El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes el índice de inflación de febrero, el que será llamativamente elevado para un mes que tradicionalmente es de bajo impacto en la materia. Las consultoras privadas esperaban alrededor de un 4%, pero advierten que lo peor está por venir: a lo difícil que, por cuestiones estacionales, suele ser marzo, se sumará la disparada de los precios internacionales de los alimentos y la energía provocada por la guerra en Ucrania. Sobre lo llovido propio, lo mojado de afuera.
Ricardo Delgado, presidente de Analytica Consultora, le dijo a Letra P que, "después de la película de febrero, este mes empieza otra: la de la inflación importada y la de costos a través de la suba de los precios de los combustibles".
"Febrero nos dio entre 4,1 y 4,2%", anticipó respecto de lo que anunciará el INDEC. "Pero marzo viene muy caliente y la cadena triguera y los insumos que utilizan maíz están muy complicados. Entonces, para este mes vemos un piso de inflación de 4%, aunque probablemente termine cerca del 5%", agregó.
Ese efecto internacional ya se expresa en el país. La suba de casi el 10% que las petroleras acaban de aplicar a los combustibles líquidos se suma a las remarcaciones constantes de la harina, algo que ya ha impactado y volverá a hacerlo en el precio del pan, alimento sensible de la canasta alimentaria. Asimismo, este mes ya se registraron incrementos del gas, prepagos y escuelas privadas, entre otros rubros.
De acuerdo con Delgado, "aun cuando el Gobierno ponga medidas sobre la mesa, va a ser muy difícil evitar los coletazos de la inflación importada en los próximos meses". ¿Hacia dónde vamos, entonces? "El piso del 55% que habíamos previsto para este año quedó descolocado por la nueva situación y probablemente se termine acercando peligrosamente a uno del 60%", respondió.
Tal escenario deja en offside una parte relevante del programa económico del Gobierno que consta en el acuerdo con el FMI. Según el mismo, “el escenario base propone como objetivo para los próximos años una trayectoria de reducción de la inflación prudente y progresiva, que en 2022 se ubica en 38-48% interanual en diciembre". Todo indica que ese intento voluntarista por desalentar la llamada “carrera nominal” no surtirá efecto y que también quedarían comprometidas las reducciones esperadas para 2023 –de 34 a 42%– y para 2024 –de 29 a 37%–.
Así las cosas, la inflación sería una pesadilla para lo que queda del gobierno de Alberto Fernández y para el inicio de su segundo mandato o del de quien lo suceda; un lastre que podría tener efectos político-electorales.
Para que eso no ocurriera, lo menos que debería pasar es que, a falta de un alivio por el lado de los precios, los ingresos de la población crecieran por encima de aquellos. La mala noticia es que eso no es lo que se ha verificado en los últimos años, desde que Mauricio Macri desbloqueó el nuevo piso del 50%.
Es muy difícil que los precios ganen la carrera ante semejante nivel de inflación, por lo que paritarias, que arrancarán alineadas con la expectativa oficial de un 40 y pico, amenazan con repetir lo ocurrido el año pasado: subestimación del IPC, salarios que se atrasan y reapertura apresurada para evitar que ese combo limite el crecimiento de una economía que, en dos tercios, es consumo interno. Lo que ocurrirá en el mundo del trabajo informal podría ser todavía más delicado.
Solución argentina para los problemas ucranianos, el Gobierno prepara un incremento de algunos derechos de exportación, en particular dos puntos –pasarían de 31 a 33%– aplicables a la harina y al aceite de soja. Al defender el lunes en el Senado el acuerdo con el Fondo, el ministro Martín Guzmándesmintió –¿por ahora?– que las retenciones vayan a subir en los casos del trigo, el maíz y la carne, seguramente tratando de evitar un escándalo mayor con el sector rural y con sus representantes legislativos y poniendo a salvo el propio tratamiento de ese proyecto. Sin embargo, los derivados de la soja tienen básicamente destino de exportación y, en lo doméstico, solo inciden acotadamente como costos en la producción de animales de consumo alimentario.
"La suba de las retenciones no agrega mucho a estos niveles de precios y el impacto de la soja sobre la inflación es marginal", dijo el presidente de Analytica.
Entonces, aunque se argumente a favor de "la mesa de los argentinos y las argentinas", el efecto buscado es lisa y llanamente recaudatorio, destinado al cumplimiento para este año de la pactada reducción del déficit presupuestario a 2,5% del producto bruto interno (PBI).
"Este año, el efecto fiscal de las retenciones está dado por la suba de precios, lo que hace que la recaudación pase del 1,2% del PBI, con los precios del año pasado, a 1,4% con los actuales", explicó Delgado.
Además, todos hablan mal de ella, pero todos le sacan partido. Una inflación creciente engordará artificialmente los ingresos por IVA, recaudación que, medida contra erogaciones que corren de atrás hasta que se actualizan –salarios de empleados y empleadas públicos, jubilaciones, compras–, maquillan las cuentas públicas.
Todo ayuda en la era de la necesidad.
