acción municipal.
En distritos donde arengan no pagar la tasa vial en señal de protesta, es preexistente un fuerte grado de morosidad. En Bolívar, la deuda es de $350 millones. En Daireaux, trepa a $130 millones. En Casares, el acumulado asciende a $100 millones.
Otro punto donde se escucha la proclama de no pagar la tasa vial es en Daireaux, distrito comandado por Alejandro Acerbo (FdT). Allí, uno de los principales impulsores de la rebelión es Juan Martín Capelle, un exempleado de la multinacional cerealera Cargill que hasta el año pasado fue concejal de JxC, banca a la que accedió en 2017 integrando la lista que lideró el exdiputado radical Luis Alberto Oliver.
No obstante, Luis Cioffi, titular de la Rural local, marcó diferencias. “No apoyamos el no pago; para tener derecho a reclamar, tenemos que pagar”, expresó en marzo pasado a La Nación. El intendente Acerbo también minimizó la protesta y la limitó a “productores impulsados por un exconcejal del PRO”.
Esa mecánica confrontativa hacia comunas bajo la órbita del FdT también se registra en segmentos del ruralismo ultra en puntos como Carlos Casares y Pehuajó, donde las quejas por la ausencia de contraprestación del servicio se contraponen con una alta morosidad. En Casares, por ejemplo, la tasa vial rural acumula deudas por más de $100 millones. En Daireaux, el monto adeudado a la comuna por ese mismo concepto asciende a $130 millones en la sumatoria de los distintos contribuyentes morosos..
En tanto, en Adolfo Gonzales Chaves, la Asociación de Productores locales (AsoProCha) salió fuertemente al cruce del municipio comandado por Marcelo Santillán (FdT) por la prórroga que el Ejecutivo buscó hacer hasta diciembre de 2022 de la denominada “tasa solidaria por equipamiento y sostenimiento del sistema distrital de salud”, que la comuna implementó durante la pandemia y se liquidaba en forma conjunta con la tasa vial. Representaba un extra de diez pesos por hectárea por mes.
Al igual que en los casos previos, los ruralistas machacaron contra el “pésimo” mantenimiento de los caminos y consideraron injustificada la prórroga de esa tasa extra. Así, la entidad mantuvo reuniones con concejales a los fines de que se desactivara la prórroga en la sesión de mayores contribuyentes. En el mientras tanto, recomendaron a los productores “demorar el pago" hasta que existiera una resolución en el Concejo Deliberante.
De acuerdo a la renovación de autoridades de noviembre pasado, al frente de AsoProCha aparecen los productores Walter Bidinost, como presidente, y Jorge Lucea, como vice. El primero presidió el Comité Crisólogo Larralde de la UCR local, mientras que el segundo fue titular del PRO en ese distrito.
Finalmente, con la negativa de los dos bloques opositores, AsoProCha logró por mayoría en el Concejo desactivar la prórroga pretendida por el Ejecutivo, que, al día siguiente del revés en el deliberativo, difundió diez acciones del municipio sobre caminos rurales.