Ni la política, ni las elecciones, una empresa privada de transporte terminó siendo el motivo que blanqueó las diferencias entre el intendente de Rosario, Pablo Javkin, y el socialismo, su principal socio en el Frente Progresista. Después de dos años de gestión y en pleno nacimiento de los proyectos 2023, la tensión hacia el interior de la alianza se cristalizó por una vieja adjudicación del sistema de transporte público y el destino de una prestadora del servicio.
Con un sistema de transporte en crisis, el intendente optó por lanzar una cruzada contra la empresa El Cacique, una de las tres concesionarias que demostró claros incumplimientos. Javkin la señaló en la apertura de sesiones como la culpable de todos los males y prometió rescindirle el contrato; advertencia que repitió con dureza esta semana.
Sin embargo, la construcción del enemigo en el tema transporte no sólo encontró material en la firma mendocina sino también dentro de su alianza. El socialismo recibió reproches de parte del javkinismo por ser la fuerza que gobernaba cuando se adjudicó el sistema. Primero por parte de Ciro Seisas, concejal de Creo, el espacio del intendente. "Hay que preguntarle a la gestión anterior qué hizo con la concesión del actual pliego”, soltó, y empezó a calentar la situación.
Esta semana, el propio intendente planteó indirectamente ese concepto y la situación escaló con el socialismo dispuesto a responder. En primer término sacaron los trapitos al sol y recordaron que el propio Javkin fue parte del Gabinete de Mónica Fein, que Carlos Comi, muy cercano al intendente, era el presidente del Ente de la Movilidad encargado de los contratos, y que la actual secretaria de Movilidad, Nerina Manganelli, era parte de la comisión evaluadora.
“No hubo una adjudicación mal adjudicada, sino una pandemia. Duele que no se hagan cargo de gestionar”, lanzaron en el socialismo donde hay una cantidad de exfuncionarios y dirigentes activos y encendidos por la situación. También le cuentan las costillas al intendente por la baja de unidades en calle en comparación a las de 2019, pero también reprochan una presunta falta de recursos, inversión y mantenimiento.
El notorio pase de facturas desnuda la falta de conexión para gobernar y, sobre todo, de origen. El socialismo es parte de la actual gestión y termina haciendo lo mismo que le cuestiona al intendente: achacarle algo cuando también es parte responsable. No comparten lineamientos y probablemente no se sientan parte del funcionamiento del gobierno.
Por eso creen que el intendente los arrastra con la forma de administrar el Estado, un acuerdo básico en una alianza que pretende gobernar cuatro años y ser reelecta. Ahí está la fisura que puede ser fractura. De fondo actúan las diferencias para el proyecto provincial del intendente que lo posiciona como posible candidato a la gobernación de un frente de frentes del que el socialismo, por ahora, se despega.
Quién rompe el contrato
La disputa interna terminó eclipsando la cuestión de fondo que es el futuro del sistema y de El Cacique. Desde hace meses quiere escapar de la ciudad, pero no parece ser tan sencillo. Hay cuestiones legales a la hora de rescindir el contrato que Javkin dijo tomar con calma “para no dejarle una herencia a nadie”. “A nadie” refiere a un tercero, por lo que, como ya contó Letra P, no parece contarse después de 2023 en la ciudad.
En los despachos socialistas repiten que El Cacique no tuvo problemas en otras provincias como en Mendoza, y dejan trascender que faltó acompañamiento municipal. Otra diferencia expuesta a la hora de gestionar. La insistencia por darle salida a la prestadora lo entienden como una manera de hacer ver un fracaso al pliego que encabezó Fein. Ahora bien, si se va la prestadora, ¿quién se hace cargo del tercio de la ciudad? La privada RosarioBus no quiere saber nada con las líneas menos rentables, mientras que la otra opción es la estatal Movi. No suena lógico que si no hubo recursos hasta ahora para sostener el sistema, la Municipalidad banque el hueco de los mendocinos.
Diferentes bloques del Concejo municipal consultados creen que las negociaciones con la prestadora están avanzadas para no tener consecuencias legales, por lo que adjudican el tenor enérgico de Javkin contra la firma a una cuestión netamente discursiva. En Juntos por el Cambio sostienen que los incumplimientos no ameritan ningún resarcimiento económico. “En realidad, nadie va a echar a escobazos a los mendocinos”, dicen. ¿Llegó la hora de romper contratos?