TRANSPORTE & LOGÍSTICA

Una denuncia del partido de Carrió encrespa aún más las aguas de la hidrovía

Sin fecha cierta para adjudicar las obras de dragado, el bloque de la Coalición Cívica pide investigar el accionar de la AGP. Sospechas y acusaciones de lobby.

El manejo y control estatal de la hidrovía Paraguay-Paraná ha vuelto a entrar en una zona de turbulencias por un doble motivo: la incierta situación planteada con las obras de dragado y una denuncia judicial de las principales espadas de la Coalición Cívica (CC) en la Cámara de Diputados que pide investigar los posibles delitos de tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública en que habrían incurrido las autoridades de la Administración General de Puertos (AGP).

 

 

La pelea licitatoria por el contrato que tenía un presupuesto oficial de US$ 97 millones había quedado planteada entre cuatro grupos oferentes: Compañía Sudamericana de Drgados (CSD)-Jan de Nul; la compañía de los Países Bajos Boskalis; la unión de Rodhe Nielsen y Emepa y el consorcio Dredging International, CCCC Shangai Dredging y la local Servimagnus.

 

A principios de febrero, la comisión evaluadora de las ofertas dictaminó que la única que podía seguir en carrera era CSD-Jan de Nul y que los otros tres competidores quedaban marginados por no haber cumplido con la totalidad de los puntos y requisitos establecidos en los pliegos.

 

Tras depositar los US$ 800.000 que exigía la AGP, Rodhe Nielsen y Emepa procedieron a impugnar formalmente su descalificación. Esa movida—que amenazaba con extenderse a los tribunales –y la presión mediática y política ejercida por los representantes del consorcio Dredging-CCCC y Servimagnus llevaron al organismo portuario a tomar la decisión de “barajar y dar de nuevo”.

 

En la misma resolución que dio por caído el proceso licitatorio, se estipuló que el área técnica de la AGP tiene plazo hasta el 20 de abril para “confeccionar y elevar” el nuevo pliego de bases y condiciones que se utilizará en el segundo intento de licitación del dragado. 

 

La reconfiguración del pliego viene a paso lento y nadie puede asegurar que estará listo para la fecha límite indicada. Aún en el caso de que el nuevo pliego se encuentre terminado para la segunda quincena de abril, tampoco está claro cuándo la AGP conducida por el santacreño José Beni sacará a la calle el llamado a licitación que, como mínimo, deberá darles a las empresas oferentes un período de 45 días para que puedan preparar sus ofertas y certificar los antecedentes y las documentaciones técnicas.

 

Las fuentes más optimistas consideran que, con viento a favor y si no aparecen las habituales demoras de administrativas del gobierno de Alberto Fernández, las obras transitorias de dragado se podrían estar adjudicando a fines de junio.

 

Mientras tanto, el dragado de la vía troncal navegable seguirá a cargo de la empresa CSD, la cual había sido contratada por la AGP en forma directa en septiembre pasado por un período inicial de 90 días que desde enero se ha ido prorrogando en forma mensual ante los contratiempos y la falta de avance de la licitación.

 

Licitación en la mira

El otro factor que ha impactado sobre la autopista fluvial es la presentación judicial impulsada por la Coalición Cívica que apunta contra el funcionariado del organismo portuario. La hidrovía es un tema recurrente desde hace años en el discurso de Elisa Carrió  y en repetidas ocasiones planteó que la connvivencia entre la política, la Justicia y las fuerzas de seguridad habilitaban el contrabando y el narcotráfico por las aguas del Paraná. 

 

En este caso, la denuncia lleva las firmas del presidente del partido y diputado nacional Maximiliano Ferraro; del jefe del bloque lilito en la Cámara baja, Juan Manuel López; y de las diputadas Mariana Zuvic, Paula Oliveto y Marcela Campagnoli. El escrito quedó en manos del juez federal Julián Ercolini y del fiscal Guillermo Marijuan y hace foco en la necesidad de investigar los posibles delitos de “tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública” por parte de quienes intervinieron directa o indirectamente en la fallida licitación.

 

La denuncia destaca que, tras el dictamen evaluativo de las ofertas que calificó a CSD y relegó a los otros oferentes, “comenzaron a percibirse una serie de maniobras y acciones sospechosas que involucran a las empresas participantes y podrían, también, involucrar a funcionarios de la Administración Pública Nacional".

 

La presentación judicial puso en la mira la fuerte jugada política para revertir la descalificación que desplegaron Dredging-Servimagus y el holding chino CCCC en la cual pusieron de manifiesto que conocían los valores cotizados por CSD, la única empresa calificada, cuando aún no se habían abierto los sobres con las ofertas.  

 

Entre las medidas de prueba, el quinteto de la Coalición Cívica solicita que se llame a prestar declaración testimonial al titular de la AGP para que explique las razones por las que anuló la licitación del dragado y también al canciller Santiago Cafiero.

 

Si bien consideran que la denuncia es puramente política y carente de pruebas, en el Ministerio de Transporte y en la AGP no dejan de quitarle la atención. La preocupación radica en el ruido y los problemas administrativos que podrían generarse tanto por un pedido de entrega del expediente licitatorio que disponga el juzgado, como por una eventual citación para que las autoridades del organismo portuario concurran a los tribunales a explicar lo que sucedió con la frustrada licitación.

 

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