La crisis de escasez del gasoil puso otra vez sobre la mesa la discusión sobre los biocombustibles, un sector que empuja para dejar de ser futuro y convertirse en presente. Con una controvertida ley aprobada en 2021 pero a la que el Gobierno no puede reglamentar tironeado por un lobby intenso, la industria muestra los dientes: podemos abastecer la demanda, pero queremos mejors condiciones, es su mantra.
En Santa Fe, el rol de Rosario Bioenergy suena fuerte desde 2010 cuando se alzó en el área industrial de Roldán (departamento San Lorenzo). La planta se emplaza en un espacio estratégico a la hora de minimizar costos de transporte en virtud de la cercanía con los centros urbanos. ¿Qué produce? Combustibles líquidos biológicos (biodiesel) con el uso de materias primas agropecuarias y del reciclado de aceites vegetales usados. ¿Qué granos se emplean? Principalmente, soja de alta calidad. En otras palabras, toda política pública que aqueje al campo repercutirá de forma inmediata en esta industria del biodiesel. Esa es la cuestión.
El titular de la firma, Federico Pucciarello –conocido por haber sido jugador de rugby en ligas europeas– se mostró a favor de la Ley de Biocombustibles que fue promulgada en agosto de 2021, luego de ser tratada en el Congreso a partir de una iniciativa de Máximo Kirchner. Para el empresario, la norma favorece a las pymes nacionales en contraposición a las corporaciones multinacionales como Cargill, Bunge o Dreyfus. Las fuentes de trabajo, el agregado de valor en origen y la unidad industrial nacional en sí misma fueron algunos de los argumentos esgrimidos por el empresario a la hora de defender el proyecto kirchnerista, en consonancia con una cuestión fáctica: “Hay productoras pymes cuyos dueños o accionistas son cerealeras”, supo decirle en la oportunidad Pucciarello a Letra P. Y acotó en tal ocasión: “No hay otra que más justicialismo y eso también molesta a los que manejan el poder”.
La contracara de lo anterior se centra la taxativa postura que adoptaron las entidades cobijadas en el Foro Empresario de la Región Centro. ¿Qué plantearon? Que la norma sancionada por el Parlamento nacional en julio de 2021 generaría enormes daños a las economías regionales abocadas a la producción de soja, maíz y caña de azúcar y que podría provocar el cierre de 50 plantas (con el consecuente desempleo). Hacia marzo de 2021, este Foro lanzó un documento con las firmas –entre otras– de la Asociación de Entidades Empresarias del Sur Santafesino, las Bolsas de Comercio de Santa Fe y Rosario, las delegaciones Rosario y Santa Fe de la Cámara Argentina de la Construcción, la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe, la Comisión Asesora Regional Santa Fe de CONINAGRO, el Consejo Regional Económico del Norte Santafesino, la Federación Agraria Argentina, la Federación de Centros Comerciales de Santa Fe, la Federación Gremial de Comercio e Industria de Rosario y la Federación Industrial de Santa Fe. Estas organizaciones reclamaban que se prorrogara Ley 26.039 del Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles.
Por su lado, la Cámara Santafesina de Energías Renovables (CASFER) supo elevar la voz a través de su presidente, Juan Facciano. Este empresario del biodiesel se sumó al pedido de prórroga de aquella ley. La mayor preocupación se instalaba en que la posibilidad de que las petroleras no compren más biocombustibles. Y aquí aparece otro eslabón de la cadena económica: el transporte. La escasez de combustible (como efecto del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania) no deja de alterar los ánimos del empresariado nacional. Al respecto, Argentina lidera el ranking de los países que mayor cantidad de biodiesel producen y exportan. Y la provincia de Santa Fe es primera a nivel nacional. Dicho de otra forma, no son pocos los intereses que giran en torno a las energías renovables al ser, también, objeto de las pujas entre las decisiones políticas y las banderas que el sector agropecuario suele alzar.