16|11|2021

La administradora estatal se lanzó a la hidrovía, pero aún no flota

24 de octubre de 2021

24 de octubre de 2021

Las desprolijidades políticas del último año, alertas sindicales, bajante y el muro del establishment son convidados de piedra para el debut visitante de AGP. 

A un mes de que el Gobierno diera inicio a la estatización transitoria de la hidrovía contratando en forma directa, a través de la Administración General de Puertos (AGP), a las empresas privadas históricas para el dragado y balizamiento, las críticas y el malhumor del establishment agroexportador empezaron a fluir por lo bajo. Las indefiniciones durante el último año sobre el proceso de mantenimiento y de administración del millonario negocio fueron sumando tensiones que, en lugar de aplacarse con el ingreso de la AGP, no se terminaron de tragar. 

 

Hay dos cuestiones que operan de fondo y acumulan sedimentos. Primero, esas idas y vueltas que comenzaron a mediados de 2020 con un anuncio de Alberto Fernández de una sociedad del Estado entre Nación y provincias que se frustró rápido. Luego se pasó a una postergación de la licitación de fondo y, con ello, prórrogas y parches sobre la marcha que transmitían improvisación y desprolijidad.  

 

La llegada de AGP como concesionaria y administradora del peaje de la hidrovía operó como la segunda cuestión de fondo: el ingreso de la política nacional al negocio. La sociedad del Estado se interpreta como parte de la burocracia, algo que a los hombres de negocios, y, sobre todo, a los de sesgo ideológico marcado, espanta. Es toda una sumatoria de hechos políticos y, en menor medida, operativos que no terminan de armonizar el arranque del nuevo y transitorio esquema. 

 

“El Gobierno vendió a AGP como forma de federalizar y es una sociedad que hace años quedó resumida en Buenos Aires. O sea, Buenos Aires tiene la concesión de la hidrovía. Se ve en la práctica, por ejemplo, con técnicos que no tienen el conocimiento fino de lo que pasa en este tramo del Paraná”, cuestionó en contacto con Letra P un dirigente portuario conocedor de los trabajos técnicos del río. A lo que se refiere en este caso es al control hidrométrico y batimétrico. Las provincias costeras también miraron de reojo el desembarco porteño.

 

En tanto, una fuente de estrecho vínculo con las cerealeras reveló su disconformidad y resumió: "Paso de todo, prefiero mirar para adelante”. Hasta hace pocos días el sector agroexportador chocó con el Sindicato de Dragado y Balizamiento, quien amagó con un paro de actividades en reclamo del pago de indemnizaciones ante el cambio de las operadoras del sistema que los emplean para el mantenimiento del río. 

 

«El Gobierno vendió a AGP como forma de federalizar y es una sociedad que hace años quedó resumida en Buenos Aires. O sea, Buenos Aires tiene la concesión de la hidrovía»

A esto se le suma una bajante histórica que puso en cuestionamiento el dragado y la posterior irrupción de una orden del Gobierno de no sobredragar el río en el tramo inferior que es el de mayor tráfico y de instalación de plantas exportadoras. Hay un sector portuario que pide a las autoridades e intermediarios agilizar la definición del tema, que entremezcla cuestiones ambientales con el negocio. 

 

Sudamericana, firma del grupo belga Jan de Nul que continúa al mando del dragado, explica que hubo continuidad normal del servicio tras el nuevo esquema más allá de la coyuntura ambiental adversa. Por su parte, AGP sostiene lo mismo, y afirma que sus tareas de peaje y de control hidrométrico no tienen inconvenientes. Incluso, no acusa los resquemores que carburan por lo bajo.

 

En lo estrictamente formal, los contratos de dragado y balizamiento con Jan de Nul y Emepa se firmaron hace pocas semanas y los balances no pueden ser definitivos. Hasta ahora hay una foto de arranque. AGP tiene en manos la concesión temporaria inicialmente por doce meses en los que deberá, al menos, equiparar lo hecho hasta el momento por la concesión privada y eso requiere afinar ánimos. Flotar y no hundirse.

 

Su suerte también depende del Gobierno. Es que puede convertirse en receptora de reclamos ajenos, más bien propios de la política que representa la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y del Ministerio de Transporte. Pero, desde el vamos, su ingreso a la hidrovía fue aceptar poner un pie en la hoguera de un negocio cautivo sin patas políticas durante 25 años.