El primer round en el Senado del proyecto para crear un fondo que le pague al FMI demostró que, más allá de su cerrada oposición a la iniciativa, el interbloque de Juntos por el Cambio (JxC) buscará que se estire el tratamiento que comenzó este miércoles. Apenas comenzó el debate en el plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda, la coalición opositora puso en marcha la resistencia que había anticipado en un comunicado. El chaqueño Victor Zimmerman (UCR) sostuvo que el texto tendría que haber ingresado por Diputados, porque la Constitución la define como Cámara de origen para temas tributarios. Luego comenzaron los cruces para sumar expositores al plenario, pero el punto más intenso sucedió entre el porteño Martín Lousteau (UCR), uno de los expositores y el autor del proyecto, Oscar Parrilli.
La iniciativa lleva la firma de 32 de las 35 voluntades del Frente de Todos. Comenzó a ser analizada en un plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda, que volverá a reunirse la semana próxima. Luego de la advertencia que lanzó el senador radical, el salteño Juan Carlos Romero reclamó que también convoquen al ministro de Economía, Martín Guzmán, al titular del Banco Central, Miguel Pesce, a la jefa de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont y al constitucionalista Daniel Sabsay. La movida no sólo apuntó a diferenciarse de los primeros expositores invitados, sino también a reclamar la posición del Ejecutivo, que hasta ahora no ha dado ninguna señal de respaldo a los dos proyectos impulsados por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Tanto Zimmerman como Romero se quejaron del poco tiempo que tuvieron luego de enterarse de los expositores, aunque se tratan de voces muy respetadas en el mundo académico sobre la fuga de capitales. La primera ronda de invitados comenzó con las exposiciones de referentes del Banco Nación: los economistas Guillermo Wierzba y Julia Strada. Luego siguieron las palabras de especialistas, Horacio Rovelli, Ricardo Aronskind y Noemí Brenta.
Las presentaciones aportaron un pantallazo sobre la vinculación de la fuga de capitales con el endeudamiento externo y, en especial, con el impacto que tuvo el préstamo que el entonces presidente Mauricio Macri le pidió al FMI. Tampoco fue ajena al debate la decisión que tomó el fundador del PRO de negarse a aplicar medidas de control de cambios, algo que hizo luego de perder las elecciones en 2019, cuando aplicó el cepo que posiblemente se extienda durante años. Sobre ese eje giró el contrapunto protagonizado entre el panorama que lanzó Wierzba, las críticas que le dedicó Lousteau y las respuestas que le ofreció Parrilli.
El arranque del economista crispó los ánimos opositores. En JxC ya plantearon que se trata de un blanqueo pero están a la defensiva ante la posibilidad de que el oficialismo los acuse de ser "cómplices de los fugadores". Cuando llegó su turno, Lousteau fue al punto y recordó que Wierzba "se refirió a la fuga y por ende la falta de dólares en un país que necesita dólares". "Estoy de acuerdo con eso, pero este proyecto no se refiere a la fuga, sino a los bienes no declarados en el exterior, no estamos tratando de corregir la fuga y por eso digo las cifras de Cristina, no había un modelo neoliberal y había fuga”, sostuvo.
Lousteau opinó que el texto "busca los bienes no registrados en el exterior, son dos cosas distintas y les cobran menos a los que tienen bienes no declarados en el exterior". "Eso es un blanqueo, ¿resuelve el tema de la fuga o busca quienes tienen plata no declarada en el exterior?”, le tiró al economista. Parrilli salió a contestarle. “Este proyecto no soluciona la fuga, eso se soluciona con otros medios como Macri que tomó cepo. Queremos crear un fondo para cancelar la deuda que contrajeron ustedes”, le dijo en el segundo intento del oficialismo para que JxC pague costos políticos por la decisión de no haber aplicado ningún control de capitales luego de tomar el crédito.
Así como Romero buscó meter el dedo en la llaga de la interna del FdT, posiblemente reeditada en torno a este texto, en el cepo tardío de Macri también hay una herida: el radicalismo todavía lamenta que el expresidente no sólo les avisó del auxilio del FMI cuando ya lo había concretado, sino que ignoró las advertencias de las máximas autoridades del partido cuando le recomendaron la aplicación urgente de medidas de control de cambios para evitar un súper cepo, como el que el referente PRO terminó aplicando ya derrotado en su intento para lograr la reelección.
“Durante los procesos de liberalización las aperturas de cuentas de capitales de carácter indiscriminado, unidas con otras políticas, generaron un problema de crisis externa y de agudo crecimiento de activos externos, de la salida de capitales. No hubo crisis por fuga, hubo un proceso de pocos años en los cuales el endeudamiento creció sustancialmente”, le dijo Wierzba a Lousteau en términos académicos y reforzó su opinión política. “Me parece justo que se constituya un fondo con dólares que están en el exterior y tiene que ver con el proceso de fuga para pagar la deuda que se origina por proyectos de apertura de la económica que entrelazan temas de fuga y evasión fiscal”, redondeó.
Luego de ese cruce siguieron las exposiciones. Rovelli consideró que la idea de levantar el secreto bancario, bursátil y fiscal es "un hallazgo" porque fueron "implementados por gobiernos militares". Strada explicó que la iniciativa busca a "los que ganaron, la fugaron y la tienen afuera, en términos éticos es difícil estar en contra de una propuesta así, porque son evasores", toreó la economista. Aronskind opinó que la iniciativa tiene "un elemento distributivo indiscutible" porque reemplaza que el pago sea afrontado por "la inmensa mayoría del pueblo argentino" y que el "esfuerzo se concentre en particular con el recorte a los argentinos que evadieron y la sacaron del país". En la misma línea fue Brenta, que respaldó los textos y aconsejó que el fondo sea llamado "de Reparación o Resarcimiento al pueblo argentino por el daño de 46 años de sobreendeudamiento que nos han ocasionado".
La propuesta del FdT apunta a "quienes tengan bienes en el exterior que fueron fugados y no estén declarados ante el Fisco realicen un aporte especial de emergencia". Será del 20% del total si el evasor o la evasora declara voluntariamente sus tenencias, pero crece al 35% si esa decisión se produce seis meses después de que rija la ley. Si es eludida quedarán en pie las penas de prisión que prevé la legislación vigente.
