22|6|2022

El gasto público se perfila como el talón de Aquiles del acuerdo con el FMI

20 de abril de 2022

20 de abril de 2022

El test se aprobará en la primera revisión, pero lo que sigue será desafiante. Las necesidades de la calle y del Frente de Todos. Ucrania obliga a recalcular.

Martín Guzmán viajó a Washington para participar de la Asamblea de Primavera (boreal) del Fondo Monetario Internacional (FMI) con la tranquilidad de que el Gobierno alcanzó inicialmente las metas fijadas en el acuerdo de refinanciación de la deuda que el país mantiene con el organismo, cuyo primer test trimestral se adelantará para el mes que viene a fin de adecuar el programa a los desafíos de la guerra en Ucrania. Sin embargo, ese partido no ha hecho más que comenzar y quedan por delante años de duros esfuerzos en materia fiscal y monetaria, cuyo cumplimiento puede resultar elusivo. El gasto público y el déficit fiscal se revelan como los ítems más exigentes en una Argentina estragada tanto por la deuda externa como por la interna, social.

 

Pasar ese primer examen será fundamental para que el organismo acceda a realizar, en junio, un segundo desembolso –tras el inicial de 9.800 millones de dólares– por 4.150 millones. Según se prevé, ese aporte, más otro equivalente en septiembre y uno de 6.250 millones en diciembre le permitirían al país hacer frente a los vencimientos previstos para esas fechas y seguir gambeteando el fantasma del default.

 

Los números que llevó el ministro de Economía indican que la meta de acumulación de reservas se cumplió, justamente, por el desembolso inicial del FMI, que excedió el monto del vencimiento de marzo y dejó unos 5.700 millones de dólares extras en el Banco Central. En tanto, el desequilibrio fiscal del primer trimestre se redujo a unos 175.000 millones de pesos, por debajo de la meta pactada de 222.000 millones, esto es 0,30% del producto bruto interno (PBI). Ese sobrecumplimiento servirá para financiar, en parte, el gasto extra en ayudas para monotributistas de bajos ingresos, jubilados y trabajadores de la economía popular anunciado el lunes, paños tibios para contener la temperatura social y la política, dentro del Frente de Todos.

 

Lo que viene en materia fiscal –y de financiamiento del rojo presupuestario por el lado de la emisión monetaria– se jugará un partido crucial con el aumento de tarifas, pelea que comenzará con las audiencias públicas del 10 al 12 del mes que viene para ajustar las tarifas de luz y gas y que tendrá, en espejo, otro round de algo voltaje entre Guzmán y su rebelde subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, o, si se habla de la pelea de fondo, entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

 

Un informe de la consultora Analytica señala que, "durante el primer trimestre del año, proyectamos que la Argentina cumplió con todos" los criterios demandados por el Fondo, tanto en lo que hace al déficit fiscal primario –antes del pago de compromisos financieros– como en materia de deuda flotante en el mercado, emisión monetaria y reservas.

 

"Para el resto del año, el mayor desafío va a estar en el frente fiscal. Existen dinámicas muy diferenciadas dentro del sector público nacional. El Tesoro, la principal categoría, acumuló un déficit a febrero de 223.800 millones de pesos. Sin embargo, el resto del sector público nacional tuvo superávit por 130.700 millones, principalmente por el fuerte crecimiento de los ingresos de la seguridad social –64,4% interanual en marzo– que afectan a la ANSES, cuyo origen está en el aumento del empleo asalariado registrado después de la pandemia –1,6 puntos porcentuales– y la mejora en los salarios registrados, en enero 4,6% real interanual". "La contracara son gastos en jubilaciones y pensiones más altos a partir de agosto producto de la fórmula de movilidad", lo que comienza a plantear los desafíos.

 

El factor Ucrania

La guerra europea, que no da precisamente señales de ceder, también complica lo fiscal. Aunque las elevadas cotizaciones de los granos deberían aportar unos 5.000 millones de dólares extras al país –el Banco Central comenzó esta semana realizar compras de divisas en el mercado más en línea con las expectativas y necesidades– y generar, vía recaudación de retenciones, un excedente 0,3% del PBI, los precios de la energía demandarán 0,6% más que lo previsto, indicó la consultora.

 

El acuerdo de Facilidades Extendidas a diez años establece que el presupuesto nacional debe reducir su déficit a 2,5% del PBI este año, a 1,9% el próximo, a 0,3% en 2024 y alcanzar el equilibrio en 2025. En tanto, los pagos para devolver el crédito, ya sin desembolsos desde Washington, deberían comenzar en la segunda mitad de 2026, con un criterio semestral hasta 2032. Para eso habrá que ahorrar antes. Y mucho.

 

Siempre siguiendo a Analytica, si lo fiscal luce desafiante, ¿qué ocurriría con su financiamiento, en especial por el requerimiento del Fondo de reducir paulatinamente la emisión monetaria y lograr un mayor fondeo para el Tesoro en el mercado de deuda local.

 

"Las necesidades de financiamiento difícilmente bajen respecto de 2021", señala el informe y "la reducción acordada con el FMI para el déficit primario del sector público nacional podría no cumplirse por 0,3 puntos del producto". Mientras que a nivel técnico se redefinirán las metas en virtud del contexto internacional, cubrir el bache presupuestario implicaría –continúa– conseguir, de manera significativa, "un aumento de la participación de los bancos en las licitaciones primarias del Tesoro".

 

El acuerdo establece que el tope de emisión monetaria –financiamiento del Central al Tesoro– es de 1% del PBI este año y que la misma debe reducirse a 0,6% en 2023 y llegar a cero en 2024.

 

La variable crucial es, entonces, que efectivamente los bancos financien en mayor medida al Tesoro. De no ocurrir eso, la emisión sería el recurso posible, lo que también llevaría al país a un incumplimiento y, al dejar dinero sobrante en el mercado, podría presionar sobre los tipos de cambio paralelos.

 

De acuerdo con Analytica, "la macroeconomía sigue en una situación muy frágil (…). La aceleración en el precio de los alimentos presiona para aumentar, o al menos no reducir, el gasto social y en subsidios energéticos", señaló en su informe del 7 de enero, anticipando el "IFE con corset" anunciado el último lunes.

 

"Toda política que busque recomponer salarios y garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria es fundamental, pero debe ser consistente y sostenible en el tiempo. En caso contrario, en unos meses el problema será aun mayor", advierte.