La novela Vicentin entró en la etapa más dramática desde que comenzó hace ya más de dos años. La cerealera juega su suerte en las próximas dos semanas a contrarreloj para acordar con los acreedores los 1.500 millones de dólares de su deuda. La ansiedad dentro de la compañía ganó terreno y comenzaron a manejar la quiebra como uno de los escenarios posibles. Eso sucedería si no presenta las voluntades de la propuesta a tiempo, algo más que difícil de lograr en lo que queda del reloj de arena. Por eso movieron una ficha determinante y le tiraron la pelota al juez del concurso.
En la semana volvió a pedirle al titular del juzgado civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, una prórroga para lograr las conformidades de los acreedores de su plan de pago. El abogado de la concursada, Guido Ferullo, reiteró, tal había hecho en diciembre, el pedido de extensión hasta el 30 de junio del período de exclusividad para llegar a las conformidades. En ese momento, Lorenzini accedió a la prórroga, pero sólo hasta fines de marzo. Una vez más, la cerealera usa la carta de cargarle la responsabilidad al juez, quien vuelve a quedar en el centro de la escena con una definición que le quema como ocurrió cuando se buscaba una salida con el Estado provincial adentro.
¿Qué cambió desde entonces para que el juez pueda volver sobre sus pasos y otorgar lo que hace cuatro meses negó? En el medio hubo una reformulación de la propuesta a los acreedores y el precipicio no estaba tan cerca. La cerealera fundamenta que no le alcanza el tiempo para lograr los consensos necesarios porque recién a principios de febrero acercó la nueva propuesta concursal. Según detalló en el escrito para mostrar que hubo avances, hasta ahora fueron contactados 1.120 acreedores granarios (70% del total), 657 han firmado o firmarán (58%), 92 han desistido (8%) y 371 se encuentran en análisis (33%).
Hay una cuestión clave que se lee entrelíneas en el escrito y que tanto los síndicos como el juez conocen: la definición de la banca externa. Al reunir el capital mayoritario del pasivo verificado, la decisión de los bancos internacionales es determinante, pero llegaría recién para principios de abril cuando ya estará vencido el deadline, según le informaron informalmente a la compañía. Por ahora es una promesa de la pata local de las bancas, pero aún debe pasar el filtro de las casas matrices del International Finance Corporation -subsidiaria del Banco Mundial-; el Netherlandse Financierings (FMO); ING Bank filial Tokio; Rabo bank; y el Natixis New York que reclaman 520 millones de dólares en conjunto.
“En este mismo plazo no será posible alcanzar la mayoría de capital, por el simple hecho que los acreedores financieros del exterior requieren de un proceso de validación interno complejo”, sostiene la firma en el escrito. El juez vuelve a ganar centralidad como en aquellos meses de 2020 en que la política intentó interceder y hasta el presidente Alberto Fernández lo acusó de jugar para la empresa en detrimento del Estado, que en ese momento buscaba intervenir la cerealera.
Hay tres escenarios en este momento. El primero es que el juez convalide la prórroga, y eso le allane el camino para que se homologue el acuerdo y comenzar a pagar en julio. Si no acepta la extensión podría entrar a tallar la figura del cramdown, un salvataje para operar la firma, que en principio parece complejo y engorroso porque a esta altura se debería comenzar a armar un nuevo plan con todo el desgaste que existe. El otro escenario que se desprendería si no hay tiempo extra y, por ende, acuerdo, es la quiebra.
Los cuestionamientos de los acreedores a la firma se mantienen porque el concurso se estira -lleva más de dos años-, y no se concreta el pago de la deuda que de por sí ya se licuó y que además tendrá una quita. La firma sostiene que son demoras propias del concurso y que tiene la definición a mano de una propuesta que admite que es “dura pero sostenible”.
